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La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción tras revelarse que ciudadanos cubanos figuraban en nóminas oficiales como empleados de la institución, pese a no realizar labores, no presentarse a trabajar e incluso residir fuera del país.
Las autoridades también detectaron casos de venezolanos en la misma estructura irregular, pero la presencia de cubanos dentro de la planilla fantasma ha generado especial atención por el uso indebido de fondos estatales y por el patrón de simulación laboral que se extendió durante años sin supervisión adecuada.
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que la trama fue detectada a partir de un censo institucional orientado a verificar la presencia real del personal.
Las inconsistencias aparecieron apenas iniciada la inspección: nombres en planilla sin correspondencia en las oficinas, supuestos trabajadores que solo acudían a firmar la entrada y otros que no vivían en Honduras, aunque mantenían un contrato activo y cobraban un salario mensual.
“Detectamos personas que no llegan a trabajar e incluso viven fuera del país”, afirmó Ehrler ante medios locales; explicando que la revisión permitió “cotejar datos y reunir pruebas para sancionar conforme a la ley y reestructurar la institución”.
A pesar de la magnitud del escándalo, las autoridades no han informado cuántos cubanos están implicados, ni han revelado identidades, montos pagados o el periodo exacto en el que operó la red.
Tampoco existe confirmación de detenciones, allanamientos o apertura formal de causas penales.
Las autoridades hondureñas se limitan a señalar que el informe final será enviado al Ministerio Público para que determine responsabilidades penales.
Según reveló La Tribuna, algunos implicados -incluidos ciudadanos cubanos- figuraban en planillas sin contratos legales, no cumplían horarios y aun así recibían fondos públicos como parte del personal activo.
El origen del problema: años de supervisión deficiente
La SIT, responsable de la administración y mantenimiento de los 2.,00 kilómetros de red vial nacional hondureña, ha operado históricamente con debilidades estructurales en la gestión de sus recursos humanos.
La tercerización de servicios, los contratos con empresas privadas y los mecanismos de subcontratación dificultaron la supervisión directa sobre la nómina, permitiendo que trabajadores ficticios se mantuvieran durante años sin ser detectados.
Infobae destacó que esta estructura irregular “refleja una problemática histórica relacionada con la gestión y fiscalización de recursos públicos en el país”, reafirmando que la falta de controles abrió las puertas a la existencia de plazas fantasma asignadas a extranjeros sin vínculo real con la institución.
Cierre temporal de instalaciones y auditoría integral
Para contener la crisis y verificar la legitimidad del personal, el ministro ordenó el cierre temporal de las oficinas de la SIT en el barrio La Bolsa, con presencia de equipos de auditoría y personal de control interno.
La medida permitió observar qué empleados asistían realmente y obtener evidencia física de ausencias injustificadas.
Esta acción forma parte de una depuración más amplia que busca reorganizar la estructura interna, reducir la nómina y sanear los mecanismos de ingreso y permanencia que permitieron la infiltración de trabajadores fantasma.
Como respuesta inmediata, la SIT implementó un nuevo protocolo de registro que obligará a los empleados a firmar su ingreso diario a las 9:00 de la mañana. Quienes lleguen después de esa hora no podrán desempeñar funciones durante ese día.
La medida pretende erradicar la práctica -detectada en varios casos cubanos y venezolanos- de acudir solo para firmar o ni siquiera presentarse, a pesar de cobrar puntualmente su salario.
Ehrler subrayó que estas acciones buscan “un cambio significativo en la supervisión del personal” y recalcó que la institución necesita una plantilla técnicamente preparada:
“Lo que la SIT requiere son empleados eficientes, técnicos y comprometidos con la ciudad, no un exceso de personal sin funciones reales”.
El ministro anunció que, una vez finalizado el diagnóstico institucional, el informe será enviado al Ministerio Público, que deberá iniciar los procesos legales correspondientes y definir si las irregularidades constituyen delitos como fraude, abuso de autoridad, malversación o falsificación de documentos.
Preguntas frecuentes sobre el escándalo de corrupción en Honduras con implicación de cubanos
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¿Qué irregularidades se detectaron en la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Honduras?
Se descubrió que ciudadanos cubanos y venezolanos figuraban en nóminas oficiales como empleados de la institución sin realizar labores, asistir al trabajo o incluso residir en el país. Esta situación representa un uso indebido de fondos estatales y un patrón de simulación laboral que se mantuvo durante años sin supervisión adecuada.
¿Cómo se descubrió la trama de corrupción en Honduras?
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que la trama fue detectada a través de un censo institucional para verificar la presencia real del personal. Las inconsistencias aparecieron al cotejar los datos, revelando nombres en planillas sin correspondencia en las oficinas y supuestos trabajadores que solo acudían a firmar la entrada o vivían fuera del país.
¿Qué medidas ha tomado la SIT de Honduras ante este escándalo?
La SIT ordenó el cierre temporal de sus oficinas en el barrio La Bolsa para verificar la legitimidad del personal, con la presencia de equipos de auditoría y control interno. Además, implementó un nuevo protocolo de registro que obliga a los empleados a firmar su ingreso diario a las 9:00 de la mañana para erradicar la práctica de acudir solo para firmar o ni siquiera presentarse.
¿Qué consecuencias podría enfrentar el personal implicado en el escándalo de corrupción?
Aunque no se han informado detenciones ni apertura formal de causas penales, el informe final será enviado al Ministerio Público para que determine responsabilidades penales. Las irregularidades podrían constituir delitos como fraude, abuso de autoridad, malversación o falsificación de documentos, según el ministro de la SIT.
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