Multa de 7.000 pesos a joven cubano por negarse al Servicio Militar: "No quiere usar un uniforme de represión"

Un joven de 19 años fue multado con 7.000 pesos cubanos (CUP) en el municipio Río Cauto, provincia de Granma, por negarse a cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO), según una denuncia difundida en redes sociales.

El caso fue dado a conocer en el perfil de Facebook de Alexander Verdecia Rodríguez, donde su esposa, la opositora cubana Eliannis Villavicencio Jorge, publicó la denuncia. "Hago esta denuncia ante Dios y el mundo, hace un rato un trabajador del Servicio Militar Obligatorio vino hasta mi casa a ponerle una multa a mi hermano Enmanuel Espinosa Jorge de 7000 pesos”, dijo en la publicación.

En el mensaje explicó que el joven “tiene 19 años; ni él, ni nuestra madre, ni yo queremos que él pase el Servicio Militar por temor a que le suceda algo”. También afirmó: “Mi hermano no quiere nunca usar un uniforme de represión. Aunque no es opositor, se resiste a ser usado por el Régimen. No al Servicio Militar Obligatorio”.

Villavicencio relató además un episodio ocurrido en 2016, cuando —según su testimonio— su hermano fue trasladado a una casa de niños sin Amparo Filial tras una detención de ella. “Me habían mentido, el niño estuvo desaparecido más de 48 horas”, escribió.

Las imágenes compartidas junto a la denuncia muestran un acta de “Imposición de Multas” fechada el 16 de febrero de 2026, en la que se consigna la sanción de 7.000 CUP, así como una citación oficial del Comité Militar donde se indica que el joven debía presentarse conforme a lo dispuesto en la Ley No. 75 de la Defensa Nacional.

Eliannis Villavicencio Jorge es esposa de Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Río Cauto, quien permanece encarcelado desde febrero de 2025. La Fiscalía ha solicitado para él una condena de 10 años de prisión por publicaciones críticas en redes sociales.

Tras la publicación del caso en el perfil de Facebook de CiberCuba Noticias, el post acumuló numerosos comentarios. Muchos usuarios expresaron respaldo a la decisión del joven y de su familia. Entre los mensajes pueden leerse frases como: “Con mucho gusto pago los 7 mil, mi hijo al servicio militar no va”, “Mejor pagar la multa y no ir”, “Muy bien hecho, los felicito, así tienen que ser firmes las familias con sus jóvenes”, “Prefiero pagar la multa que pasar el servicio” y “No al servicio militar”.

Otros comentarios advirtieron sobre posibles consecuencias legales o recordaron que el servicio es obligatorio según la normativa vigente. Algunos señalaron que el incumplimiento podría derivar en un proceso penal si no se acata la citación. En octubre de 2024 fue aprobado el Decreto 103/2024, publicado en la Gaceta Oficial, que actualizó las contravenciones vinculadas al Servicio Militar Obligatorio y establece multas de hasta 7.000 CUP para quienes no comparezcan ante el Comité Militar cuando son citados.

Desde hace años, el Servicio Militar Obligatorio enfrenta un rechazo creciente dentro y fuera de Cuba. Campañas como #NoAlServicioMilitarObligatorio han resurgido tras muertes de reclutas, explosiones en instalaciones militares y denuncias reiteradas de maltratos y falta de transparencia dentro de las unidades. En semanas recientes se han reportado traslados de jóvenes hacia La Habana sin información clara a sus familiares; también el caso de una madre que denunció que el oficial que baleó a su hijo dentro de una unidad militar continúa en libertad; y nuevas citaciones acompañadas de advertencias sobre posibles consecuencias penales, según testimonios difundidos en redes sociales.

A ello se suman denuncias de familiares que aseguran no haber recibido explicaciones oficiales tras incidentes graves, como en el caso de la madre que exige justicia por la muerte de su hijo en una unidad militar, Antonio Rassi Roque.

Lejos de tratarse de episodios aislados, estas denuncias han ido configurando un clima de desconfianza y temor en torno al reclutamiento obligatorio. En ese escenario, la multa impuesta al joven de Río Cauto no aparece como un hecho puntual, sino como parte de una política que continúa generando cuestionamientos sobre las garantías reales para los jóvenes y sus familias.

Más allá del monto de la sanción —7.000 CUP, una cifra considerable en el contexto salarial cubano— el caso vuelve a poner en el centro del debate el carácter coercitivo del Servicio Militar Obligatorio y el derecho de los jóvenes a decidir sobre su futuro sin presiones ni represalias económicas. En un país marcado por la falta de transparencia institucional y por reiteradas denuncias de abusos dentro de unidades militares, cada nueva sanción refuerza la percepción de que el Estado prioriza la disciplina y el control por encima de las garantías individuales y la seguridad de las familias.