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Documentos judiciales dados a conocer este martes revelan que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel federal de Nueva York, a la espera de su próxima audiencia en un tribunal del Distrito Sur.
La información, divulgada por agencias de prensa a partir de una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein, confirma que el pasado 30 de enero de 2026 ambos acusados fueron visitados por un funcionario representante de la República de Venezuela, en cumplimiento de una orden judicial emitida tras su primera comparecencia.
Aunque la visita ocurrió a finales de enero, fue ahora cuando se hizo pública a través del archivo digital del caso.
La carta del fiscal
En la misiva dirigida al tribunal, el fiscal del caso, Jay Clayton, recordó que durante la audiencia de lectura de cargos, celebrada el 5 de enero de 2026, el juez ordenó que se garantizara el acceso consular a los detenidos y que se informara formalmente sobre cada gestión realizada.
Según Clayton, “el Tribunal ordenó al Gobierno facilitar el acceso de los acusados a los servicios consulares y que informara al Tribunal al respecto”.
En ese contexto, precisó que el 30 de enero Maduro y Flores “tuvieron una visita consular con un funcionario representante de la República de Venezuela, para facilitar el acceso a cualquier servicio necesario”.
La visita se produjo en el centro de detención federal de Brooklyn donde ambos permanecen recluidos desde su traslado a Estados Unidos.
No se ha filtrado el nombre ni el cargo del funcionario que los visitó, como tampoco el tiempo que estuvo reunido con Maduro y su esposa.
Debate sobre la visita consular
El abogado penalista Robert Pelier explicó a medios que la visita consular “no es un derecho garantizado” para todos los presos extranjeros en cárceles federales estadounidenses.
“Lo que sí es garantizado es el derecho de tener abogados y el equipo de abogados que tenga acceso al detenido, al acusado, porque en los derechos constitucionales se le otorga al detenido el derecho de revisar sus pruebas, de quién lo acusa, de qué se acusa”, señaló.
Según el jurista, el juez tiene autoridad para ordenar a los administradores del centro de detención que faciliten ese tipo de contacto, como ocurrió en este caso.
Detención y cargos
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.
Dos días después comparecieron por primera vez ante la justicia federal.
En esa audiencia inicial, ambos se declararon inocentes y se definieron como “prisioneros de guerra”. Maduro aseguró además que sigue siendo “el presidente constitucional de Venezuela”.
La acusación formal, de 25 páginas, incluye cuatro cargos principales: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
De ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.
Audiencia aplazada
La próxima audiencia, inicialmente prevista para el 17 de marzo, fue aplazada para el 26 de marzo a las 11:00 a.m.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el cambio con el consentimiento de la defensa, alegando la necesidad de más tiempo para revisar pruebas, preparar mociones previas al juicio y resolver asuntos logísticos.
El juez Hellerstein aceptó la petición “en interés de la justicia”.
Durante la comparecencia de enero también trascendió que Flores presentaba un moratón en el ojo derecho y vendajes en la frente.
La defensa solicitó atención médica por posibles fracturas en las costillas, aunque no se divulgaron detalles adicionales sobre su estado de salud.
Estrategia de la defensa
La defensa de Maduro ha anticipado que impugnará la legalidad de la detención bajo el argumento de inmunidad soberana, una estrategia que recuerda el precedente de Manuel Noriega tras su captura en Panamá en 1990.
En aquel caso, los tribunales estadounidenses rechazaron ese alegato y el exgeneral panameño fue condenado a 17 años de prisión en Estados Unidos.
Mientras avanza el proceso judicial en Nueva York, en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia atribuyó funciones ejecutivas a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, sin que se declarara formalmente la falta absoluta del mandatario.
El 26 de marzo marcará el próximo paso clave en un caso que podría derivar en uno de los juicios más relevantes contra un exgobernante latinoamericano en tribunales federales estadounidenses.
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