El gobierno de Ottawa anunció el jueves un paquete de ayuda para Cuba, después de que el embajador en Canadá, Rodrigo Malmierca Díaz, intensificara sus gestiones ante autoridades canadienses, a las cuales relató la situación de la isla y pidió ayuda.
Malmierca —quien fue recibido en el Parlamento y en distintos encuentros con legisladores y altos funcionarios canadienses— expuso ante diputados y ministros el agravamiento de la crisis energética y humanitaria en Cuba, vinculando directamente la escasez de combustible, los apagones generalizados y la escasez de alimentos al socorrido embargo de Estados Unidos.
Cuba no recibe suministros petroleros desde finales del año pasado tras la interrupción de los envíos desde Venezuela, su principal proveedor, en medio de la presión estadounidense, y enfrenta ahora una escasez crítica que ha paralizado sectores clave de la economía y la vida cotidiana, relató.
Poco después de las gestiones diplomáticas de Malmierca, Canadá anunció la entrega urgente de 8 millones de dólares canadienses en ayuda alimentaria a Cuba, que se canalizará a través de agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para atender a las poblaciones más vulnerables ante la escasez de bienes básicos.
El anuncio fue hecho desde Parliament Hill por la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, subrayando que la asistencia responde a consideraciones humanitarias ante una crisis que ha generado barreras de acceso a alimentos, combustible y atención médica en la isla.
El paquete de ayuda marca un punto de inflexión en la política canadiense hacia Cuba en medio de la peor crisis energética del país en décadas.
La decisión de Ottawa llega en un contexto en el que varias aerolíneas, incluidas algunas canadienses, han suspendido vuelos a Cuba debido a la falta de combustible, lo que ha aumentado la presión internacional sobre La Habana.
Los principales argumentos de Malmierca frente a los parlamentarios canadienses giraron en torno a la “asfixia económica” que sufre Cuba ante el embargo y el bloqueo de suministro energético, y la necesidad de solidaridad internacional para enfrentar las consecuencias sobre la población civil.
Esto resonó en Ottawa en momentos en que la crisis se ha intensificado desde principios de 2026, con apagones, escasez de transporte y limitaciones crecientes en servicios básicos, creando un clima de austeridad generalizada en la isla.
El gobierno cubano ha venido calificando de “criminal” el impacto de las medidas estadounidenses sobre el suministro de combustible y otros bienes esenciales, y han insistido en atribuir la responsabilidad de la crisis al embargo y a las acciones coercitivas de Estados Unidos en foros internacionales.
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