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La decisión de la Casa Blanca de retirar el mecanismo de aranceles contra quienes suministren petróleo a Cuba no significa el fin de la presión energética sobre la isla.
Por el contrario, “EE.UU. puede prolongar el asedio petrolero a Cuba aun sin aranceles”, advirtieron este martes a la agencia EFE dos expertos consultados en Washington.
La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial que elimina el recurso de aranceles punitivos bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), acatando así un fallo del Tribunal Supremo que determinó que esa norma no autoriza al presidente a imponer gravámenes comerciales.
Con esa firma, queda sin efecto uno de los pilares de la orden ejecutiva del 29 de enero, el que amenazaba con imponer aranceles a países o empresas que enviaran crudo a Cuba.
Sin embargo, permanece vigente el otro componente central: la declaración de “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representa el gobierno cubano.
Para el presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, John Kavulich, sería un error interpretar la retirada del arancel como un alivio sustancial.
“No me atrevo a decir que (la orden ejecutiva de 29 de enero) es un tigre de papel. Si tiene dientes, aún es un tigre, aún puede dar miedo”, afirmó.
A su juicio, “el Gobierno de Cuba cometería un enorme error si entendiese que la decisión del Supremo es un escudo protector”.
En la misma línea se expresó el abogado cubanoamericano Pedro Freyre, socio del bufete Akerman y especialista en litigios relacionados con Cuba.
“La Casa Blanca dio marcha atrás a la implementación de ese mecanismo, pero dejó abierta la puerta a otras posibles acciones", señaló.
"Conociendo cómo hacen las cosas en esta administración, creo que puedo asegurar que van a usar otras herramientas”, añadió.
Esas “otras herramientas” podrían incluir medidas bancarias del Departamento del Tesoro o sanciones secundarias contra actores que faciliten el suministro energético a la isla.
Por ahora, la administración no ha detallado públicamente qué mecanismos activaría.
“Es la táctica del miedo”
Kavulich considera que parte de la estrategia responde a un patrón habitual de Trump: lanzar amenazas que generen un efecto disuasorio sin necesidad de ejecutarlas.
“Es la táctica del miedo”, explicó.
El experto apuntó que sería “interesante” observar la reacción de Washington si Cuba comprara petróleo “a un país libre de sanciones a precios de mercado” y lo transportara en “un barco que no perteneciera a la flota fantasma y tuviera todos sus papeles en regla”.
También consideró revelador un escenario en el que Rusia enviara un petrolero “escoltado por un barco militar”, lo que complicaría cualquier intento de intervención estadounidense.
Sin embargo, dudó que algo así ocurra porque, en su opinión, “Cuba no es tan importante para nadie” en este momento.
Según Kavulich, en Washington existe “una minoría” que estaría a favor de permitir que Rusia o China suministren “algo de petróleo y combustibles” a Cuba para evitar una crisis humanitaria, pero sin desmontar el cerco energético como mecanismo de presión política.
Cambio de políticas, no necesariamente de régimen
Tanto Freyre como Kavulich coinciden en que la prioridad de la administración estadounidense no sería necesariamente un cambio de liderazgo en La Habana, sino un giro en sus decisiones económicas y políticas.
“La Administración ha sido muy enfática en exigir un cambio de política en Cuba. No necesariamente un cambio de régimen, sino un cambio de política”, subrayó Freyre.
Kavulich resumió así el enfoque predominante en ciertos sectores de Washington: “Aceptaremos a la misma gente quedándose (en el Gobierno cubano) si toman mejores decisiones”.
Y lo definió como “el modelo Venezuela”.
Ese análisis coincide con informaciones recientes que apuntan a un giro estratégico de la Casa Blanca para diferenciar entre el Estado cubano y los actores privados.
Según reportó Bloomberg, la administración Trump estaría preparando directrices para permitir que compañías energéticas estadounidenses y extranjeras vendan combustible directamente a empresas privadas en la isla.
Una fuente del gobierno estadounidense citada por esa agencia explicó que la prohibición de vender combustible “se aplica únicamente al Estado cubano, no a los actores privados”, y que, bajo las nuevas orientaciones del Departamento de Comercio y del Tesoro, esas operaciones “no requerirían una licencia específica” y estarían permitidas por la legislación vigente.
En declaraciones a Bloomberg News, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos espera que el régimen comunista necesite conceder “mayores libertades económicas y políticas” antes de que la presión se alivie.
Emergencia activa y presión intacta
Aunque el arancel petrolero quedó sin base jurídica tras el fallo del Tribunal Supremo, la declaración de emergencia nacional del 29 de enero continúa vigente.
Tampoco se han modificado otras facultades legales que permiten imponer restricciones comerciales o regulatorias.
De hecho, el 13 de febrero Trump prorrogó por un año la autoridad que permite regular, inspeccionar e incluso detener embarcaciones estadounidenses y extranjeras que se dirijan a Cuba, bajo argumentos de seguridad nacional y riesgo migratorio.
En términos prácticos, la eliminación del arancel reduce el riesgo inmediato para países o empresas que evalúen comerciar petróleo con la isla.
Sin embargo, no supone un levantamiento del entramado de sanciones ni un giro hacia la normalización.
Mientras tanto, el impacto del cerco energético se siente con fuerza en Cuba, un país que arrastra seis años de grave crisis económica y que necesita importar alrededor de dos tercios de sus necesidades energéticas.
Los hospitales y el transporte público operan en servicios mínimos, el combustible está severamente racionado, la basura se acumula por la falta de recogida y los apagones superan las 20 horas diarias en amplias zonas del país.
Para los expertos consultados, la retirada del arancel no equivale a un alivio estructural. Como advirtió Freyre, la administración “dejó abierta la puerta a otras posibles acciones”.
Y como remachó Kavulich, mientras la emergencia nacional siga activa, la orden “aún puede dar miedo”.
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