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El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó este miércoles a Caracas para evaluar el sector minero venezolano y sostener reuniones con las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez, en un nuevo paso del proceso de transición que vive el país tras la salida de Nicolás Maduro.
La Embajada de EE. UU. en Venezuela informó en la red social X que Burgum, también presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, “se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”.
La legación diplomática calificó la visita como “otro paso vital e histórico” dentro del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump para Venezuela, que contempla etapas de estabilización, recuperación y transición.
Ese esquema fue presentado a comienzos de año por el secretario de Estado, Marco Rubio, tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada el pasado 3 de enero.
Desde entonces, Caracas y Washington han intensificado los contactos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró recientemente que ambos gobiernos trabajan en una “nueva agenda de cooperación” bilateral.
En las últimas semanas, ha recibido a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien firmó un acuerdo energético a largo plazo.
Además de la visita de Burgum y Wright, en las últimas semanas otras delegaciones de alto nivel de Estados Unidos han estrechado lazos con Caracas en el marco del plan de tres fases impulsado por Washington.
El pasado 18 de febrero, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de marina Francis L. Donovan, viajó oficialmente a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y otros altos cargos de su administración, con el objetivo de evaluar la seguridad y avanzar en la implementación de la estrategia estadounidense para estabilizar y recuperar el país.
La Embajada de EE. UU. destacó que durante esos encuentros se reafirmó el compromiso de cooperar en materia de seguridad hemisférica y fortalecer la relación bilateral en la nueva etapa que vive Venezuela.
El trasfondo de la minería en Venezuela
La minería en Venezuela ha estado durante años bajo el escrutinio de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Informes de Naciones Unidas y de entidades de la sociedad civil han documentado que amplias zonas del llamado Arco Minero del Orinoco, una región rica en oro, coltán y otros minerales estratégicos en el sur del país, quedaron bajo control de grupos criminales durante el gobierno de Nicolás Maduro, con graves consecuencias ambientales y sociales.
Investigaciones recientes también han señalado que la explotación ilegal de oro y otros minerales generó redes de contrabando internacional y afectó directamente a comunidades indígenas en estados como Bolívar y Amazonas.
En varios informes se advierte que bandas armadas y organizaciones criminales controlaron explotaciones mineras y utilizaron la violencia para mantener el control territorial, mientras la actividad provocaba deforestación, contaminación con mercurio y desplazamiento de poblaciones locales.
El acercamiento en esta materia entre Washington y Caracas se produce en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente. Tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.
En ese escenario, Venezuela ha ganado relevancia estratégica. El presidente Trump destacó en su reciente discurso sobre el Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos, y calificó al país suramericano como un “nuevo amigo y socio”.
Además, PDVSA anunció esta semana nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para el mercado estadounidense, mientras el gobierno interino informó del desbloqueo de activos en EE. UU., destinados parcialmente a la compra de equipos médicos.
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