El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe que documenta por primera vez la dimensión estructural de la corrupción en el Estado nicaragüense: el desvío sistemático de fondos públicos para financiar operaciones violentas de seguridad y grupos armados pro-gobierno. La publicación oficial del GHREN en redes sociales acompañó la presentación del documento ante el organismo internacional.
El informe, titulado 'Nicaragua: UN Experts uncover corrupt financing of repression and spy network', establece la conexión entre el desvío de fondos, la estructura paralela del partido, la contabilidad encubierta y las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, explicó en conferencia de prensa que el documento revela "la lógica operacional del financiamiento corrupto de las violaciones".
"Nuestro nuevo informe revela una dimensión estructural de la corrupción en el Estado nicaragüense, es decir, la corrupción como herramienta para financiar la represión política", declaró Simon. El experto subrayó que "los fondos públicos destinados a asistencia social y gastos operativos han sido desviados sistemáticamente para sostener operaciones violentas de seguridad y grupos armados pro-gobierno".
Reed Brody, otro miembro del grupo, fue contundente: "La represión no es improvisada: es estructurada y financiada corruptamente". Por su parte, la experta Ariela Peralta Distefano reveló que las estructuras diplomáticas nicaragüenses han sido instrumentalizadas para rastrear e intimidar a ciudadanos en el exilio, como parte de una red de espionaje transnacional que integra ejército, policía, migración, telecomunicaciones y misiones diplomáticas para vigilar, hackear y hostigar a críticos.
El GHREN concluye que estas violaciones son sistemáticas y constituyen, prima facie, crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación forzada y persecución política, en un patrón que se intensificó desde las protestas de 2018. Simon señaló que "la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno bajo el control de la familia Ortega-Murillo".
El contexto represivo se ha agudizado con la reforma constitucional de enero de 2025, que legalizó e institucionalizó grupos paramilitares —denominados "policía voluntaria" y "fuerzas militares de reserva"— con más de 76.800 miembros juramentados. Estos grupos son herederos de los paramilitares responsables de más de 350 asesinatos durante las protestas de 2018 y operan bajo control de Rosario Murillo, financiados indirectamente con fondos públicos.
Los expertos urgen a la comunidad internacional a fortalecer la protección de exiliados, acelerar procesos de asilo y garantizar la rendición de cuentas bajo el derecho internacional. Más de 342.000 nicaragüenses han solicitado asilo en el exterior hasta mediados de 2025, reflejo del éxodo forzado provocado por la represión sistemática del régimen. Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2025 para eludir el escrutinio internacional y no ha permitido el acceso de observadores internacionales desde 2018.
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