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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en respuesta al más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El informe, presentado el 26 de febrero de 2025, señala que el Ejército de Nicaragua participó en la represión de las protestas de 2018, contradiciendo la versión oficial del gobierno. También documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, exilio forzado y represión política.
La vicepresidenta Rosario Murillo, en su discurso del mediodía, afirmó que la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos es un "acto de decencia" y una medida para "preservar el decoro y el orgullo" del país.
En una misiva dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber, el gobierno de Nicaragua expresó su rechazo a las acusaciones del informe y calificó a los mecanismos de la ONU como "una caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad" en el país.
"Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y decencia, no los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los estados, la dignidad de los pueblos. Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y con toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites", declaró Murillo.
El comunicado también fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, quien reiteró que el gobierno no reconoce al Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU ni a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe de la ONU sobre Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó su informe el 26 de febrero de 2025, documentando la evolución del país hacia un Estado autoritario bajo el control absoluto de Ortega y Murillo.
El informe sostiene que el Ejército de Nicaragua participó activamente en la represión de las protestas de 2018, con ejecuciones extrajudiciales y órdenes directas para "neutralizar" a manifestantes. También expone que el régimen ha intensificado la persecución contra la oposición, recurriendo a la desnacionalización, detenciones arbitrarias y confiscaciones de bienes.
Además, el documento señala que el gobierno de Nicaragua ha impulsado una reforma constitucional que eliminó los últimos controles institucionales sobre el Ejecutivo, consolidando un sistema de represión donde el Estado y el partido gobernante actúan como una sola entidad.
Los expertos de la ONU advirtieron que algunos de los crímenes documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y recomendaron acciones legales internacionales contra Nicaragua, incluyendo denuncias ante la Corte Internacional de Justicia.
Desde abril de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha sido señalado por organismos internacionales por la represión de protestas, el cierre de medios de comunicación y la persecución de opositores.
El informe del GHREN también recuerda que, en septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 personas desnacionalizadas en los últimos años.
Además, el 18 de febrero de 2025, entró en vigor una reforma constitucional que eliminó la independencia de los poderes legislativo y judicial, estableciendo un dominio total del Ejecutivo sobre las instituciones del país.
El retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma la negativa del régimen de Ortega y Murillo a someterse a cualquier escrutinio internacional, mientras mantiene su postura de rechazar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
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