El dilema de las Fuerzas Armadas del régimen cubano

Si algo enseña la historia de las transiciones políticas es que los ejércitos rara vez son actores neutrales.  

En momentos de cambio profundo, las fuerzas armadas suelen enfrentarse a una decisión histórica: aferrarse al poder que han ejercido durante décadas o aceptar su transformación en instituciones profesionales al servicio de un nuevo orden democrático. 

Cuba no será una excepción. 

En medio de las crecientes especulaciones sobre posibles contactos entre Estados Unidos y el régimen cubano, y sobre el escenario político que podría abrirse en la isla en los próximos años, hay una pregunta que apenas comienza a formularse: ¿Qué papel jugarán las Fuerzas Armadas cubanas si el sistema político entra en una fase de transición? 

Durante más de seis décadas, el ejército ha sido uno de los pilares fundamentales del poder en Cuba. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias no solo han garantizado la estabilidad del régimen desde el punto de vista militar, sino que también se han convertido en uno de los actores económicos más poderosos del país.  

A través de conglomerados empresariales como GAESA, los militares administran buena parte de los sectores estratégicos de la economía cubana: turismo, comercio, infraestructuras portuarias, logística, empresas financieras y buena parte de las divisas que entran al país. 

Este modelo ha convertido a Cuba en uno de los casos más claros de militarización de la economía en el mundo contemporáneo. 

Pero precisamente por esa razón, el futuro político de la isla dependerá en gran medida de la decisión que adopten las propias Fuerzas Armadas si el sistema entra en una fase de transformación. 

El dilema es sencillo de formular, aunque no necesariamente de resolver: el ejército cubano puede convertirse en el último sostén de un sistema político que muestra claros signos de agotamiento o puede optar por transformarse en una institución profesional que garantice la estabilidad de un proceso de transición hacia un nuevo orden político. 

Si Cuba se adentra en ese camino, habrá algunas decisiones inevitables. 

La primera será definir con claridad a quién sirven las Fuerzas Armadas. Durante décadas, el ejército ha estado estrechamente vinculado a la figura de los Castro y al proyecto político de la llamada "Revolución".  

En una transición política, esa relación tendría que cambiar radicalmente. Las Fuerzas Armadas deberían dejar claro que su función no es defender los intereses de una familia, de una élite política o de un partido único, sino garantizar la seguridad del país y el libre ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. 

En otras palabras, deberían dejar de ser un instrumento del poder para convertirse en una institución del Estado. 

Esa transformación no sería únicamente política. También tendría que ser institucional y simbólica. 

Un gesto tan sencillo como abandonar el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias y adoptar el de Fuerzas Armadas de la República podría marcar el inicio de esa transición.  

No se trataría solo de un cambio de denominación, sino de un cambio de identidad. Un ejército que ya no se define por su vinculación con una revolución pasada, sino por su compromiso con el Estado y con la nación. 

Pero la transformación no puede quedarse en los símbolos. 

Otro paso inevitable sería el desmontaje del aparato represivo que durante décadas ha servido para controlar la vida política de los cubanos.  

Instituciones como la Seguridad del Estado, la contrainteligencia política o los distintos departamentos dedicados a la vigilancia ideológica de la población difícilmente podrían sobrevivir en un escenario de apertura política.  

Un proceso de transición exige libertades civiles, y esas libertades son incompatibles con estructuras concebidas para reprimir la disidencia. 

El ejército, en ese contexto, tendría que desempeñar un papel muy diferente: garantizar el orden público y la estabilidad institucional mientras la sociedad cubana recupera sus espacios de libertad política. 

Pero quizá el desafío más complejo sería el económico. 

El entramado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas a través de GAESA representa hoy una parte sustancial de la economía nacional.  

Durante décadas, ese conglomerado ha operado con un nivel de opacidad incompatible con cualquier sistema democrático. Si Cuba entra en una fase de transición, ese entramado empresarial tendría que ser objeto de una auditoría profunda y transparente. 

Los militares no deberían interferir en ese proceso. Por el contrario, deberían colaborar con él. 

Eso implicaría poner a disposición de las autoridades civiles —aunque fueran provisionales— toda la información necesaria para esclarecer la estructura patrimonial de GAESA, transparentar sus cuentas y permitir que esos activos pasen a formar parte del patrimonio del Estado cubano.  

En ningún caso podrían convertirse en propiedad privada de quienes los han administrado en nombre de la nación, ya sea mediante testaferros, sociedades offshore o cualquier otro mecanismo de apropiación. 

Una vez aclarada su situación patrimonial, buena parte de esas empresas podrían integrarse en un proceso de apertura económica en el que el capital privado, nacional y extranjero, desempeñara un papel importante en la reconstrucción del país. 

Pero para que ese proceso sea creíble, el ejército tendría que abandonar definitivamente cualquier papel directo en la gestión económica. 

Los ejércitos de los Estados democráticos no administran hoteles, navieras ni cadenas comerciales. Su función es garantizar la seguridad nacional, no dirigir la economía. 

Eso implicaría también una profunda renovación generacional dentro de la institución. Muchos de los altos mandos que han dirigido las Fuerzas Armadas durante décadas están estrechamente vinculados al actual sistema de poder.  

Un proceso de transición requeriría una renovación progresiva de esa cúpula, la profesionalización del ejército y su subordinación efectiva a autoridades civiles elegidas democráticamente. 

Nada de esto será sencillo. 

Pero la historia demuestra que muchas transiciones políticas han sido posibles precisamente cuando los ejércitos han comprendido que su papel no es impedir el cambio, sino garantizar que ese cambio se produzca sin violencia ni caos institucional. 

Las Fuerzas Armadas cubanas, llegado el momento, también tendrán que decidir de qué lado de la historia quieren situarse. 

Pueden intentar preservar un sistema político que muestra señales evidentes de agotamiento, prolongando un modelo que ha llevado al país a décadas de estancamiento económico y aislamiento internacional. 

O pueden convertirse en el primer garante de una nueva etapa histórica en la que Cuba recupere sus libertades políticas, reconstruya sus instituciones y vuelva a integrarse plenamente en la comunidad democrática internacional. 

La decisión, en última instancia, no será solo política. Será también histórica. 

Porque el ejército cubano puede pasar a la historia como el último guardián de un régimen totalitario agotado o como la institución que ayudó a abrir las puertas de una nueva república.