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El régimen cubano anunció una posible apertura para permitir que cubanos residentes en el exterior inviertan y tengan negocios en la isla, en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país y de los intentos del gobierno por atraer capital para sostener sectores clave de la economía.
Las declaraciones fueron realizadas por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien aseguró que La Habana está dispuesta a ampliar las relaciones económicas tanto con empresas estadounidenses como con cubanos que viven fuera del país.
“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas de Estados Unidos y también con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”, afirmó el funcionario en declaraciones a NBC News.
Según explicó, esa apertura no se limitaría únicamente al comercio, sino que incluiría la posibilidad de realizar inversiones directas en el país.
“Esto va más allá de la esfera comercial. También se aplica a las inversiones, no solo pequeñas inversiones, sino también grandes inversiones, particularmente en infraestructura”, añadió.
De concretarse, el anuncio marcaría un cambio significativo en la política económica del régimen hacia la diáspora cubana, que durante décadas ha estado prácticamente excluida de participar como inversionista en la economía nacional.
Durante años, el régimen cubano permitió que los emigrados enviaran remesas o ayudas familiares, pero les ha impedido participar directamente como propietarios de empresas dentro del país.
En los últimos días, el gobernante Miguel Díaz-Canel también adelantó que el gobierno prepara nuevas medidas relacionadas con los cubanos residentes en el exterior. Según dijo, el objetivo sería facilitar su participación en el desarrollo económico del país.
El gobernante designado por Raúl Castro en 2018 aseguró que las autoridades han mantenido múltiples encuentros con miembros de la diáspora en diferentes regiones del mundo para recoger propuestas, preocupaciones y sugerencias sobre cómo podrían contribuir a la economía nacional.
De acuerdo con sus declaraciones, esas consultas han sido organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el propio ministerio de Comercio Exterior, y las propuestas recopiladas fueron posteriormente analizadas por la cúpula política del régimen.
El cambio de tono del régimen hacia el exilio ha llamado la atención porque contrasta con años de retórica oficial hostil hacia los emigrados. En varias ocasiones, las autoridades cubanas acusaron a sectores del exilio de promover campañas contra el sistema político de la isla.
El propio Díaz-Canel protagonizó en 2018 una polémica cuando calificó como “mal nacidos por error” a cubanos que, según él, actuaban contra el país.
El posible giro en la política hacia la diáspora se produce en un momento especialmente delicado para la economía cubana. La isla atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas, marcada por la escasez de alimentos, los apagones prolongados, el deterioro de la infraestructura energética y una fuerte ola migratoria.
En este contexto, el gobierno intenta impulsar sectores estratégicos como el turismo, la minería y la modernización del sistema eléctrico, áreas que requerirían importantes inversiones.
Las autoridades cubanas también han promovido en los últimos años la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como parte de una limitada apertura al sector privado. Sin embargo, el Estado mantiene el control sobre los principales sectores económicos.
Al referirse a las dificultades económicas del país, Pérez-Oliva Fraga reiteró la narrativa oficial del régimen y atribuyó los problemas a las sanciones estadounidenses, que según dijo limitan el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología, mercados y suministros de combustible.
Aun así, expertos señalan que cualquier intento de atraer inversiones desde el exterior enfrentará importantes obstáculos, entre ellos la falta de garantías jurídicas para los inversionistas, las restricciones legales existentes y la desconfianza que persiste entre amplios sectores del exilio cubano.
De concretarse las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, sería uno de los intentos más recientes del régimen por apoyarse en el capital de la diáspora para intentar aliviar la grave crisis económica que atraviesa la isla.
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