La Fiscalía federal de Estados Unidos rechazó de forma contundente la solicitud presentada por la defensa de Nicolás Maduro para anular los cargos en su contra, en un nuevo giro del proceso judicial que enfrenta el exgobernante venezolano junto a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York.
En un memorando consignado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales pidieron desestimar la estrategia legal de ambos acusados, centrada en alegar una supuesta violación de sus derechos constitucionales por no poder acceder a fondos del Estado venezolano para pagar su defensa.
La posición del Gobierno estadounidense es clara: no existe base legal para invalidar el proceso.
Fiscalía desmonta la estrategia de la defensa
El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, había solicitado a finales de febrero la anulación de los cargos alegando que las restricciones impuestas por Washington le impedían financiar adecuadamente su representación legal.
Según la defensa, esta situación vulneraría la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Pollack llegó a advertir que “cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó esos argumentos y sostuvo que las limitaciones responden a un marco legal vigente, vinculado a las sanciones impuestas al régimen venezolano.
En el documento presentado ante el tribunal, los fiscales subrayan que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó conforme a la ley al impedir el uso de fondos estatales venezolanos para costear la defensa.
“Las regulaciones de la OFAC prohíben que una entidad sancionada pague los gastos legales de otra persona también sancionada”, señala el memorando.
El punto clave: El origen del dinero
El núcleo de la disputa judicial gira en torno al origen de los recursos para pagar a los abogados.
Mientras la defensa insiste en que Maduro no dispone de fondos propios suficientes, la Fiscalía sostiene que sí puede financiar su defensa, pero únicamente con dinero personal y no con recursos del Estado venezolano, que se encuentra bajo sanciones.
En esa línea, el Gobierno estadounidense fue enfático al señalar lo excepcional de la solicitud planteada por los abogados del exmandatario.
“Es excesivamente raro que una persona sancionada por la OFAC reciba dinero para pagar su defensa privada con dinero de una entidad sancionada. Nunca se ha dado esta circunstancia en la historia legal del país”, argumentaron los fiscales.
El Departamento del Tesoro reforzó esta posición al advertir que permitir ese mecanismo sería completamente inusual:
“En ningún caso se ha autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones”.
Una licencia revocada y corregida
La Fiscalía reconoció que en un inicio se produjo una confusión administrativa cuando la OFAC emitió una licencia que permitía el uso de fondos del gobierno venezolano para la defensa.
No obstante, esa autorización fue revocada poco después.
Según la versión oficial, actualmente Maduro y Flores pueden utilizar recursos personales -siempre que no involucren activos bloqueados ni operaciones dentro de jurisdicción estadounidense- pero no fondos estatales.
Para Washington, las sanciones no son una maniobra reciente para obstaculizar el juicio, sino una política de seguridad nacional previa al caso.
“Este tipo de sanciones constituyen algunas de las medidas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos pueda aplicar”, explicó Departamente del Tesoro en su declaración.
Cargos graves y proceso en marcha
Maduro y Flores enfrentan múltiples acusaciones federales, entre ellas conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Ambos fueron detenidos el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación estadounidense en Venezuela y trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia.
Desde su primera comparecencia, se declararon inocentes y han insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas.
El juez federal Alvin Hellerstein deberá pronunciarse sobre la moción de la defensa en una audiencia fijada para el próximo 26 de marzo.
En esa cita, el tribunal evaluará los argumentos de ambas partes y determinará si procede o no la anulación de los cargos, así como posibles decisiones sobre la representación legal de los acusados, incluida la opción de asignarles defensores públicos.
Mientras tanto, la Fiscalía ha dejado claro que no cederá en su postura: el proceso debe continuar y las acusaciones se mantienen intactas.
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