La organización Cubalex denunció un aumento de la represión y de las violaciones de derechos humanos en Cuba en su más reciente informe semestral, que recoge cientos de incidentes registrados en distintas provincias del país.
De acuerdo con el reporte de Cubalex, durante el período analizado se documentaron 246 eventos violatorios que implicaron 540 incidentes represivos distribuidos en 45 categorías de represión.
Entre los incidentes más frecuentes aparecen las violaciones contra personas privadas de libertad con 68 casos, operativos policiales de vigilancia con 58, amenazas o coacción con 48, arrestos domiciliarios con 43, detenciones arbitrarias con 41, traslados a centros de detención o establecimientos penitenciarios con 40, restricciones de movilidad interna con 36 y hechos de violencia o acoso con 34.
La organización advierte que estas cifras representan un subregistro de las violaciones reales debido a las dificultades para recopilar información en la isla, agravadas por los extensos apagones que afectan la comunicación y la publicación de denuncias.
Los eventos violatorios se registraron en todas las provincias del país.
La Habana concentró la mayor cantidad con 87 casos, seguida por Santiago de Cuba con 26 y Camagüey con 17. A nivel municipal, los mayores registros se reportaron en Santiago de Cuba, Camagüey, Plaza de la Revolución y Diez de Octubre.
El monitoreo identificó a 179 personas víctimas de al menos un evento represivo, entre ellas 51 mujeres y 128 hombres.
Entre quienes sufrieron más hechos violatorios figuran el opositor Ángel Moya Acosta, el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, el familiar de preso político Wilber Aguilar Bravo y la líder de las Damas de Blanco Berta Soler Fernández.
Los grupos más reprimidos fueron los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
No obstante, Cubalex señala que la mayoría de las víctimas registradas no pertenece a organizaciones de la sociedad civil independiente, lo que refleja el alcance amplio de la represión.
Entre las organizaciones más afectadas aparecen las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba, el Frente Antitotalitario Unido, el Proyecto Emilia y el Partido Unión por Cuba Libre.
El informe sitúa parte del contexto represivo en los acontecimientos políticos recientes en la región, incluida la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de impulsar cambios políticos en Cuba.
Tras esos hechos, Cubalex documentó actos de hostigamiento relacionados con protestas populares y con expresiones públicas vinculadas a la caída de Maduro y a posibles cambios en la isla.
En redes sociales se denunciaron traslados de reclutas del servicio militar desde las provincias orientales hacia La Habana, reclutamiento forzado de jóvenes que se negaban a incorporarse al servicio militar obligatorio y un aumento de la presencia policial y de movimientos de armamento.
El informe recoge además varios casos de represión directa. El joven Ankeilys Guerra fue detenido con violencia en su vivienda y trasladado al cuartel de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista después de realizar una transmisión en Facebook en la que pedía al presidente estadounidense Donald Trump poner fin a la dictadura cubana.
En Santiago de Cuba, la joven Selena Lambert Ortega fue citada, interrogada y detenida por la policía, obligada a abandonar la vivienda donde residía y presionada para eliminar una encuesta publicada en su perfil de Facebook sobre preferencias políticas entre Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
El reporte también describe presiones contra opositores en cárceles. El preso político Pedro Luis Fernández Peralta fue recluido en celda de castigo en la prisión Cuba-Panamá tras celebrar la captura de Nicolás Maduro y gritar consignas contra el régimen, mientras que José Oscar Sánchez Madan fue amenazado en el Combinado del Sur por comentar sobre ese hecho con otros reclusos.
Cubalex denunció además la agresión sexual contra el preso político Onaikel Infante Abreu en la prisión de Agüica, presuntamente perpetrada por reclusos comunes bajo órdenes de la Seguridad del Estado.
El informe también señala la muerte del preso político Lázaro García Ríos en el Combinado del Este, atribuida a la falta de atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario cubano.
La organización advierte que estos hechos ocurren en medio de una profunda crisis económica y social en la isla, marcada por apagones de más de 20 horas diarias, escasez de combustibles y alimentos, deterioro de servicios públicos, problemas de transporte y una fuerte caída del poder adquisitivo de la población.
Preguntas frecuentes sobre represión y violaciones de derechos humanos en Cuba
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¿Qué denuncia Cubalex en su informe semestral sobre la represión en Cuba?
Cubalex denuncia un aumento de la represión y de las violaciones de derechos humanos en Cuba, documentando 246 eventos violatorios que implicaron 540 incidentes represivos en 45 categorías. Entre los incidentes más comunes están las violaciones contra personas privadas de libertad, operativos policiales de vigilancia y amenazas o coacción.
¿Cuáles son las principales regiones afectadas por la represión en Cuba?
Los eventos violatorios se registraron en todas las provincias de Cuba, con La Habana a la cabeza con 87 casos, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey. La Habana es el epicentro de la represión, concentrando el mayor número de incidentes.
¿Qué grupos son los más reprimidos en Cuba según Cubalex?
Cubalex identifica a los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad como los grupos más reprimidos. La mayoría de las víctimas registradas no pertenece a organizaciones de la sociedad civil independiente.
¿Qué impacto tiene la represión en la sociedad cubana?
La represión en Cuba ocurre en un contexto de crisis económica y social, con apagones prolongados, escasez de combustibles y alimentos, y deterioro de servicios públicos. Esta situación ha generado un descontento social creciente y la percepción de que la represión refuerza el deseo de cambio.
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