A 23 años de la Primavera Negra de Cuba: No fue justicia, sino castigo

El 18 de marzo de 2003 marcó uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Cuba. En cuestión de días, 75 opositores pacíficos fuimos arrestados, sometidos a juicios sumarios y condenados a largas penas de prisión. Aquella operación, conocida como la Primavera Negra, no fue un exceso ni un error. Fue un acto deliberado de venganza política.

Han pasado 23 años. Y todavía hay algo que no se ha dicho con suficiente claridad: aquello no fue justicia. Fue castigo. Yo fui uno de esos 75. En mi caso, el fiscal solicitó 18 años de prisión. Fui condenado a 14. Cumplí cinco por motivos de pensamiento. No por un acto violento, no por un delito común, sino por pensar, por escribir, por relacionarme, por negarme a aceptar el silencio.

Y no es una interpretación. Está en mi sentencia que comparto con otros tres prisioneros políticos.

Quien lea ese documento con atención encontrará que los “hechos” que sustentan la condena no son más que actividades propias de cualquier ciudadano en una sociedad libre: contactar con otros, acceder a información, comunicarse, expresar opiniones. Sin embargo, todo ello fue presentado como prueba de actividad contra el Estado. Es decir, lo que se castigaba no era un delito, sino la independencia.

La figura jurídica utilizada —“actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”— suena grave, incluso bélica. Pero cuando se despoja del follaje político oficial y se observan los hechos reales, lo que queda es algo mucho más simple y mucho más inquietante: en Cuba, pensar es delito.

Mi caso no terminó con la salida de prisión. No fui liberado nunca. Fui desterrado. Mi salida del país fue forzada, “definitiva”, definida así por la Seguridad del Estado. No existió un ofrecimiento ni alternativa real de permanecer en Cuba. Un destierro que tuvo una crueldad añadida en mi caso: fui expulsado al día siguiente de la muerte de mi madre.

Ese detalle no es menor. Porque demuestra que no se trataba sólo de castigar una conducta, sino de quebrar a la persona. Pero hay otra dimensión de esta historia que sigue siendo ignorada. Durante años se ha hablado, y con razón, de las propiedades confiscadas por el régimen cubano. Sin embargo, noto que apenas se habla de las vidas confiscadas. De quienes perdimos años de libertad, fuimos separados de nuestras familias y expulsados de nuestro país.

Muchos no hemos perdido una empresa o una finca. En mi caso, viví muchos años sin esperanzas y, cuando me rebelé contra ese despojo, entonces perdí cinco años de mi vida en la cárcel. Y perdí el derecho a vivir en mi tierra. Esto plantea una pregunta que sigue sin respuesta: si se habla de reparar bienes, ¿por qué no hablar también de reparar vidas?

Mi historia, y la de muchos más, no puede separarse de una realidad más amplia. En mi caso, nací en 1958 y nunca tuve una propiedad real. Viví en una casa que el gobierno entregó a mi padre y que antes había sido de un señor que salió del país. Después se dividió y a cada hijo nos tocó una pieza. Y allí vivimos. Allí nacieron nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Mucha gente mercadeó estas historias como si fueran la prueba de la justicia social. A mí, visto con los años, me parece la prueba de otra cosa: de una precariedad organizada. Porque eso no era propiedad. No era seguridad. No era una vida apoyada sobre algo tuyo. Era vivir dentro de una cadena de despojo que venía de antes y siguió después.

Primero perdió la casa el dueño original. Después llegó otra familia, no como propietaria normal en un país normal, sino como ocupante dentro de un sistema torcido. Y luego vinimos los hijos, que ya no heredamos una casa, sino pedazos. Un cuarto. Una división. Un arreglo. Una vida montada sobre lo provisional. Y luego los nietos, que además heredan las ruinas de lo que fue una vivienda y una sociedad.

Y entonces aparece la pregunta que de verdad deja al desnudo todo el desastre: si regresamos a Cuba, ¿a dónde regresamos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿La casa que un día fue de otro? ¿La casa partida en pedazos? ¿La casa que hoy seguramente será de otra persona por esa misma cadena de necesidad, arbitrariedad y desorden?

Por eso, hay una pregunta inevitable: si regreso a Cuba, ¿a dónde regreso?

Esa pregunta resume el fracaso de un sistema que no sólo despojó a los propietarios originales, sino que también condenó a generaciones enteras a vivir sin seguridad jurídica, sin patrimonio claro y sin un lugar al cual pertenecer plenamente.

Si algún día se aborda en serio la cuestión de la justicia en Cuba, no bastará con hablar de bienes confiscados. Será imprescindible incluir a las víctimas. A quienes fuimos encarcelados, desterrados, silenciados, despojados.

No pido compasión. Estoy hablando de justicia. Y esa justicia pasa por un principio elemental: si la confiscación de bienes merece reparación, la prisión política también. Si el despojo patrimonial debe ser reconocido, el destierro y la destrucción de familias también deben serlo.

Han pasado 23 años de la Primavera Negra, pero la deuda sigue intacta. Y mientras no se reconozca plenamente a las víctimas, mientras no se asuma la verdad completa, cualquier discurso sobre justicia en Cuba seguirá siendo incompleto. No se trató solo de encarcelar a 75 personas. Se trató de intentar quebrar una idea. Y esa idea, la de la libertad, sigue en pie.

* Alejandro González Raga es exprisionero político y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).