El viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró este viernes que "el sistema político cubano no es objeto de negociación", como tampoco ninguno de sus cargos gubernamentales.
En rueda de prensa, De Cossío expresó que las negociaciones con Estados Unidos son asuntos "muy sensibles" y que el Gobierno los está manejando "con discreción", y se negó a dar detalles sobre las conversaciones.
"Sí que puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es objeto de negociación, ni por supuesto el presidente ni ningún cargo del Gobierno es objeto de negociación, ni con Estados Unidos o con ningún otro país", afirmó, citado por la agencia EFE.
El funcionario tildó de "totalmente inaceptable para Cuba" cualquier intento de "borrar la independencia" del país caribeño.
Agregó que Cuba está abierta al diálogo con Estados Unidos en temas que serían de beneficio mutuo, como la colaboración en materia de seguridad frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Aseguró que la "posición sostenida" del Gobierno cubano es su "disposición" al diálogo, y que eso no va a cambiar "a pesar del incremento de la hostilidad" de Washington. "No vemos otra vía" para solventar nuestras diferencias, señaló.
El viceministro criticó lo que llamó "política despiadadamente agresiva" de Washington hacia Isla, el "boicot energético efectivo" desde enero y las recientes "amenazas ilegales e ilegítimas".
No obstante, subrayó que Cuba está convencida de que pese a esas "diferencias bilaterales", los dos países pueden mantener una "relación respetuosa".
"Cuba no plantea una amenaza con Estados Unidos", afirmó.
Las declaraciones de Fernández de Cossío están en la misma línea del mensaje que Miguel Díaz-Canel publicó el miércoles pasado, en el que acusó a Washington de amenazar con derrocar por la fuerza el orden constitucional cubano.
"EE.UU. amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas", escribió en X.
El dictador acusó al Gobierno estadounidense de pretender "adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía...", y calificó el embargo como una "feroz guerra económica" aplicada como "castigo colectivo contra todo el pueblo".
Su texto fue en respuesta a declaraciones previas del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio difundidas el lunes y el martes.
Trump afirmó desde la Casa Blanca que Cuba es una "nación fallida" y que tendrá el honor de tomarla: "Si la libero, la tomo. Pienso que puedo hacer lo que quiera con ello".
Por su parte, Rubio dijo que la economía cubana "no funciona" y exigió cambios radicales: "Tienen que poner gente nueva al mando. Deben cambiar de forma drástica".
Todo este enfrentamiento ocurrió días después de que Díaz-Canel confirmara que funcionarios cubanos están teniendo conversaciones con representantes de la administración de Estados Unidos, orientadas a "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".
El gobernante añadió que el intercambio han sido conducido al más alto nivel: "Dirigidos por el General de Ejército como líder histórico de nuestra revolución (en referencia explícita a Raúl Castro) y por mí, y colegiado con la máxima estructura del partido, del Estado y el gobierno".
El anuncio representó un giro de 180 grados respecto a la postura oficial sostenida durante semanas.
El 12 de enero, el propio Díaz-Canel había negado la existencia de tales conversaciones, limitándolos a "contactos técnicos en el ámbito migratorio".
En febrero, el viceministro Fernández de Cossío aseguró que "ese diálogo no se ha empezado". El 10 de marzo, el régimen volvió a negar las negociaciones.
Díaz-Canel describió cuatro propósitos de las charlas: identificar los problemas bilaterales más graves, encontrar soluciones, determinar la disposición de ambas partes y explorar áreas de cooperación para la seguridad regional.
Señaló además que la parte cubana exige que el proceso se desarrolle "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados".
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