La libreta de abastecimiento es la principal herramienta para reparto de donativos en Cuba, según ministra

La libreta de abastecimiento, ese “fósil” de la distribución de productos normados en Cuba que data de 1962, se niega a morir.

Aunque menguada, con gran parte de páginas en blanco y funciones casi decorativas, a juzgar por lo poco que regula y reparte, la cartilla de racionamiento sigue “respirando”, al menos en el discurso de los funcionarios de la Isla, que han sentenciado la desaparición de sus renglones subsidiados, pero el imperativo de administrar la miseria les ha impedido eliminarla del todo.  

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, afirmó que la libreta continúa siendo el principal mecanismo utilizado por el Estado cubano para distribuir productos regulados y donaciones internacionales a la población. Durante una intervención en el programa oficialista Mesa Redonda, la funcionaria sostuvo que este sistema “lo ha sido hasta hoy y lo seguirá siendo”, al explicar los procedimientos de entrega de ayuda recibida desde el exterior.

Según detalló, los productos se registran en la libreta y, en casos específicos, se complementan con listados aparte para priorizar a grupos como embarazadas, niños o personas con dietas médicas.

En el mismo espacio, la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Débora Rivas Saavedra, aseguró que la distribución se realiza de manera “ordenada”, respetando la voluntad de los donantes y mediante mecanismos de monitoreo territorial y evaluación de impacto.

Según explicó, estos controles permiten mantener la cooperación internacional hacia Cuba, y cumplir con los mecanismos de control y seguimiento que aplican las personas, instituciones o países donantes.

Díaz Velázquez añadió por su parte que el proceso también incluye lo que denominó “control popular”, mediante el cual los ciudadanos confirman la recepción de los productos en sus comunidades, como parte de la verificación de la entrega.

Sin embargo, en el país no existen mecanismos ciudadanos establecidos mediante los cuales se pueda dar seguimiento público y transparente a los volúmenes de donaciones recibidos, su almacenamiento y su distribución hasta que lleguen a cada destinatario.

Asimismo, es vox populi, a partir de las obsoletas fechas de caducidad que a veces los consumidores detectan en ciertos productos, que estos pertenecen a añejas reservas militares que habrían sido reabastecidas con donativos frescos que entran al país.

Las declaraciones de las funcionarias se producen en un contexto de creciente cuestionamiento sobre el destino de la ayuda internacional. Un reportaje del canal mexicano TV Azteca denunció recientemente que alimentos donados, como el llamado “frijol del bienestar”, se comercializan en tiendas estatales que operan en dólares, con precios que alcanzan 2,97 dólares por medio kilogramo y hasta 43 dólares por sacos de 30 kilogramos.

Frente a estas acusaciones, representantes gubernamentales, comenzando por el presidente Miguel Díaz-Canel han negado con insistencia que exista desvío o comercialización de donaciones, asegurando que los productos destinados a la población “nunca se han cobrado” y que el sistema cuenta con auditorías institucionales para garantizar su uso adecuado.

Pese a estas afirmaciones, testimonios recogidos en investigaciones periodísticas indican que parte de la población no ha recibido productos anunciados como donaciones, mientras que algunos artículos han aparecido en circuitos comerciales en divisas, lo que ha generado el debate sobre la transparencia y eficacia del modelo de distribución estatal.

En este escenario, en medio de una crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustible y productos básicos, cuando más necesita y solicita donativos internacionales, el gobierno de la Isla insiste en mostrar la empobrecida libreta de abastecimiento como eje central del sistema de reparto.