Diputado cubano llama a defender las conquistas de la revolución en Salud y Educación

Un diputado cubano llamó a “defender las conquistas sociales” en sectores clave como la Salud y la Educación durante una sesión parlamentaria celebrada en el Capitolio Nacional, en un contexto marcado por una profunda crisis económica y un deterioro sostenido de los servicios públicos en la isla.

La afirmación se produjo durante el análisis de la ejecución del presupuesto del Estado para 2026, en el que participaron 144 diputados de distintas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“Ha sido un debate muy fructífero, un debate donde se ha sido bastante crítico, donde se han hablado todos los temas que tienen que ver con deudas a productores, que tiene que ver con la defensa de las conquistas sociales, cómo defender la calidad de los servicios de educación, de salud, de cultura, de deporte, de todo lo que tiene que ver con las conquistas”, expresó el parlamentario en reportaje para el Noticiero Nacional de Televisión (NTV).

El diputado insistió en que el objetivo central es sostener pilares históricos del modelo cubano: “Cómo respaldar el presupuesto de la seguridad social de nuestros pensionados… todos los temas que son bien complejos, pero yo creo que se ha tenido un debate bien aterrizado, bien realista y bien fructífero de cuáles son las líneas a seguir este año”.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad que atraviesan precisamente esos sectores que se llaman a “defender”. El sistema educativo enfrenta un déficit de más de 2,000 docentes en varias provincias, mientras que en el ámbito de la salud se acumulan denuncias de falta de medicamentos, deterioro de instalaciones y éxodo de profesionales.

La sesión, realizada por videoconferencia, estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, junto a altos funcionarios del Gobierno, incluidos el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Vale, y titulares de Educación, Educación Superior y el INDER.

Durante el encuentro se evaluó la implementación del Acuerdo X-159 sobre la Ley 181 del Presupuesto del Estado, aprobado en diciembre de 2025, en medio de un escenario económico adverso que el propio Gobierno reconoce.

El presupuesto contempla un déficit fiscal de hasta 74,500 millones de pesos, en un país que prevé además una contracción del Producto Interno Bruto de hasta un 7.2%. A ello se suma la presión estructural que implica sostener el pago a más de 1.8 millones de pensionados, en un contexto de caída de ingresos estatales y limitada capacidad productiva.

En su intervención, Lazo reconoció las limitaciones económicas, aunque volvió a situar el foco en factores internos de gestión.

“Es importante que empleemos todo nuestro esfuerzo y que vayamos a una reducción del impacto que pueden tener aquellos problemas subjetivos que no tienen que ver con el problema deficitario del combustible, ni mucho menos, sino a problemas organizativos, de trabajo, reservas que podemos recuperar”.

El señalamiento de “problemas subjetivos” como causa principal de las dificultades económicas ha sido recurrente en el discurso oficial, pese a que economistas y analistas llevan años advirtiendo sobre fallas estructurales más profundas, como la baja productividad, la falta de incentivos, la centralización excesiva y el deterioro del aparato estatal.

En ese sentido, el llamado a “defender las conquistas” adquiere un tono más retórico que operativo, en la medida en que no se detallan soluciones concretas para revertir el deterioro visible de esos servicios.

La insistencia en preservar la “calidad” de la educación o la salud contrasta con una realidad marcada por carencias materiales, migración de profesionales y creciente desigualdad en el acceso.

Durante el debate, los diputados formularon propuestas para incrementar ingresos, reducir gastos y perfeccionar mecanismos de control fiscal, así como avanzar en la descentralización hacia provincias y municipios.

No obstante, estas medidas han sido planteadas en años anteriores sin lograr revertir el deterioro acumulado.

El propio Lazo subrayó la necesidad de “darle continuidad a todo el proceso económico a partir de las limitaciones que tiene hoy la economía cubana”, una formulación que, lejos de anunciar cambios de fondo, apunta a la prolongación de políticas ya implementadas en medio de una crisis prolongada.

El debate fue presentado por las autoridades como parte de un ejercicio de control parlamentario y de impulso a un presupuesto “popular y participativo”.

Sin embargo, ocurre en un contexto donde las decisiones económicas siguen altamente centralizadas y donde la ciudadanía enfrenta de forma directa las consecuencias del ajuste: inflación, escasez y deterioro de servicios básicos.

Así, mientras el discurso oficial insiste en la defensa de las “conquistas de la revolución”, los datos y las condiciones reales del país evidencian que esos logros históricos atraviesan uno de sus momentos más frágiles en décadas.