El Gobierno cubano anunció este jueves la decisión de indultar a más de dos mil personas privadas de libertad, como parte de un proceso de beneficios penitenciarios contemplados en la ley.
Según informó Granma, la medida permitirá la excarcelación de 2,010 sancionados, en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República.
De acuerdo con la información divulgada, el indulto responde a un análisis de las características de los delitos cometidos, la conducta mantenida en prisión, el tiempo cumplido de la sanción y el estado de salud de los reclusos.
Entre los beneficiados se encuentran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, personas próximas a cumplir su libertad en el último semestre o el próximo año, así como extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
Las autoridades precisaron que quedaron excluidos del indulto quienes cometieron delitos graves como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, robo con violencia o fuerza, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, así como reincidentes y multirreincidentes.
También fueron descartadas personas que ya habían recibido indultos anteriormente y volvieron a delinquir.
Esta es la segunda excarcelación de personas privadas de libertad en lo que va de año y ocurre en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, una práctica que el gobierno calificó como habitual dentro de su sistema de justicia penal.
Con esta decisión, suman cinco los indultos realizados por el Gobierno cubano desde 2011, con más de 11 mil personas "beneficiadas" en ese período.
Como punto crítico, llama la atención que entre los excluidos figuren los llamados “delitos contra la autoridad”, una categoría que en el contexto cubano suele utilizarse contra manifestantes y ciudadanos críticos, lo que deja fuera a personas sancionadas por motivos políticos.
Asimismo, la exclusión de quienes ya recibieron indultos anteriormente refuerza un enfoque punitivo que no distingue entre reincidencia común y contextos marcados por la propia crisis social del país.
Este nuevo indulto se suma a otras excarcelaciones recientes y precedentes similares utilizados por el régimen cubano en distintos contextos políticos y diplomáticos.
En marzo pasado, las autoridades anunciaron la liberación de 51 sancionados tras contactos con el Vaticano, sin detallar identidades ni aclarar si incluían presos políticos.
Un año antes, en enero de 2025, el gobierno informó la liberación de 553 reclusos en el marco de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede.
En años anteriores también se han producido indultos masivos, como el de 2.604 presos en 2019 o los 787 liberados en 2016.
En la mayoría de estos procesos, las liberaciones han estado compuestas principalmente por presos comunes, sin que exista transparencia sobre la inclusión de presos políticos o de conciencia, cuya existencia el régimen niega sistemáticamente.
Preguntas frecuentes sobre los indultos en Cuba y su contexto político
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas personas han sido indultadas recientemente por el gobierno cubano?
El gobierno cubano ha anunciado el indulto de más de 2,000 personas privadas de libertad, permitiendo la excarcelación de 2,010 sancionados bajo el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República.
¿Qué criterios se han utilizado para conceder estos indultos?
Los indultos se han basado en un análisis de las características de los delitos cometidos, la conducta mantenida en prisión, el tiempo cumplido de la sanción y el estado de salud de los reclusos.
¿Existen excepciones en el proceso de indulto en Cuba?
Sí, han quedado excluidos del indulto quienes cometieron delitos graves como agresión sexual, asesinato, tráfico de drogas, entre otros, así como reincidentes y personas que ya habían recibido indultos anteriormente y volvieron a delinquir.
¿Cuál es el contexto detrás de estas excarcelaciones en Cuba?
Estas excarcelaciones se producen en el marco de las celebraciones religiosas de la Semana Santa y han sido presentadas por el gobierno cubano como una práctica habitual de su sistema de justicia penal, aunque organizaciones de derechos humanos critican la falta de transparencia y denuncian que no representan un cambio estructural en la política represiva del Estado.
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