El anuncio del Gobierno cubano de indultar a más de 2,000 reclusos ha sido recibido con escepticismo por organizaciones de derechos humanos.
En un video publicado en la red social X, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, denunció que la medida se produce en medio de un recrudecimiento de la represión en la isla.
“Mientras el régimen cubano está encarcelando, está deteniendo… el mes pasado ha detenido a cientos de personas por toda Cuba y ha encarcelado a muchos de ellos”, afirmó Larrondo.
Según explicó, la organización está “contabilizando decenas y decenas de nuevos presos políticos en marzo”, lo que, a su juicio, contradice el discurso oficial de clemencia.
El activista criticó duramente lo que considera una estrategia de imagen por parte del régimen.
“Mientras hace eso, ahora se las da de buenos, de benevolentes, como dicen ellos, y anuncian una excarcelación, un indulto incluso de dos mil diez presos”, señaló.
Uno de los puntos más cuestionados por Prisoners Defenders es la exclusión explícita de los llamados “delitos contra la autoridad”, una categoría frecuentemente utilizada para procesar a opositores, manifestantes y ciudadanos críticos.
“Han excluido explícitamente los delitos contra la autoridad, que son los más usuales entre los presos políticos, así que no tenemos gran esperanza de que vaya a haber demasiados presos políticos excarcelados”, advirtió Larrondo.
A su juicio, el anuncio busca generar una percepción internacional engañosa.
“Algunos seguramente haya, para jugar con la ambigüedad y que cuando el anuncio de que tal preso político ha sido excarcelado, los titulares relacionen dos mil cien con liberación de preso político. Están jugando a eso”, afirmó.
Larrondo también enmarcó este proceso dentro de un patrón repetido por el gobierno cubano en años recientes.
“Ya el mundo sabe, porque la excarcelación del año pasado fue un fraude y la de este año también”, sostuvo, al tiempo que denunció nuevas acciones represivas en paralelo.
“Están revocando a un montón de presos… acaban de citar a cuatro de San Antonio de los Baños por defender a su amigo Denis… ya veremos para qué”, añadió.
En este contexto, el presidente de Prisoners Defenders alertó sobre lo que considera un intento deliberado de manipulación.
“Mientras todo eso está pasando en Cuba, están tratando de engañar”, dijo, subrayando que las organizaciones independientes estarán vigilantes.
“Las ONG estaremos ojo avizor con todo lo que pase y trataremos de poner los puntos sobre la i para que este engaño no dure ni quince días”, aseveró.
Aunque reconoció que cualquier liberación de presos políticos sería motivo de alivio para sus familias, Larrondo se mostró escéptico sobre el alcance real de la medida.
“Si sueltan algunos presos políticos, aunque sean pocos, lo tenemos que celebrar con sus familias, pero no tenemos mucha esperanza de que esta medida sea realmente seria, lo que Cuba necesita para que haya realmente una liberación de presos políticos sustancial”, concluyó.
El pronunciamiento de Prisoners Defenders llega después de que el Gobierno cubano anunciara este jueves el indulto de 2,010 personas privadas de libertad, en virtud del artículo 90, inciso II de la Constitución.
Según el diario oficial Granma, la decisión responde a un análisis de factores como la conducta en prisión, el tiempo cumplido de la sanción y el estado de salud de los reclusos.
Entre los beneficiados se incluyen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, personas próximas a cumplir su condena, así como extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
Sin embargo, quedaron excluidos quienes cometieron delitos considerados graves, así como reincidentes, multirreincidentes y, de forma significativa, los sancionados por “delitos contra la autoridad”.
Este último elemento ha sido señalado como especialmente problemático, ya que en el contexto cubano suele emplearse contra manifestantes y disidentes, lo que deja fuera del indulto a una parte considerable de los presos por motivos políticos.
La medida se enmarca en una práctica recurrente del régimen, que ha realizado al menos cinco indultos desde 2011, con más de 11,000 personas beneficiadas.
No obstante, en la mayoría de los casos las excarcelaciones han estado compuestas fundamentalmente por presos comunes, sin transparencia sobre la inclusión de presos políticos, cuya existencia el gobierno continúa negando.
En marzo pasado, las autoridades anunciaron la liberación de 51 sancionados tras contactos con el Vaticano, sin detallar identidades ni aclarar si incluían presos políticos.
De igual forma, en enero de 2025 se informó la excarcelación de 553 reclusos en el contexto de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede.
Para Prisoners Defenders, el patrón es claro: anuncios de liberaciones que no implican cambios estructurales ni una verdadera apertura.
“Veremos a ver lo que pasa”, concluyó Larrondo, dejando en suspenso el impacto real de una medida que, por ahora, genera más dudas que expectativas.
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