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El endurecimiento del control digital en Rusia ha dado un nuevo salto en 2026. Según un reportaje de El Mundo, firmado por Xavier Colás, el Kremlin ha comenzado a aplicar cortes de internet móvil en Moscú, restringir aplicaciones como Telegram y WhatsApp y avanzar hacia un modelo en el que solo funcionen servicios autorizados por el Estado.
La medida, presentada como respuesta a amenazas de seguridad, está afectando pagos, bancos, mapas y comunicaciones cotidianas, en lo que expertos describen como un intento de aislar a la población y limitar su capacidad de organización.
El análisis de Colás apunta a un cambio de paradigma: de bloquear páginas concretas a permitir únicamente una “lista blanca” de servicios. Además, Rusia impulsa plataformas estatales como la app de mensajería Max, que, según especialistas citados en el reportaje, podría facilitar la vigilancia directa de los usuarios y detectar prácticas como el uso de VPN.
Este modelo de control no resulta ajeno para los cubanos. Salvando las diferencias de escala, en la isla el acceso a internet también está completamente centralizado bajo el monopolio estatal de ETECSA, lo que permite aplicar restricciones de forma rápida y efectiva.
Organizaciones como Access Now y NetBlocks documentaron cortes masivos de internet en Cuba durante las protestas del 11 de julio de 2021, así como bloqueos selectivos de redes sociales y servicios de mensajería.
La apuesta del Kremlin por la aplicación Max recuerda a intentos similares en Cuba con plataformas como Todus, promovida por ETECSA como alternativa nacional de mensajería.
Sin embargo, mientras en la isla su uso ha sido limitado, en Rusia el Estado combina estas herramientas con restricciones a servicios extranjeros, avanzando hacia un ecosistema digital donde la comunicación pasa, cada vez más, por canales bajo vigilancia.
La similitud no es casual. En los últimos años, Cuba y Rusia han reforzado su cooperación en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, con acuerdos oficiales para la modernización digital y la seguridad de la información.
Aunque estos convenios se presentan como proyectos de desarrollo, expertos y organizaciones como Freedom House han advertido que ambos países avanzan hacia modelos de control cada vez más sofisticados sobre el flujo de información.
En Cuba, además de los apagones puntuales, se han documentado prácticas de vigilancia digital y uso de contenidos en redes sociales como evidencia en procesos judiciales contra activistas y ciudadanos críticos. Esto refleja una estrategia similar a la que describe Colás en Rusia: no se trata solo de censurar, sino de disuadir y controlar el comportamiento.
Lo que hoy ocurre en Moscú confirma una tendencia: regímenes aliados comparten y perfeccionan mecanismos para mantener a la población conectada lo justo para sostener la economía, pero lo suficientemente limitada como para dificultar la protesta y la libre circulación de ideas.
La maquinaria digital del Kremlin: control interno y propaganda externa con Cuba como aliado clave
El endurecimiento del control digital dentro de Rusia no solo tiene implicaciones internas, sino que también se proyecta hacia el exterior, especialmente en países aliados como Cuba.
Mientras el Kremlin avanza en un modelo de vigilancia y restricción del internet —como describe El Mundo—, en paralelo desarrolla una estrategia de influencia informativa en América Latina que refuerza ese mismo ecosistema de control.
Un informe de la Digital News Association (DNA) revela que Rusia ha formado a más de 1,000 influencers en la región, incluidos cubanos, para difundir narrativas pro-Kremlin y desinformación adaptada a cada contexto nacional.
Esta ofensiva digital encaja con la alianza entre Moscú y La Habana en el ámbito mediático y tecnológico. La presencia de RT como único canal extranjero con emisión 24 horas en la televisión cubana, junto con acuerdos en inteligencia artificial y telecomunicaciones, evidencia una coordinación que va más allá de lo informativo.
Mientras dentro de sus fronteras Rusia restringe el acceso a internet y promueve plataformas bajo control estatal, fuera de ellas impulsa contenidos y actores que replican su narrativa.
En el caso cubano, este esquema se complementa con herramientas legales como el Decreto-Ley 35, que penaliza la disidencia en redes, y con prácticas de censura y vigilancia ya documentadas.
El resultado es un modelo híbrido: control interno de la información y expansión externa de la propaganda, con Cuba como uno de sus principales aliados en la región.
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