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La situación de los derechos humanos en Cuba durante 2025 estuvo marcada por un deterioro sostenido de las condiciones de vida y una política sistemática de represión contra el disenso, según el informe global de Amnistía Internacional.
El documento describe un país donde el control político del Estado se mantiene firme mientras la población enfrenta una crisis económica y social cada vez más profunda, caracterizada por escasez, inflación y pérdida del poder adquisitivo.
Amnistía sitúa a Cuba dentro de un grupo de países donde los derechos económicos y sociales sufrieron un deterioro significativo.
La falta de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos refleja un modelo económico incapaz de garantizar condiciones mínimas de bienestar. Esta situación ha derivado en un empobrecimiento generalizado y ha impulsado un éxodo migratorio sin precedentes en los últimos años.
En paralelo, el informe subraya que el aparato represivo del Estado continuó actuando de forma sistemática contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos. Las autoridades restringieron las protestas y recurrieron a detenciones arbitrarias como mecanismo habitual para sofocar cualquier manifestación de descontento.
El uso del sistema judicial con fines políticos es otro de los elementos señalados. Personas consideradas opositoras fueron sometidas a procesos sin garantías, en los que se vulneraron principios básicos del debido proceso.
Aunque algunas fueron excarceladas durante el año, muchas quedaron bajo restricciones severas, y en varios casos las autoridades revocaron esas medidas como represalia por continuar su activismo.
El informe también alerta sobre las condiciones en el sistema penitenciario. Personas privadas de libertad, especialmente por motivos políticos, denunciaron torturas, malos tratos, falta de atención médica y condiciones de reclusión incompatibles con los estándares internacionales.
Asimismo, Amnistía Internacional documenta el uso de desapariciones forzadas como parte del patrón represivo. Estas prácticas suelen comenzar con detenciones arbitrarias seguidas del ocultamiento del paradero de los detenidos, lo que genera incertidumbre y temor entre familiares y la sociedad civil.
La organización concluye que Cuba combina un aparato estatal altamente eficaz en el control político con un colapso progresivo de los derechos económicos y sociales.
Este escenario deja a la población en una situación de vulnerabilidad creciente, sin acceso pleno a libertades fundamentales ni a condiciones de vida dignas.
En este contexto, el informe advierte que la falta de reformas estructurales y de apertura política mantiene al país en una dinámica de deterioro que impacta directamente en millones de cubanos.
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