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La Sala Penal del Tribunal Supremo Popular de La Habana rechazó el pasado 7 de abril un recurso de apelación presentado por la organización Cubalex a favor del artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
El Tribunal Supremo ratificó que su condena se extiende hasta el 9 de julio de 2026, según informó la organización en un comunicado oficial.
El tribunal fundamentó su decisión en que no se le aplicaron rebajas de sanción por buena conducta, descartando así los argumentos legales que sostenían que el artista ya había cumplido su pena de cinco años.
Este fallo es el último eslabón de una cadena de acciones legales impulsadas por Cubalex.
En marzo, la organización presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, argumentando que Otero Alcántara —detenido desde el 11 de julio de 2021 bajo prisión provisional— ya había superado su condena al sumar cuatro años y siete meses de prisión preventiva más aproximadamente ocho meses de rebajas acumuladas por buena conducta según el Decreto-Ley 74, que permite reducciones de hasta 60 días por año.
El Tribunal de Artemisa rechazó el hábeas corpus el 23 de marzo con argumentos que Cubalex calificó de jurídicamente incompatibles: afirmó simultáneamente que Otero estaba en "prisión provisional" y "cumpliendo sanción".
"Estas posiciones son jurídicamente incompatibles y evidencian arbitrariedad o negligencia", señaló la organización.
El caso de Otero Alcántara ha cobrado mayor relevancia en el contexto internacional. La administración Trump administración Trump fijó un ultimátum de dos semanas al gobierno cubano para la liberación de presos políticos, mientras que Washington exigió la liberación de presos políticos de alto perfil, entre ellos el propio Otero Alcántara.
Mientras tanto, el artivista protagonizó una huelga de hambre de ocho días en la prisión de máxima seguridad como forma de protesta.
El indulto masivo de 2,010 reclusos anunciado el 2 de abril por el gobierno cubano no incluyó a los presos políticos de alto perfil, en un contexto en el que Cuba registra un máximo histórico de 1,250 presos políticos, según organizaciones de derechos humanos.
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