Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró el pasado jueves que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática "llega a su fin", apenas dos meses después de su promulgación y cuando organizaciones de derechos humanos reportan que 473 presos políticos siguen encarcelados.
El anuncio se produjo durante la instalación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, celebrada en el Palacio de Miraflores, y tomó por sorpresa a las principales organizaciones venezolanas de derechos humanos, que lo rechazaron de inmediato, según DW.
Rodríguez no ofreció detalles jurídicos sobre el mecanismo de terminación, pero señaló que los casos "excluidos expresamente" en la ley podrían canalizarse a través de otros espacios.
"Esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar", afirmó la mandataria encargada, según EVTV.
El problema central que señalan las organizaciones es que la ley, sancionada el 19 de febrero, no contempla ninguna fecha de caducidad, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para darla por concluida.
Provea calificó la medida de "arbitraria e inconstitucional" y señaló que "no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando".
Acceso a la Justicia fue más preciso: argumentó que la norma solo puede derogarse "mediante otra ley de igual rango" dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que "la intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes".
Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio de "atropello al Estado de derecho" y advirtió que deja en "absoluta vulnerabilidad a las víctimas" al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad "bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico".
El régimen chavista, por su parte, defiende el proceso: el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, informó el miércoles que 8,616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales solo 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares.
Sin embargo, el Foro Penal verificó únicamente 768 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, una cifra muy inferior a la que proclama el gobierno, indicó Infobae. Asimismo, la organización advirtió que la ley solo cubría 13 eventos políticos específicos, dejando fuera a cientos de detenidos, entre ellos 187 militares acusados de rebelión.
Las autoridades venezolanas nunca publicaron un listado oficial de beneficiados, pese a las solicitudes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y de múltiples organizaciones no gubernamentales.
Familiares de presos políticos llevan vigilias ininterrumpidas frente a cárceles como El Rodeo I y El Helicoide desde el 8 de enero de 2026, y el pasado 19 de abril cumplieron 100 días de protestas denunciando que la amnistía avanzó "a cuentagotas".
"Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", concluyó Justicia, Encuentro y Perdón.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.