Un nuevo ataque militar de EE.UU. en aguas del Pacífico oriental dejó al menos tres muertos este domingo, en una operación que ha vuelto a poner bajo escrutinio la creciente campaña de Washington contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en América Latina.
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) difundió en redes sociales un breve video del operativo: en las imágenes se observa una lancha desplazándose a alta velocidad antes de ser alcanzada por una explosión que la convierte en una bola de fuego.
Tras el impacto, la embarcación quedó envuelta en llamas en cuestión de segundos.
Según la versión oficial, se trataba de una nave vinculada a actividades ilícitas.
En su comunicado, el mando militar afirmó haber ejecutado un “ataque cinético letal” contra una embarcación "vinculada con operaciones de narcotráfico".
La operación fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del general Francis L. Donovan.
Sin embargo, más allá de la narrativa oficial, el ataque reabre interrogantes que se repiten desde hace meses: la falta de pruebas públicas, la legalidad de estas acciones y el creciente número de víctimas.
Una campaña sostenida con saldo creciente de muertos
El ataque del domingo no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que Estados Unidos mantiene desde septiembre de 2025, basada en la destrucción de embarcaciones sospechosas en rutas marítimas del narcotráfico.
Las cifras acumuladas reflejan la magnitud de la campaña.
Según reportes de Associated Press, estas operaciones han dejado “al menos 186 muertes en total”. Otros recuentos sitúan la cifra entre 182 y 185 fallecidos tras cerca de 60 ataques similares.
Lo que en un inicio se presentó como acciones puntuales de interdicción marítima ha evolucionado hacia un patrón sistemático.
Golpes rápidos, videos de baja resolución difundidos en redes y balances inmediatos de muertos forman parte de una rutina operativa que evidencia una militarización sostenida en aguas latinoamericanas.
La ausencia de pruebas y el debate sobre ejecuciones extrajudiciales
Uno de los puntos más controvertidos es la falta de evidencia verificable sobre la naturaleza de las embarcaciones atacadas. Esta ausencia de pruebas ha sido señalada como el principal vacío de la operación.
Sin incautaciones documentadas, sin cadenas de custodia ni procesos judiciales, cada ataque queda sustentado únicamente en inteligencia militar no pública.
Para organizaciones de derechos humanos y críticos de la política estadounidense, esto abre la puerta a posibles ejecuciones extrajudiciales.
La destrucción inmediata de las embarcaciones elimina cualquier posibilidad de verificación independiente.
Del narcotráfico al “conflicto armado”
El endurecimiento del discurso oficial también marca un cambio significativo.
Washington ha comenzado a enmarcar estas acciones dentro de un contexto bélico más amplio.
El presidente Donald Trump ha defendido la estrategia al afirmar que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina, justificando los ataques como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Este enfoque se apoya en decisiones políticas recientes.
Una orden ejecutiva de enero de 2025 abrió la puerta para designar a organizaciones criminales como grupos terroristas internacionales, lo que permite aplicar herramientas propias de escenarios de guerra en operaciones que antes se consideraban de seguridad o justicia penal.
En esa lógica, el Comando Sur ha llegado a afirmar que algunas embarcaciones están vinculadas a organizaciones calificadas como terroristas, elevando así el nivel de la amenaza y, al mismo tiempo, reduciendo las exigencias de transparencia propias de un proceso judicial.
Consecuencias legales y presión internacional
La estrategia ya enfrenta desafíos legales. Organizaciones como la ACLU han llevado casos a tribunales estadounidenses tras la muerte de civiles en operaciones similares.
Uno de los precedentes más citados ocurrió en octubre de 2025, cuando un misil estadounidense mató a dos ciudadanos de Trinidad y Tobago que viajaban en una embarcación civil.
La demanda invoca leyes como la Death on the High Seas Act y califica los hechos como “asesinatos extrajudiciales”.
A nivel internacional, también crece la presión.
Familiares de víctimas han iniciado acciones legales y han solicitado investigaciones ante organismos interamericanos, mientras expertos advierten del impacto que estas operaciones pueden tener en la reputación de Estados Unidos y en sus relaciones con países de la región.
Más allá del debate legal, la campaña tiene efectos colaterales en la región. La creciente percepción de riesgo en corredores marítimos podría traducirse en mayores costos para el transporte y el comercio, con incrementos en las primas de seguros y restricciones operativas para navieras.
Al mismo tiempo, la eficacia de la estrategia sigue siendo cuestionada.
Informes previos han señalado que solo una fracción relativamente pequeña del narcotráfico hacia Estados Unidos transita por rutas caribeñas o del Pacífico oriental, lo que pone en duda el impacto real de estas acciones frente a su elevado costo humano.
Preguntas frecuentes sobre los ataques militares de EE.UU. en el Pacífico contra el narcotráfico
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo de los ataques de EE.UU. en el Pacífico oriental?
El objetivo principal de los ataques de EE.UU. en el Pacífico oriental es combatir el narcotráfico. Estas acciones se enmarcan en la Operación Southern Spear, cuyo fin es interrumpir las rutas marítimas utilizadas por los cárteles para transportar drogas desde América Latina hacia Estados Unidos. La operación está diseñada para atacar embarcaciones vinculadas a organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas.
¿Cuántas muertes han resultado de estos ataques?
Desde el inicio de la campaña, se estima que han muerto al menos 186 personas. Estos ataques son parte de una estrategia sostenida desde septiembre de 2025 que ha involucrado cerca de 60 operativos similares. La cifra exacta puede variar según diferentes reportes, pero destaca el elevado costo humano de estas acciones.
¿Qué controversias rodean a estos ataques?
Las principales controversias incluyen la falta de pruebas verificables y las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. Críticos y organizaciones de derechos humanos han señalado la ausencia de evidencia pública sobre la naturaleza de las embarcaciones atacadas, lo que abre la puerta a señalamientos de actos ilegales y violaciones de derechos humanos. Además, la destrucción inmediata de las embarcaciones impide cualquier verificación independiente.
¿Cómo ha justificado EE.UU. estos ataques?
Estados Unidos justifica estos ataques como parte de un "conflicto armado" contra los cárteles de drogas. La administración de Donald Trump ha enmarcado estas acciones dentro de una estrategia de seguridad nacional, argumentando que las organizaciones criminales representan una amenaza directa para el país. Además, una orden ejecutiva permite tratar a estos grupos como organizaciones terroristas, justificando el uso de fuerza letal sin necesidad de procesos judiciales previos.
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