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Este miércoles se cumplen cuatro años de la explosión que destruyó parcialmente el Hotel Saratoga de La Habana, una tragedia que dejó al menos 47 muertos, más de 99 heridos y decenas de familias desplazadas, y para la que el régimen cubano nunca ha ofrecido una rendición de cuentas pública.
El 6 de mayo de 2022, a las 10:50 de la mañana, un camión cisterna que suministraba gas licuado al hotel —cerrado desde 2020 por la pandemia y en proceso de reapertura— provocó una detonación que derrumbó la fachada del edificio y causó graves daños en inmuebles aledaños. Las autoridades cubanas atribuyeron el desastre a un «salidero de gas», sin que jamás se presentara un informe oficial completo ni una lista formal de condenados.
Entre los 47 fallecidos figuraban cuatro menores de edad, una mujer embarazada y 23 trabajadores del propio hotel. La explosión afectó las viviendas de 95 cubanos, con 38 inmuebles con daños directos, y 22 familias del edificio Prado 609, colindante al hotel, fueron desplazadas a la Villa Panamericana.
Entre las víctimas extranjeras estuvo la turista española Cristina López-Cerón Ugarte, de 29 años, natural de Viveiro (Lugo), quien paseaba frente al hotel cuando la onda expansiva la alcanzó. Su novio, César Román Santalla, resultó herido de gravedad y fue operado en el hospital Calixto García. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó la muerte de Cristina al día siguiente, y el presidente Pedro Sánchez expresó sus condolencias públicamente. España colocó una ofrenda floral frente al hotel días después en señal de duelo.
Cuatro años después, la impunidad es la respuesta del régimen. Medios cubanos reportaron en 2023 —sin detalles judiciales públicos ni confirmación oficial— que algunos funcionarios habrían sido sancionados por su responsabilidad en la tragedia, pero no hubo juicio público, ni sentencias transparentes, ni rendición de cuentas formal ante las familias. No se conoce ningún mecanismo de compensación económica para los deudos de los fallecidos, los heridos ni los vecinos desplazados.
El ministro de turismo cubano, Juan Carlos García Granda, sigue en su puesto sin haber sido rozado por las consecuencias de esta tragedia. El entonces director de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), Juan Torres Naranjo, responsable del suministro de gas licuado, fue reemplazado en agosto de 2022 tras el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, pero fue promovido a viceministro del ministerio de Energía y Minas (MINEM). Su lugar lo ocupó Néstor Pérez Franco, anteriormente director adjunto de CUPET.
Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz prometieron investigaciones y esclarecimiento de los hechos, y nada pasó con sus promesas ni sus responsabilidades de gobierno. En julio de ese mismo año (2022), falleció misteriosamente el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe del conglomerado de empresas militares que controlan —entre otras muchas fuentes de divisas— los hoteles y el turismo en Cuba, el gigante Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA).
En contraste, reportes de medios independientes indicaron que Adel de la Torre Hernández, un joven rescatista y voluntario que ayudó tras la explosión, fue condenado a 7 años de cárcel, no por el accidente, sino por su presunta participación en las protestas del 11 de julio de 2021
El abandono institucional ha sido documentado. En abril de 2024, casi dos años después de la tragedia, una madre denunció que el cuerpo de su hijo aún no había sido identificado correctamente, impidiéndole realizar los trámites de duelo.
El edificio Prado 609 fue demolido en mayo de 2023. El gobierno prometió en octubre de ese año que la rehabilitación era «prioridad» y que los vecinos podrían regresar para agosto de 2025. Sin embargo, las familias del edificio colindante al Saratoga siguen sin respuestas: para mayo de 2025, la obra apenas había comenzado en la fase de cimientos.
Las familias enviaron cartas al Gobierno de La Habana, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a GAESA. La respuesta de GAESA fue que el caso «no le competía». Las demás entidades no dieron respuesta formal. Muchos de los desplazados han emigrado ante la falta de soluciones.
Mientras tanto, el nuevo Hotel Saratoga avanza en su reconstrucción sin que se haya aclarado públicamente quién financia las obras ni bajo qué condiciones, en un país donde la opacidad institucional convierte cada tragedia en un asunto de Estado sin víctimas reconocidas ni responsables nombrados.
Cuatro años después de la explosión, la lista de víctimas del Saratoga sigue siendo el único registro visible de una catástrofe que el régimen cubano prefiere enterrar junto a sus muertos.
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