DeSantis dice que podría cerrar "Alligator Alcatraz"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este jueves estar dispuesto a cerrar el polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades conocido como «Alligator Alcatraz», al confirmar que siempre fue concebido como una instalación temporal.

«Estamos dispuestos a ajustarnos a lo que tenga sentido, pero siempre fue diseñado como una instalación temporal», dijo DeSantis a la prensa, tras conocerse que Florida y la administración Trump mantienen conversaciones preliminares sobre el posible cierre del centro.

El reporte fue publicado este jueves por The New York Times, que citó a un funcionario federal anónimo, a un exfuncionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a una persona cercana a la administración del gobernador.

Según el diario, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habrían concluido internamente que mantener en operación la instalación resulta demasiado costoso, con gastos que superan el millón de dólares diarios y proyecciones anuales de entre 245 y 450 millones de dólares.

DeSantis defendió el balance del centro antes de hablar de su posible cierre: «Ha tenido un impacto importante y, si mañana apagamos las luces, podremos decir que cumplió su propósito, porque ayudó con casi 22,000 inmigrantes indocumentados. Y de eso se trata todo».

El gobernador también afirmó que «en algún momento se va a cerrar» y que «ese siempre fue el objetivo, y el aeropuerto volverá a su uso normal».

El DHS, sin embargo, desmintió en un comunicado estar presionando al estado para cesar operaciones: «Cualquier informe de que el DHS está presionando al estado para que cese las operaciones en Alligator Alcatraz es falso. Florida continúa siendo un socio valioso en el avance de la agenda migratoria del presidente Trump».

La instalación fue construida en apenas ocho días usando poderes de emergencia estatales y abrió el 3 de julio de 2025 en el aeropuerto Dade-Collier, dentro del Big Cypress National Preserve, como el primer campo de detención de inmigrantes administrado por un estado en Estados Unidos.

Florida solicitó un reembolso federal de 608 millones de dólares para cubrir costos de operación, pero esos fondos permanecen bloqueados pendientes de revisión por parte de las autoridades federales.

Desde su apertura, el centro ha acumulado una larga lista de denuncias. Amnistía Internacional documentó tortura y trato cruel, incluyendo hacinamiento, temperaturas extremas, escasez de alimentos y atención médica deficiente.

En abril, una nueva demanda denunció la golpiza al cubano Raiko López y el uso de gas pimienta en celdas cerradas, acusaciones que el estado de Florida rechazó calificándolas de motivadas políticamente.

En marzo, detenidos cubanos denunciaron escasez de alimentos y pérdida de hasta 20 libras en dos meses, lo que desató protestas dentro del recinto.

En el plano judicial, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito revocó el 22 de abril la orden de cierre dictada por una jueza federal en agosto de 2025 por violaciones ambientales, permitiendo que el centro continuara operando.

El DHS indicó que evalúa de forma continua las necesidades de detención «para garantizar que cumplan con los requerimientos operativos más recientes» y que revisa la solicitud de reembolso de Florida antes de liberar los fondos, lo que sugiere que la decisión final sobre el futuro del centro dependerá tanto de consideraciones económicas como de la coordinación entre el estado y el gobierno federal.