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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la House Bill 757 (HB 757), una ley de seguridad escolar que extiende el programa de guardianes armados del estado a las universidades y colleges públicos de Florida.
DeSantis firmó la legislación en el Miami Dade College ante funcionarios y legisladores, en el marco del Education Commissioner's Summit, que sesionó bajo el lema "Apoyando Escuelas Seguras", según reporta Local 10.
La nueva norma amplía el School Guardian Program -creado en 2018 tras la masacre de Parkland, que dejó 17 muertos- a las instituciones públicas de educación superior, permitiendo que empleados y docentes universitarios designados por el presidente de cada institución porten armas tras recibir entrenamiento especializado.
Hasta la firma de HB 757, el programa de guardianes se aplicaba exclusivamente en escuelas de educación primaria y secundaria (K-12).
La ley también obliga a los sheriffs a asistir a las instituciones postsecundarias públicas en la implementación del programa y a establecer o coordinar la capacitación de los guardianes.
DeSantis resumió el alcance de la nueva ley en X: "Seguiremos impulsando políticas que mantengan seguros a nuestros estudiantes en las instituciones de educación superior de Florida".
Entre las medidas adicionales, la legislación crea un nuevo delito grave de segundo grado por disparar un arma dentro de 1,000 pies (unos 304 metros) de una escuela durante horario escolar o de actividad, y exige evaluaciones anuales de riesgo de seguridad en todos los campus del estado.
La ley también requiere la transferencia de registros de conducta estudiantil, evaluaciones psicológicas e informes de amenazas desde K-12 a las instituciones postsecundarias al momento de la matrícula, y establece equipos de gestión de amenazas y entrenamiento para el personal docente para intervenir con estudiantes que muestren problemas de salud conductual.
El antecedente inmediato más relevante para esta legislación es el tiroteo en Florida State University del 17 de abril de 2025, en el que Phoenix Ikner, estudiante de 20 años e hijastro de una agente del sheriff del condado de Leon, abrió fuego en el campus de Tallahassee y mató a dos personas.
No obstante, la medida no está exenta de críticas.
Organizaciones como Moms Demand Action y Students Demand Action rechazaron la ley, argumentando que "desmantela las zonas libres de armas" en los campus públicos y la calificaron de peligrosa para los estudiantes.
La HB 757 se enmarca en una trayectoria legislativa más amplia de DeSantis en materia educativa.
En 2025, el gobernador ya había firmado un paquete de ocho leyes que incluía la prohibición del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, así como iniciativas de salud mental estudiantil.
Preguntas frecuentes sobre la ley de seguridad escolar en Florida y su contexto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la House Bill 757 (HB 757) firmada por DeSantis?
La House Bill 757 (HB 757) es una ley de seguridad escolar que extiende el programa de guardianes armados a universidades y colleges públicos de Florida. Permite que empleados y docentes universitarios designados porten armas tras recibir entrenamiento especializado.
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¿Cuáles son las críticas principales a la ley de seguridad escolar en Florida?
Organizaciones como Moms Demand Action y Students Demand Action rechazan la ley porque desmantela las zonas libres de armas en los campus públicos y la consideran peligrosa para los estudiantes, argumentando que aumenta el riesgo de violencia armada en las instituciones educativas.
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¿Qué motivó la firma de la HB 757 en Florida?
El tiroteo en Florida State University el 17 de abril de 2025 motivó la firma de la HB 757. Este incidente trágico, en el que murieron dos personas y seis resultaron heridas, subrayó la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en los campus universitarios.
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¿Cómo se relaciona la ley HB 757 con otras políticas de DeSantis en Florida?
La ley HB 757 forma parte de una serie de medidas de seguridad y educación impulsadas por DeSantis. Se enmarca en una trayectoria legislativa que incluye desde restricciones en el uso de celulares en escuelas hasta políticas de seguridad más amplias que afectan a la vigilancia de estudiantes y la transferencia de registros entre instituciones educativas.
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