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Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron este lunes una guía provisional que detalla qué grupos quedarán exentos de los nuevos requisitos laborales de Medicaid, cumpliendo el plazo establecido en la ley «One Big Beautiful Bill» impulsada por el presidente Donald Trump.
Según la guía publicada por el CMS, a partir del 1 de enero de 2027 los adultos de entre 19 y 64 años inscritos en la expansión de Medicaid deberán trabajar, estudiar, hacer voluntariado o participar en capacitación laboral al menos 80 horas al mes para mantener su cobertura médica.
La norma aplica a 42 estados y el Distrito de Columbia.
¿Quiénes quedan exentos?
La guía establece los siguientes grupos exentos:
-mujeres embarazadas y en período posparto.
-padres o cuidadores de niños de 13 años o menores.
-veteranos con discapacidades.
-personas con discapacidad.
-personas consideradas «médicamente frágiles».
-quienes padecen trastornos por uso de sustancias.
-nativos americanos y nativos de Alaska.
-quienes ya cumplen requisitos laborales de programas como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
La norma no incluye una exención para personas sin hogar, lo que ha generado críticas adicionales.
Durante 2027, los beneficiarios podrán auto-declarar en sus formularios de renovación que califican para una exención sin presentar documentación.
A partir de 2028, los estados deberán verificar esas exenciones mediante datos de reclamaciones médicas.
La polémica definición de «médicamente frágil»
Uno de los puntos más controvertidos es la definición restrictiva de «médicamente frágil».
El CMS vincula esta categoría a la capacidad de trabajar: no basta con tener un diagnóstico grave, sino que la condición debe «significativamente impedir» cumplir las 80 horas mensuales.
«Ya no será suficiente estar en tratamiento activo contra el cáncer. Ahora tiene que ser un proceso de dos pasos: que estés en tratamiento y que ese tratamiento te impida cumplir los requisitos laborales», explicó Kinda Serafi, experta en Medicaid de Manatt Health.
Grupos de pacientes rechazaron la interpretación.
Lisa Lacasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer, fue directa: «El cáncer no esperará mientras las oficinas de Medicaid procesan papeleo».
Carl Schmid, del Instituto de Política sobre VIH y Hepatitis, advirtió que «este requisito adicional no estaba en la ley y pone en riesgo la salud de las personas que viven con VIH y hepatitis viral».
Millones podrían perder su cobertura
Las proyecciones apuntan a pérdidas masivas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los requisitos dejarán sin seguro a unas cinco millones de personas para 2034, principalmente por obstáculos administrativos.
El propio CMS calculó entre 3.1 y 3.3 millones por año hasta 2036, mientras que el Urban Institute proyectó entre 4.9 y 10.1 millones en 2028.
El representante demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey) criticó la medida: «Millones de estadounidenses perderán su atención médica no porque no estén trabajando, sino simplemente porque quedaron enterrados en papeleo».
La postura de la administración y el costo para los estados
El administrador del CMS, el Dr. Mehmet Oz, defendió la política como una vía para liberar recursos hacia quienes más los necesitan.
«Estas personas están saturando programas que fueron diseñados originalmente para quienes verdaderamente los necesitan», afirmó.
Sobre posibles fraudes en las auto-declaraciones, Oz fue enfático: «Somos comprensivos, pero no somos ingenuos».
Los estados recibirán un total de 200 millones de dólares en subsidios para apoyar la implementación.
Seis gobernadores demócratas enviaron el viernes pasado una carta a la administración Trump pidiendo un retraso si las reglas finales diferían de sus supuestos de planificación.
El Senado de Florida aprobó en marzo una ley que introduce requisitos laborales similares para ciertos beneficiarios de Medicaid.
Nebraska, por su parte, ya se convirtió en el primer estado en implementar los nuevos requisitos desde el 1 de mayo de 2026, elaborando una lista de casi 300 páginas de códigos médicos para determinar qué condiciones califican como «médicamente frágil», y afectando potencialmente a unos 72,000 beneficiarios.
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