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El régimen cubano volvió a escudarse en el embargo estadounidense para justificar el colapso de su sistema de salud, pese a que en los últimos años ha destinado más inversiones al turismo que a ese sector esencial.
La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, declaró en el espacio televisivo Mesa Redonda que las sanciones de Washington provocaron pérdidas superiores a 288 millones de dólares al sector sanitario cubano entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
Peña señaló que la situación se agravó tras las órdenes ejecutivas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump en 2026, y cifró el daño acumulado al sistema de salud en más de 4,183 millones de dólares a lo largo de más de seis décadas.
«Son cifras que equivalen a hospitales sin recursos, consultas suspendidas y tratamientos que no llegan a quienes más los necesitan», lamentó la funcionaria ante las cámaras de la televisión estatal.
La viceministra afirmó que el embargo impacta todos los niveles de atención —primario, secundario y terciario— y que incluso los apagones que paralizan los hospitales son consecuencia de las sanciones norteamericanas.
Sin embargo, los propios datos oficiales del régimen desmienten esa narrativa. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información correspondientes a 2024, Cuba destinó más de 36,800 millones de pesos cubanos a actividades vinculadas al turismo, mientras que la salud pública y asistencia social apenas recibió 1,977 millones de pesos, apenas el 1,3% del total de la inversión nacional.
Eso significa que las inversiones en turismo volvieron a superar a las de salud pública por un margen de casi 19 veces, pese a que la tasa de ocupación hotelera apenas alcanza el 23%.
El economista cubano Pedro Monreal calificó este modelo como «muy deformado» e «injustificado», y advirtió que «la contradicción entre un turismo en declive que sigue tragando desaforadamente los escasos recursos de inversión y una crisis alimentaria a la deriva expresa, cuando menos, una política inmovilista».
El sector hotelero cubano está controlado en gran medida por GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En julio de 2025, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. criticó la millonaria inversión del régimen en turismo con una frase directa: «Los hoteles vacíos reciben electricidad, mientras que los niños cubanos carecen de medicamentos y leche».
El colapso sanitario es una realidad documentada que precede a las sanciones de Trump. El propio ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero de 2026 que el gobierno no resolvería en el corto plazo la falta de recursos, medicamentos y materiales médicos.
Los hospitales cubanos operan con menos del 30% del cuadro básico de medicamentos, sufren apagones de hasta 20 horas diarias y registran derrumbes parciales en su infraestructura. En noviembre de 2025 cayó parte del techo del Hospital Calixto García de La Habana.
Las consecuencias sobre la población son devastadoras: 96,387 pacientes aguardan en lista de espera quirúrgica, entre ellos 11,193 niños. La mortalidad infantil escaló de 4,0 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, mientras la mortalidad materna pasó de 40,6 en 2024 a 44,1 en 2025, según datos del propio Ministerio de Salud.
El régimen lleva décadas usando el embargo como comodín para justificar sus fracasos, pero sus propias cifras de inversión revelan una elección deliberada: hoteles para la nomenclatura militar, hospitales en ruinas para el pueblo cubano.
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