El régimen cubano vuelve a recurrir a controles, multas y denuncias ciudadanas contra comerciantes en medio de la escalada de precios de los alimentos, apenas semanas después de haber reconocido públicamente el fracaso de los topes y eliminado los límites nacionales para varios productos básicos.
El Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución habilitó un número de WhatsApp para que la población denuncie negocios privados o estatales por “precios abusivos y especulativos”, entre otras supuestas irregularidades que denunció el organismo en sus redes sociales.
Las autoridades piden informar el nombre y dirección del negocio, fecha y hora de los hechos, una explicación de lo ocurrido y los datos del denunciante. “Redacte bien para facilitar la acción de enfrentamiento”, señala la publicación, acompañada de la consigna “Tolerancia 0”.
La iniciativa recupera una práctica con larga historia bajo el régimen cubano: involucrar al ciudadano en mecanismos de vigilancia y delación sobre otros ciudadanos.
Aunque los canales para denunciar irregularidades comerciales existen en numerosos países, en Cuba la iniciativa adquiere otra dimensión por su combinación con el lenguaje de “enfrentamiento”, las inspecciones, multas, ventas forzosas y paralización de negocios.
Del fracaso de los topes a volver a controlar
La ofensiva resulta especialmente contradictoria porque el propio Miguel Díaz-Canel reconoció el pasado 18 de junio que los topes habían fracasado.
“Los topes de precios en la práctica no lograron contener la inflación”, admitió entonces, y reconoció que habían provocado “desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios” y una carrera entre los precios reales y las decisiones administrativas.
“Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general”, aseguró.
Tres días después, la Resolución 150/2026 eliminó formalmente los precios máximos nacionales para pollo troceado, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas. La decisión coincidió con las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen, que incluyeron una formación de precios más descentralizada y basada en referencias de mercado.
Pero los precios se dispararon mientras permanecían las causas estructurales de la crisis: escasez, desplome productivo, depreciación del peso, elevados costos y dificultades para acceder a divisas.
Ahora el régimen vuelve sobre sus pasos.
Multas por aceite a 4.500 CUP
En una inspección realizada en la Feria Municipal del Parque John Lennon, las autoridades de Plaza de la Revolución reportaron huevos a 5.000 CUP, aceite a 4.500, picadillo a 750 y salchichas a 1.200 CUP, precios que calificaron de “especulativos”.
Los responsables recibieron multas de 10.000 CUP. También hubo sanciones por otras irregularidades, ventas forzosas y paralización temporal de establecimientos.
Las multas por precios se amparan en el artículo 7, inciso l), del Decreto 30 de 2021, que sanciona con entre 8.000 y 10.000 CUP la aplicación de precios “abusivos o especulativos”.
La norma considera “abusivo” un crecimiento del precio por encima de un “rango razonable” destinado a obtener una ganancia “desmedida”, conceptos que dejan un considerable margen de interpretación administrativa.
La contradicción resulta especialmente evidente con el aceite y las salchichas: son precisamente dos de los productos cuyos topes nacionales fueron eliminados en junio.
Si el Estado eliminó el precio máximo del aceite, ¿qué referencia transparente determina ahora que venderlo a 4.500 CUP merece una sanción?
Topar, liberar, perseguir y denunciar
El recorrido resume el estira y encoge de la política económica cubana: el régimen topó precios, comprobó el desabastecimiento, reconoció públicamente el fracaso, eliminó los topes y, cuando los precios aumentaron, volvió a intervenir mediante gobiernos territoriales, inspecciones y sanciones.
Nada de ello resuelve las causas que hacen que un litro de aceite pueda alcanzar los 4.500 CUP. Un inspector no aumenta la producción nacional, una multa no fortalece el peso y una venta forzosa no reduce los costos de importación.
En redes sociales, cubanos califican las nuevas medidas como el regreso a “métodos fracasados” y critican el llamado a la delación ciudadana de comerciantes como solución a la desbocada inflación.
La paradoja es que el propio Díaz-Canel explicó hace menos de dos meses adónde conduce esta política: desaparición de productos, mercados ilegales y mayores precios.
Sin embargo, ante una inflación que no consigue controlar atacando sus causas, el régimen vuelve a la receta conocida: intervenir los precios, castigar al vendedor y ahora pedir también al vecino que lo denuncie.
Vídeos relacionados:
Archivado en: