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El Gobierno cubano anunció una profunda reforma de su política de precios que supone, en la práctica, el abandono de uno de los pilares históricos de la economía centralizada: la fijación administrativa de precios basada en los costos de producción y los controles generalizados impuestos desde el Estado.
La medida forma parte del paquete de transformaciones económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en medio de una crisis económica que el propio régimen reconoce como la más grave desde el Período Especial.
Entre los cambios anunciados destaca la descentralización de la facultad para aprobar precios y tarifas, que pasará a empresas y administraciones territoriales.
Además, se elimina el método tradicional de formación de precios basado exclusivamente en los gastos. En su lugar, las autoridades pretenden utilizar referencias de mercado y la posición de cada producto dentro de la cadena de valor.
El giro supone una admisión implícita del fracaso de décadas de intervencionismo estatal y, especialmente, de la política de topes de precios aplicada durante los últimos años para intentar contener una inflación que continúa golpeando con fuerza a la población cubana.
El miércoles, Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente lo que economistas independientes y expertos venían advirtiendo desde hacía años: los controles de precios no lograron frenar la inflación y, por el contrario, contribuyeron al desabastecimiento, la expansión del mercado negro y el encarecimiento de numerosos productos.
«Los topes de precio en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios y menos recaudación de impuestos», admitió el gobernante durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista.
Se trata de una autocrítica poco habitual en un sistema político que durante años atribuyó el deterioro económico casi exclusivamente a las sanciones estadounidenses, mientras desestimaba las advertencias sobre los efectos negativos de las regulaciones estatales.
El reconocimiento llega después de múltiples intentos fallidos de controlar administrativamente los precios.
Uno de los ejemplos más notorios fue la Resolución 225 de 2024, que establecía precios máximos para productos básicos como pollo, aceite, leche en polvo y detergente.
La medida terminó siendo parcialmente suspendida incluso antes de su entrada en vigor debido a las tensiones generadas con importadores y comerciantes privados.
En aquel momento, especialistas alertaron que la iniciativa agravaría la escasez y estimularía los mercados informales. Dos años después, el propio Gobierno ha terminado reconociendo esos efectos.
La reforma anunciada por Marrero también refleja hasta qué punto la crisis económica ha obligado al régimen a aceptar mecanismos de mercado que durante décadas fueron considerados incompatibles con la ortodoxia socialista.
El uso de precios de referencia de mercado como criterio para fijar tarifas representa un alejamiento significativo de los principios que han guiado la planificación centralizada desde 1959.
Sin embargo, el cambio llega en un contexto extremadamente delicado. La inflación se mantiene por las nubes, los salarios continúan perdiendo capacidad adquisitiva y la depreciación acelerada del peso cubano ha llevado al dólar a cotizaciones récord en el mercado informal.
Aunque las autoridades aseguran que la liberalización parcial de los precios estará acompañada por nuevas políticas de protección social, persisten dudas sobre la capacidad financiera del Estado para compensar el impacto que podrían tener estas medidas sobre una población cada vez más empobrecida.
Más allá de los anuncios, la reforma constituye una de las rectificaciones económicas más importantes realizadas por el Gobierno cubano en los últimos años y representa el reconocimiento oficial de que una de sus herramientas más emblemáticas para intervenir la economía terminó agravando muchos de los problemas que pretendía resolver.
Preguntas frecuentes sobre la reforma de política de precios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios ha anunciado el gobierno cubano respecto a su política de precios?
El gobierno cubano ha decidido abandonar la fijación administrativa de precios y los controles generalizados que se imponían desde el Estado. La nueva política permitirá que empresas y administraciones territoriales aprueben precios y tarifas, basándose en referencias de mercado y la posición de cada producto en la cadena de valor.
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¿Por qué el régimen cubano ha decidido abandonar el control de precios?
La decisión se debe a que los controles de precios no lograron frenar la inflación y, en cambio, contribuyeron al desabastecimiento, la expansión del mercado negro y el encarecimiento de productos. Este reconocimiento del fracaso de la política de topes de precios llega en medio de una grave crisis económica en el país.
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¿Cuáles son las consecuencias esperadas de la nueva política de precios en Cuba?
El régimen espera que la liberalización parcial de los precios ayude a corregir distorsiones económicas y fomente una mayor eficiencia en los mercados. Sin embargo, hay dudas sobre si el Estado podrá implementar políticas de protección social efectivas para mitigar el impacto de estas medidas en una población que ya enfrenta una inflación elevada y salarios depreciados.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las críticas a su política económica?
El gobierno ha reconocido públicamente los errores en sus políticas económicas, especialmente en lo que respecta a los topes de precios. En discursos recientes, se ha admitido que parte de los problemas económicos son internos, lo que representa una autocrítica poco común en el régimen.
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¿Qué otros cambios económicos ha propuesto el gobierno cubano?
Además de eliminar los controles de precios, el régimen ha anunciado la apertura a la inversión extranjera en el sector privado, el permiso para que cubanos en el exterior inviertan en la isla y la autorización para que el sector no estatal importe y comercialice combustibles. Estas medidas son parte de un paquete más amplio de transformaciones económicas.
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