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Uber puso en marcha el 29 de junio una reforma profunda en sus políticas de seguridad: nuevos controles de antecedentes penales que se aplicarán de manera uniforme en todo EE.UU., tanto a nuevos conductores y repartidores como a quienes ya operan en la plataforma, con un impacto especialmente sensible en el sur de Florida.
Hasta ahora, el mecanismo de verificación presentaba fallos estructurales que una investigación de The New York Times publicada en diciembre de 2025 dejó al descubierto: en 35 estados, los controles se limitaban a los últimos siete años de residencia del solicitante, lo que significaba que «delitos cometidos en otros lugares podían no ser detectados».
Aún más grave: en 22 estados, la plataforma permitía que conductores con condenas por «numerosos otros delitos -incluidos delitos violentos, abuso infantil, asalto y acecho- continuaran operando si esas condenas superaban los siete años de antigüedad.
¿Qué cambia con la nueva política?
Bajo el nuevo esquema, Uber realizará un rastreo de antecedentes que abarca hasta 99 años de historial criminal, vinculado al número de Seguro Social del conductor y cruzado con registros judiciales de todas las jurisdicciones donde haya residido.
Los conductores activos quedarán sujetos a estas verificaciones durante sus revisiones anuales.
La medida se extiende también a los repartidores de Uber Eats.
La lista de delitos que implican descalificación permanente se amplía considerablemente.
A las prohibiciones ya existentes por homicidio, secuestro, terrorismo y delitos sexuales, se suman ahora robo a mano armada, agresión agravada, incendio provocado, abuso y negligencia infantil, acoso persistente y estrangulamiento.
En sus propias palabras, la nueva política excluirá a conductores con «cualquier historia de delitos violentos, delitos sexuales, acecho o delitos de estrangulamiento» en «cualquier punto de sus vidas».
La empresa indicó que consultó a líderes de «organizaciones de derechos civiles y de seguridad de las mujeres» para actualizar sus criterios.
Uber contempla una excepción para aproximadamente 2,000 conductores de larga trayectoria: podrán conservar el acceso siempre que sus condenas tengan más de 15 años de antigüedad, no correspondan a delitos sexuales y no hayan acumulado incidentes graves durante su tiempo en la plataforma.
El peso de las demandas judiciales
El anuncio no es casual.
Uber enfrenta actualmente más de 3,000 demandas consolidadas en tribunales federales por presuntas agresiones sexuales cometidas por conductores.
En febrero de este año, un jurado en Phoenix condenó a la empresa a pagar 8.5 millones de dólares al considerar que no evitó una agresión sexual cometida por uno de sus conductores, según informó Bloomberg.
Entre 2017 y 2022, Uber recibió más de 400,000 denuncias de agresión sexual o conducta inapropiada en EE.UU., cifra muy superior a los 12,522 casos graves que la empresa reportó públicamente.
El impacto en el sur de Florida
Para la comunidad cubana y latinoamericana del sur de Florida, donde miles de residentes dependen de Uber como fuente de ingresos principal o complementaria, los cambios generan incertidumbre.
Ciudades como Miami, Hialeah, Doral, Fort Lauderdale y West Palm Beach concentran una alta densidad de conductores de plataformas digitales.
La región es una de las de mayor actividad de Uber en el país por el tráfico constante en el Aeropuerto Internacional de Miami, el Puerto de Miami y Puerto Everglades.
El contexto local añade urgencia a la medida.
En junio de este año, el conductor cubano Yusel Pérez Leyva, de 42 años, fue arrestado en Doral acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una pasajera recogida en Miami Beach.
En marzo de 2025, otro conductor cubano, Yaroslandys Elozegui Romero, de 35 años, fue detenido por obligar a una clienta a realizar actos sexuales en la autopista SR 826.
Uber no ha informado cuántos conductores podrían verse afectados específicamente en Florida, aunque sostiene que más del 99.9% de los viajes concluyen sin incidentes de seguridad y que continuará reforzando sus mecanismos de selección para responder a las exigencias de usuarios, autoridades y reguladores.
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