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Ingenieros civiles y especialistas en construcción exigen al gobierno venezolano una auditoría urgente de las viviendas públicas que permanecen en pie tras los terremotos del 24 de junio, alertando que décadas de negligencia y corrupción bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro probablemente agravaron el número de víctimas del desastre, según un reportaje de Reuters.
El 29 de junio, dos sismos consecutivos destruyeron partes de un complejo de 1.100 viviendas públicas, sumando más devastación a un país que ya contabilizaba, al cierre de este miércoles, al menos 2.295 fallecidos, más de 10.571 heridos y más de 54.000 desaparecidos.
Los expertos apuntan directamente al legado constructivo del chavismo como factor agravante del desastre.
«La historia de la vivienda pública de Chávez es una de corrupción y construcciones de baja calidad construidas sin supervisión, inspección o adhesión a códigos específicos en muchos casos», declaró Casanova, uno de los especialistas consultados por Reuters.
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), programa que entre 2011 y 2017 levantó más de 1,3 millones de unidades habitacionales para familias de bajos recursos, quedó en el centro de las críticas. Varios de sus edificios fueron construidos en zonas geológicamente riesgosas, con fisuras y grietas previas al sismo, y sin cumplir normas sismorresistentes.
Los profesionales señalan que la falta de vigilancia de los códigos de construcción, la inestabilidad del suelo y las prácticas de licenciamiento defectuosas bajo ambos gobiernos «probablemente agravaron el costo humano del desastre», aunque reconocen que aún es pronto para determinar con exactitud por qué colapsaron edificios específicos.
Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros —hasta el 30 de junio habían rescatado a 6.461 personas y otras 13.400 lograron salir por sus propios medios—, los ingenieros temen que otras estructuras sigan siendo vulnerables.
Ante esa amenaza latente, la arquitecta e ingeniera civil Glennys González coordina a decenas de profesionales voluntarios que ofrecen evaluaciones directamente a los ciudadanos, ante la inacción del Estado.
«La evaluación inicial de nuestro grupo sugiere que los códigos no se adhirieron en muchos casos, pero se deben realizar estudios para determinar por qué algunas estructuras resistieron el impacto y otras colapsaron completamente», explicó González.
El panorama estructural es alarmante: unas 63.000 edificaciones resultaron dañadas en todo el país, 434 edificios colapsaron por completo solo en Catia La Mar —el 30% de las construcciones de esa zona— y 750 presentan daño estructural severo en los distritos Capital, La Guaira y Carabobo.
El gobierno de Maduro ha recibido críticas por su respuesta lenta a las ofertas de apoyo técnico. Aunque ha sostenido reuniones con la principal asociación profesional de ingenieros del país, no ha iniciado evaluaciones formales.
El domingo 29 de junio, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión para revisar las estructuras dañadas, pero no precisó cuándo arrancarían los trabajos, lo que ha generado frustración creciente entre los especialistas.
Las pérdidas económicas derivadas del desastre se estiman en 6.700 millones de dólares según una evaluación satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cifra que refleja el costo de años de construcción sin controles sobre una de las zonas sísmicas más activas de América del Sur.
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