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Wilmer Rodríguez, vecino de la residencia El Dorado en el estado Vargas, denunció este jueves que le exigen 9,000 dólares por traer maquinaria pesada para rescatar a tres familiares atrapados bajo los escombros, ocho días después del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela.
Sus primos —identificados como Lesbia, su esposo Juan Carlos y Fabiana— permanecen sepultados bajo placas de concreto en la residencia El Dorado sin que ningún equipo de rescate oficial haya llegado al lugar.
«Nos están cobrando 9,000 dólares por traer maquinaria. Aquí no ha llegado nadie… necesito ayuda para sacar a mis primos de ahí», declaró Rodríguez en un testimonio difundido por la organización opositora Vente Venezuela.
El hombre relató que la única ayuda recibida provino de amigos llegados desde Caracas, quienes removían piedras con las manos y aportaron agua.
«Nosotros estamos recibiendo apoyo de nadie, estamos con las manos. Solamente un piso, una pala», afirmó.
Rodríguez precisó que la hija de una de sus primas, quien logró salir con vida, intentó gestionar el acceso a maquinaria especializada, pero le exigieron esa suma para movilizarla.
«Todos nos están pidiendo esa cantidad de plata para poder mover una placa para sacar a mis primos que están ahí. Son unos seres humanos», señaló con desesperación.
Al momento del testimonio, ninguno de los tres familiares había sido localizado y Rodríguez desconocía si seguían con vida.
«Necesitamos una maquinaria pesada, martillos eléctricos para poder salvar a mis primos que están ahí metidos. No sabemos si están [vivos], nada, ninguno de los tres lo hemos encontrado», agregó.
El caso ilustra el abandono que enfrentan cientos de familias en La Guaira, la zona más devastada por los sismos del 24 de junio de 2026, donde se concentran 158 de los 189 edificios totalmente destruidos en todo el país.
El doble terremoto —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— es considerado el desastre natural más mortífero que ha sufrido Venezuela en el último siglo.
El balance oficial del régimen de Nicolás Maduro reportaba al 1 de julio 2,295 muertos y más de 11,267 heridos, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos.
La respuesta del gobierno venezolano ha sido ampliamente criticada. Los primeros rescatistas oficiales no llegaron a algunas zonas hasta el quinto día del desastre, según testimonios de víctimas recogidos.
El régimen desplegó más de 14,000 efectivos militares en las áreas afectadas, lo que limitó el acceso de voluntarios y equipos civiles independientes, situación que un voluntario resumió con la frase viral: «aquí hay más fusiles que palas».
A ello se suman otras denuncias de corrupción: algunos rescatistas exigían comida y bebida a cambio de ingresar a edificios con personas atrapadas, y el gobierno canceló en el aire un vuelo humanitario enviado desde Miami el 30 de junio con seis rescatistas y una enfermera.
En ese contexto de abandono estatal, el cobro de 9,000 dólares por maquinaria de rescate representa, para familias como la de Rodríguez, un obstáculo insalvable frente al tiempo que corre en contra de cualquier posibilidad de encontrar a sus seres queridos con vida.
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