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Siete días después de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el país vive una catástrofe humana de proporciones todavía difíciles de medir. Los sismos golpearon con especial crudeza a La Guaira, Caracas y otras zonas del centro-norte del país. La tragedia ha dejado miles de familias sin techo, hospitales desbordados, barrios enteros sin electricidad ni agua potable y una población que, en demasiados casos, ha tenido que rescatar a sus vecinos con las manos y herramientas improvisadas.
Las cifras cambian continuamente y revelan también la falta de transparencia oficial. Los reportes más recientes sitúan el número de muertos cerca de 2.000, con más de 10.000 heridos; también se habla de decenas de miles de desaparecidos o personas aún no localizadas. Las estimaciones satelitales mencionadas por medios internacionales apuntan a decenas de miles de estructuras dañadas o destruidas, aunque esa cifra requiere verificación sobre el terreno. No hay todavía un balance sólido y definitivo de viviendas, edificios públicos, escuelas y hospitales colapsados. La Guaira y sectores de Caracas han quedado marcados por montañas de escombros, desalojos masivos y un miedo permanente a nuevas réplicas.
La búsqueda de sobrevivientes continúa, aunque cada hora reduce dramáticamente las posibilidades. Ha habido rescates extraordinarios incluso después de más de cien horas bajo los escombros, pero la fase central de la emergencia empieza a transformarse en recuperación de cuerpos, atención a los heridos y asistencia a los damnificados. Miles de personas necesitan agua potable, alimentos, medicamentos, refugio temporal, atención psicológica y servicios básicos. Los hospitales, que ya funcionaban bajo presión antes de la catástrofe, afrontan ahora una demanda extrema.
En esta hora terrible, Estados Unidos ha desempeñado un papel decisivo. Washington movilizó equipos de búsqueda y rescate, apoyo médico, capacidad logística y ayuda humanitaria de gran escala; reportes recientes hablan de más de 300 millones de dólares. Junto a los especialistas estadounidenses han llegado rescatistas y suministros de numerosos países.
El Salvador movilizó cientos de rescatistas, paramédicos y decenas de toneladas de equipo, medicinas y suministros básicos. Brasil envió un hospital de campaña, bomberos y especialistas; Colombia, México, Ecuador, Panamá, República Dominicana y varios países europeos también han contribuido con personal, perros de rescate, equipos técnicos y ayuda médica. Argentina figura entre los gobiernos que ofrecieron asistencia humanitaria y apoyo de rescate, aun cuando mantiene profundas diferencias políticas con el régimen de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, la solidaridad internacional ha chocado con el problema más grave: la incompetencia, opacidad y politización de la respuesta oficial venezolana. Numerosos testimonios de sobrevivientes y voluntarios denuncian demoras, falta de maquinaria, escasez de coordinación y una presencia militar que, en vez de facilitar siempre el socorro, ha generado sospechas y tensión.
Varios medios han recogido denuncias de ciudadanos sobre obstáculos a la ayuda, acusaciones de saqueos por miembros de cuerpos de seguridad y rescates protagonizados por civiles ante la insuficiencia estatal. Algunas autoridades y agentes fueron detenidos tras denuncias de saqueo.
Particular indignación produjo el video de un fuerte intercambio entre Diosdado Cabello y un rescatista estadounidense en plena zona de desastre. Aunque las circunstancias completas del incidente siguen siendo objeto de versiones contrapuestas, las imágenes y los reportes de prensa reflejan una realidad alarmante: mientras hay personas bajo los escombros, funcionarios del régimen parecen más preocupados por controlar la escena, imponer autoridad y administrar políticamente la tragedia que por permitir que cada equipo de rescate actúe con rapidez y libertad de acción.
China, Rusia y Cuba, aliados del régimen chavista, han expresado apoyo y han anunciado o facilitado algún tipo de ayuda médica, logística o humanitaria. Pero ningún gesto propagandístico puede ocultar que la ayuda más visible y decisiva en rescate, logística y recursos ha venido de Estados Unidos y de naciones democráticas de América y Europa.
La reconstrucción será lenta. Reparar viviendas, hospitales, escuelas, redes eléctricas, acueductos, carreteras y edificios destruidos puede tomar años. Pero la tragedia también puede acelerar una verdad que millones de venezolanos ya conocen: un país sin instituciones independientes, sin transparencia, sin libertad de prensa y sin Estado de Derecho llega indefenso a una emergencia como esta.
En medio de la emergencia, la líder opositora María Corina Machado ha expresado su decisión de regresar a Venezuela para acompañar a su pueblo, apoyar a las familias afectadas y contribuir a las tareas de recuperación. “Necesito estar allí”, ha dicho, al insistir en que la prioridad debe ser salvar vidas y asistir a quienes lo han perdido todo.
Sin embargo, denunció que las autoridades del régimen de Delcy Rodríguez han impedido su retorno, mediante restricciones y cierres que bloquean su ingreso al país. La negativa a permitir que una dirigente opositora regrese en una hora de dolor nacional revela, una vez más, el temor del chavismo a cualquier liderazgo independiente.
Una catástrofe de esta magnitud puede retardar la democratización si el poder usa el dolor para militarizar, censurar y repartir ayuda con criterios políticos. Pero también puede acelerarla si los venezolanos convierten la indignación en exigencia cívica: ayuda sin control partidista, información veraz, rendición de cuentas, respeto a las organizaciones humanitarias y una transición democrática que reconstruya no solo los edificios destruidos, sino toda la nación.
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