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Un perfil oficialista de Facebook reportó en días recientes el robo y traslado ilegal de quintales de tabaco seco desde Pinar del Río hacia La Habana, en un caso descrito con llamativa imprecisión y que ha desatado un debate sobre quién es el verdadero responsable del saqueo del campo cubano.
La publicación, difundida por la página de Facebook «De Canallas y sus Canalladas», señala que «varios delincuentes sin escrúpulos intentaron llevarse hacia La Habana quintales de tabaco ya seco, robado a productores que trabajan con esfuerzo y dedicación».
La escueta nota añadió que fueron «sorprendidos infraganti y enfrentados por la PNR».
Una denuncia llena de vacíos
Lo primero que llama la atención del comunicado oficialista es lo que no dice: no precisa cuántos quintales fueron incautados, cuántas personas resultaron arrestadas, en qué municipio exacto ocurrieron los hechos ni en qué fecha se realizó el operativo.
Tampoco se mencionan cargos formales ni fechas de juicio para los presuntos responsables.
El texto se limita a elogiar la actuación policial: «Reconocimiento a los oficiales que actuaron con firmeza y profesionalidad para proteger el patrimonio de quienes viven de su trabajo».
Y concluye con un llamado a la colaboración ciudadana: «No calles, denuncia y ayuda a cerrarles el paso a quienes pretenden enriquecerse a costa del sacrificio ajeno».
Esa vaguedad contrasta con un caso anterior reportado por el mismo perfil en el que sí se precisó que siete autores fueron capturados y tres receptadores identificados, datos que en esta ocasión brillan por su ausencia.
La reacción ciudadana: Entre el apoyo y la indignación
Los comentarios a la publicación oficialista revelaron una polarización profunda.
Un sector respaldó la actuación policial, felicitó a las fuerzas del orden y exigió sanciones severas, con llamados explícitos a que no haya impunidad y a aplicar todo el peso de la ley contra los implicados.
«Duro con esos ladrones», escribió un usuario, mientras otro insistía en «cero impunidad a las ilegalidades».
Sin embargo, una corriente más amplia cuestionó el relato oficial y desplazó el foco hacia el Estado.
«¿Hasta cuándo el Estado va a seguir sin pagar a los campesinos después de años de trabajo?», preguntó un comentarista.
Otro fue más directo: «Aquí el único ladrón es el Estado, que paga precios vergonzosos y cuando quiere».
Varios usuarios denuncian que los campesinos enfrentan retrasos prolongados en los pagos y trabas para acceder a su dinero.
«Les pagan, pero después no pueden sacar el dinero del banco», señaló uno.
También se repiten críticas al monopolio estatal: «Lo que hace falta es que los campesinos puedan vender donde deseen sus productos», opinó otro participante.
En esa línea, algunos comentarios sugieren que no todos los implicados en estos hechos son delincuentes en el sentido tradicional.
«Muchas veces esos que llaman ladrones son los propios campesinos buscando una mejor venta», apuntó un usuario.
Otro añadió: «Si el mismo campesino transporta su cosecha, el resultado es el mismo: decomiso y sanción».
En conjunto, el debate evidencia un trasfondo de desconfianza hacia las instituciones y un malestar creciente por las condiciones económicas del sector agrícola.
Mientras unos reclaman mano dura contra el delito, otros apuntan a causas estructurales como los bajos pagos, el control estatal y la falta de libertad económica, en una discusión que trasciende este caso puntual y refleja la crisis más amplia del campo cubano.
Pinar del Río, y en particular la región de Vuelta Abajo -municipios de San Juan y Martínez y San Luis- produce entre el 70% y el 80% del tabaco nacional cubano y es la fuente principal de los puros Habano de exportación.
En la campaña 2025-2026, el precio oficial por quintal de tabaco principal ronda los 9,448 pesos cubanos.
En el mercado informal, los productos derivados se venden a precios hasta 20 veces superiores: una cajetilla de H. Upmann puede alcanzar entre 1,200 y 1,500 pesos frente a los 30 o 60 pesos del precio oficial.
A esa brecha se suman retrasos de hasta un año en la liquidación de cosechas y amenazas del Grupo Empresarial Tabacuba de retirar tierras en usufructo a quienes no cumplan sus condiciones.
El salario promedio de un agricultor de tabaco ronda los 75 pesos diarios, equivalente a unos tres dólares.
Un patrón que se repite
El caso no es aislado. La delincuencia en el campo cubano ha escalado en 2025 y 2026, con robos de ganado, tabaco y otros productos agrícolas en múltiples provincias.
En abril de este año, un trabajador de la EMPA en Jiguaní, Granma, fue arrestado por sustraer miles de cajetillas de cigarros y tabacos de un almacén estatal, con daños superiores a 10 millones de pesos.
El régimen ha respondido con campañas anticorrupción y juicios calificados de ejemplarizantes, pero las causas estructurales -precios bajos, monopolio estatal, falta de libertad económica- permanecen intactas.
Como resumió un comentarista en la propia publicación oficialista: «El campesino debería poder vender libremente sus productos», una demanda que el régimen, pese a los discursos sobre el «sacrificio» de los productores, no parece dispuesto a atender.
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