El régimen cubano autorizó formalmente que mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias gestionen servicios farmacéuticos en la isla, una medida que genera tanto alivio como alarma entre la población, especialmente por su impacto en jubilados y pacientes crónicos que dependen de medicamentos subsidiados.
El Decreto 160/2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 22 de julio y publicado en la Gaceta Oficial el 28 de julio, entra en vigor el 4 de agosto de 2026 y deroga el Decreto 107 de 2024, que clasificaba los servicios farmacéuticos como actividad expresamente prohibida para el sector privado.
La norma no implica una apertura automática: cada establecimiento deberá obtener habilitación previa del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), contar con personal farmacéutico calificado, locales con condiciones adecuadas de almacenamiento y medicamentos con registro sanitario vigente en Cuba.
En cuanto a quiénes pueden comprar, las fuentes disponibles no establecen restricciones por tipo de cliente: la venta sería al público en general dentro del marco sanitario autorizado.
El problema real está en los precios.
A diferencia de la red estatal subsidiada, las mipymes podrán fijar sus propios precios, lo que en la práctica limitará el acceso a quienes tengan mayor poder adquisitivo y dejará en situación vulnerable a los sectores más frágiles de la sociedad.
La cubana Islennys García Ruiz resumió en Facebook la contradicción que muchos sienten: «Aplaudo que las MIPYMES entren, que la gente no tenga que estar corriendo con maletines llenos de medicamentos en los parques cuando viene la policía. PERO OJO».
Su advertencia apunta directamente al riesgo de que el Estado abandone su responsabilidad con la red pública: «Que no se olviden de las farmacias estatales. Porque los abuelitos, los jubilados, necesitan comprar sus medicamentos a precio subsidiado. Si eso desaparece, los estamos condenando. Que el negocio no sea a costa de la vida de los nuestros».
La medida llega en medio de una crisis de desabastecimiento farmacéutico sin precedentes: en julio de 2025, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional que Cuba contaba apenas con el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible.
Para 2026, la situación no mejoró: cerca del 70% del cuadro básico se encontraba sin disponibilidad normal, y en junio de este año la provincia de Sancti Spíritus reportó más de 300 medicamentos en falta.
El Decreto 160 también eliminó prohibiciones sobre otras 46 actividades y modificó 35 más, incluyendo gasolineras, residencias para adultos mayores, comercio mayorista e importación de vehículos eléctricos.
La atención médica y odontológica sigue reservada al Estado; la excepción aplica únicamente a los servicios farmacéuticos.
Los organismos rectores tenían siete días desde la publicación del decreto para aprobar los procedimientos, requisitos y mecanismos de supervisión, lo que significa que el marco regulatorio completo debía estar listo antes de la entrada en vigor de la norma el 4 de agosto.
García Ruiz lo sintetizó con ironía: «Esto es el capitalismo por el camino más torcido, más largo y más desgastante. Cada día, en su inmensa bondad, nos hacen la vida de cuadritos más pequeños».
Vídeos relacionados:
Archivado en: