El Departamento de Estado sancionó este jueves al general Álvaro Victoriano López Miera, ministro cubano de las FAR, quien acumula así su tercera designación estadounidense en cinco años, cada una con una base jurídica distinta y un objetivo diferente.
Ese organismo también designó a cinco entidades cubanas y otros siete individuos bajo la Orden Ejecutiva 14404, apuntando directamente a la red que gestiona la compra de armamento extranjero para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
Junto al ministro de las FAR fue designado también Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General y primer viceministro del MINFAR, señalado por su participación en la adquisición de sistemas de armas procedentes de Rusia.
Legrá también cargaba ya con una sanción previa del Departamento del Tesoro, impuesta el 19 de agosto de 2021 bajo la Ley Global Magnitsky.
Las medidas anunciadas este jueves son sanciones económicas y financieras de amplio alcance, muy distintas a las restricciones de visado que el propio Departamento de Estado le impuso en julio de 2025 bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones, que le prohibían la entrada a territorio estadounidense junto a sus familiares directos.
Esta vez, la justificación no es la represión interna sino su papel en la cooperación militar del régimen con Rusia y China.
Como resultado de la designación bajo la EO 14404, todos los bienes e intereses en bienes de López Miera bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar cualquier transacción con él.
Otros seis funcionarios del MINFAR fueron incluidos en la lista: José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores; Óscar Enrique Biosca Gallego, responsable de la Dirección Económica; Mónica Milián Gómez, agregada militar de Cuba en Rusia; Waldo Pérez Cortés, agregado militar en China; Roberto Jesús Viciana Mousset, director general de la Unión de Industria Militar (UIM) y Brigadier General de las FAR; y Heriberto Sánchez Alleyne, director general de Tecnoimport.
Las cinco entidades sancionadas conforman el núcleo de la cadena de suministro militar cubana: Tecnoimport y Tecnotex, ambas subsidiarias del conglomerado militar GAESA; la Unión de Industria Militar; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento de aeronaves rusas; y Duna S.A.
La ficha oficial del Departamento de Estado señala que Tecnotex, además de su vinculación con la reparación de helicópteros rusos, mantuvo en el pasado cooperación con Corea del Norte.
El secretario de Estado Marco Rubio justificó las medidas con un comunicado en el que calificó al régimen cubano de patrocinador estatal del terrorismo.
«La administración Trump continuará usando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y para impulsar reformas económicas y políticas que den al pueblo cubano un futuro mejor», afirmó.
Rubio también advirtió a terceros: «Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estos sancionados o mantengan fondos en su nombre deben cesar esas actividades de inmediato», bajo riesgo de quedar expuestos a sanciones secundarias.
Las designaciones de este jueves se enmarcan en una escalada sostenida de sanciones contra el régimen cubano iniciada en mayo de 2026, y siguen al informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», publicado por el Departamento de Estado el 20 de julio, que documenta las alianzas militares de La Habana con Moscú y Pekín, incluyendo la presencia de instalaciones de inteligencia rusas en la isla y acusaciones de que hasta 5,000 militares cubanos habrían combatido en Ucrania integrados en fuerzas rusas.
La primera sanción contra López Miera data del 22 de julio de 2021, cuando el Departamento del Tesoro lo designó bajo la Ley Global Magnitsky por su responsabilidad en la represión de las protestas del 11 de julio de ese año.
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