Una cubana denunció este viernes en un grupo de Facebook dedicado a la venta de teléfonos usados en La Habana que fue víctima de una presunta estafa tras comprar un Samsung A17 que posteriormente resultó bloqueado por la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
Según relató Marimar Rial Molina, se encuentra desde hace meses en un hospital de La Habana con su bebé y, al no tener familiares ni conocidos en la capital, decidió comprar el teléfono porque necesitaba mantenerse comunicada y su antiguo equipo, un Samsung J2, se apagaba constantemente.
La mujer afirmó que los vendedores acudieron hasta el hospital para entregarle el dispositivo y que conocieron directamente su situación. Al día siguiente de la compra, la línea quedó bloqueada y una trabajadora de Etecsa le indicó que el teléfono había sido reportado como robado.
Ante esa situación, Rial explicó que acudió a la Policía para denunciar lo ocurrido, pero que no pudo formalizar la denuncia porque, según le dijeron, "no había conexión ni sistema" para realizar el trámite. Desesperada, regresó al hospital y trató de comunicarse con los vendedores.
De acuerdo con su publicación, uno de ellos respondió inicialmente y colgó después de conocer el motivo de la llamada. La mujer sostiene que luego el teléfono utilizado por los vendedores quedó apagado y que decidió hacer pública su denuncia en redes sociales.
Rial también afirmó que, después de exponer el caso, apareció una publicación en la que otra mujer la acusaba de comprar teléfonos y posteriormente afirmar que eran robados.
La denunciante dijo haber revisado perfiles relacionados con los vendedores y aseguró que estos se dedicaban a comercializar teléfonos robados, aunque esas acusaciones no aparecen acompañadas en la publicación por una confirmación independiente.
Varios usuarios comentaron la denuncia y cuestionaron la actuación de la Policía. Una participante consideró que la falta de conexión o de sistema no debería impedir la recepción de una denuncia, mientras otra sugirió que la afectada acudiera nuevamente a las autoridades con fotografías y documentos relacionados con la compra.
Otros comentarios incluyeron acusaciones similares contra los supuestos vendedores y referencias a una dirección en Lawton donde presuntamente suelen encontrarse.
Una persona afirmó incluso haber comprado anteriormente un teléfono robado sin saberlo y haber terminado retenida durante un día en un calabozo, aunque se trata también de un testimonio publicado por un usuario y no de un hecho comprobado de manera independiente.
La denuncia generó además llamados de algunos participantes a localizar y enfrentar por la fuerza a los presuntos estafadores, una reacción que evidencia la tensión provocada por la percepción de desprotección ante este tipo de conflictos.
Rial aseguró que conserva mensajes y fotografías relacionados con la operación y advirtió que continuará difundiendo el caso en redes sociales.
Este caso se enmarca en una escalada histórica de la delincuencia en Cuba, donde el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento de 115 % respecto a 2024 y de 337 % frente a 2023.
Los robos encabezaron esa lista con 1,536 casos, un alza de 479 % desde 2023, y en 2026 la tendencia continúa al alza.
El robo de celulares tiene un impacto especialmente grave en la isla, pues para miles de familias, el teléfono móvil es el único canal de comunicación con parientes emigrados y la única vía para recibir remesas.
La crisis energética agrava el problema. Los apagones que superan las 20 horas diarias obligan a los cubanos a permanecer junto a ventanas y portales buscando señal o brisa, exponiéndolos a asaltos.
En el Vedado, los robos de celulares se han multiplicado hasta el punto de que vecinos se han autoorganizado en rondas nocturnas ante la inacción policial.
Existe un marco legal para combatir la reventa de equipos robados; la Resolución 12/2016 del Ministerio de Comunicaciones obliga a reportar los robos a Etecsa para bloquear el IMEI del equipo mediante una lista negra, pero los ciudadanos denuncian que el mecanismo es insuficiente y que las autoridades rara vez actúan.
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