Crimen en aumento, el desamparo de los cubanos ante la delincuencia

Cuba atraviesa una crisis de seguridad pública sin precedentes mientras la policía brilla por su ausencia ante el crimen y despliega sus fuerzas contra la disidencia, dejando a la población completamente desamparada frente a una ola delictiva que no para de crecer. 

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en la isla, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con un promedio de siete u ocho delitos diarios.

Los robos fueron el delito predominante, con 1,536 casos en 2025, un aumento del 479% desde 2023. Las provincias más golpeadas fueron Matanzas con 503 casos, Granma con 424, La Habana con 398 y Santiago de Cuba con 323.

Los expertos advierten que estas cifras representan apenas una fracción de la realidad, dado el miedo a represalias y la desconfianza generalizada en las instituciones del Estado.

El detonante estructural es la debacle económica: la economía cubana se contrajo un 5% en 2025 y acumula una caída del 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, lo que ha disparado la pobreza y, con ella, los índices de criminalidad en todo el territorio nacional.

A esto se suma el colapso interno de las propias fuerzas del orden. El 20% de los efectivos policiales abandonaron el cuerpo en el último año, dejando amplias zonas del país prácticamente sin cobertura de seguridad.

Mientras tanto, la represión a la libertad de expresión alcanzó 203 violaciones en un solo mes, y los agentes irrumpieron armados con armas largas en hogares de ciudadanos, evidenciando la prioridad real del régimen: controlar la disidencia, no proteger a la población. Según analistas, la policía cubana no está diseñada para servir a los ciudadanos.

La inacción policial ante el crimen queda documentada en casos concretos. El pasado viernes, una familia en Santiago de Cuba esperó más de diez horas sin respuesta tras denunciar un robo en su apartamento del edificio T-37, en el reparto Micro 8. La policía alegó "cambio de turno".

Ante el abandono institucional, la ciudadanía ha comenzado a tomar la justicia por sus propias manos. Los vecinos de Guantánamo capturaron por sus propios medios a un ladrón, mientras que una multitud en Santiago de Cuba estuvo a punto de linchar a otro delincuente. En un caso que generó indignación, un ladrón fue amarrado y paseado por las calles como escarmiento público.

El panorama que dibuja esta espiral de crimen e impunidad no es accidental: es la consecuencia lógica de una dictadura que nunca diseñó su aparato policial para proteger al ciudadano, sino para protegerse a sí misma.

Muchos cubanos lo resumen con una frase que se repite en redes sociales con creciente desesperación: "Ya ni en casa estamos seguros." Y tienen razón. Los atacantes actúan con total impunidad en zonas transitadas, sin presencia policial ni reacción inmediata, mientras el régimen despliega a sus agentes armados no contra el crimen, sino contra quien se atreve a denunciarlo.

El Estado prioriza la represión política para su propia supervivencia, no la seguridad real del pueblo cubano. Mientras esa ecuación no cambie —y no cambiará sin un cambio de sistema—, los cubanos seguirán atrapados entre el delincuente que entra por la puerta y el régimen que vigila por la ventana.