Me dice un amigo de Manzanillo, en el Oriente cubano, que los camiones cisternas que antes tenían un logo de CUPET, ahora circulan con uno donde se lee KM0. Y concluía: "Todo sigue igual, solo cambiaron el nombre. Ese combustible que viene de Estados Unidos a quien más beneficia es al régimen, a sus dirigentes y a sus fuerzas represivas. Tú conoces muy bien lo astutos que son para burlar sanciones..."
En apenas dos meses, mayo y junio de 2026, Estados Unidos envió a Cuba combustibles y derivados del petróleo por un valor de 71,7 millones de dólares. La cifra, que eleva el total del primer semestre a 95,7 millones, confirma la apertura de un canal energético de dimensiones inéditas entre ambos países. Nunca antes, desde el inicio del embargo, el volumen de productos petrolíferos estadounidenses hacia la Isla había alcanzado estos niveles.
Los datos del U.S. Census Bureau, compilados por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, son inequívocos: 23,9 millones en mayo y 47,8 millones en junio. Los cargamentos —diésel, gasolina, queroseno, combustible de aviación, lubricantes y propano— salen principalmente de Houston, Miami, Tampa, Port Everglades y Nueva Orleans, transportados en su mayoría en isotanques de entre 20.000 y 25.000 litros con destino a puertos como Mariel.
La política estadounidense es clara en el papel. Estas ventas están autorizadas únicamente para el sector privado cubano: Mipymes, trabajadores por cuenta propia y entidades no estatales.
Queda prohibida la entrega directa al Gobierno, a CUPET, a GAESA, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias o a cualquier empresa controlada por el régimen. El objetivo declarado de Washington es reducir la dependencia del sector privado respecto al Estado.
Entre las empresas estadounidenses que han operado públicamente en este mercado destacan Flash Kingz, con sede en Miami, y Vanguard Energy, de Coral Gables. La primera ha enviado isotanques destinados formalmente a empresas privadas. La segunda llegó a negociar un proyecto de mayor escala que incluía el uso de instalaciones de almacenamiento existentes en Cuba, aunque ese plan fue suspendido tras las sanciones impuestas a CUPET en junio.
El problema comienza en el momento en que el combustible llega a territorio cubano. Aunque el comprador formal sea una Mipyme, la cadena de importación, almacenamiento y distribución pasa necesariamente por empresas estatales. Investigaciones periodísticas han documentado la participación de MetalCuba, QUIMIMPORT y MAPRINTER como intermediarias, así como el uso de la infraestructura de CUPET y CIMEX para la recepción, custodia y entrega del producto. El sistema no permite una importación autónoma: el Estado controla los nodos críticos.
El mecanismo es recurrente. Una empresa privada cubana realiza la compra en Estados Unidos. El combustible viaja en isotanques hasta Mariel. A partir de ahí, los trámites aduaneros, el almacenamiento y la distribución posterior quedan en manos de entidades estatales, que cobran tarifas y aceptan “mermas” técnicas. En ese punto se rompe la trazabilidad que Washington pretende garantizar.
Ya han surgido denuncias de vehículos pertenecientes a empresas estatales que habrían cargado combustible en instalaciones vinculadas a estas importaciones privadas. Todo parece indicar que el régimen ha encontrado vías para beneficiarse de un esquema diseñado precisamente para excluirlo. Incluso sin desvío directo, el cobro de tarifas, el control logístico y la capacidad de influir en la distribución generan un beneficio económico para las estructuras estatales.
Formalmente, las operaciones están dirigidas al sector privado, pero no es correcto presentar estas exportaciones como un flujo limpio y autónomo que fortalece exclusivamente a las Mipymes. Mientras el combustible deba atravesar la infraestructura estatal para llegar a su destino final, el control real permanece en disputa.
La pregunta decisiva ya no es cuánto combustible estadounidense entra en Cuba. Es quién lo administra después de la aduana, quién captura el margen económico de su distribución y qué proporción termina, directa o indirectamente, reforzando al aparato estatal y las fuerzas represivas. Responder con transparencia a esas interrogantes es indispensable para determinar si este nuevo canal energético está cumpliendo su propósito declarado o si se ha convertido, una vez más, en otra fuente de recursos para la supervivencia de la tiranía castrocomunista.
Las calles de Cuba hablan con brutal elocuencia. No existe ninguna mejora del transporte de pasajeros y el servicio de ambulancias sigue muy deprimido, pero las fuerzas represivas mantienen gran movilidad y tienen muchos vehículos con suficiente combustible para perseguir y reprimir las protestas de la población.
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