El Observatorio de Medios de Cubadebate publicó este martes un extenso análisis de 57.695 menciones públicas en internet sobre Marco Rubio y el Departamento de Estado entre el 20 de julio y el 9 de agosto.
Su conclusión más contundente no se limita a constatar la creciente presión de Washington sobre La Habana: afirma que la conversación digital permite concluir que existe una «operación de injerencia externa».
El problema es que los datos presentados no demuestran eso.
El estudio aporta información útil para entender cómo ha evolucionado la conversación sobre Cuba durante las últimas semanas.
En ese sentido, identifica dos grandes picos de actividad, mide la presencia de cuentas oficiales estadounidenses, analiza la repetición de determinados mensajes y reconstruye la secuencia entre el informe «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», nuevas sanciones y posteriores informaciones periodísticas sobre operaciones de inteligencia y posibles escenarios de transición.
Hasta ahí, los datos permiten observar una estrategia estadounidense de presión cuya existencia, además, Washington no oculta. Marco Rubio ha hablado públicamente de aumentar esa presión y el Departamento de Estado ha acompañado sus declaraciones con decisiones concretas.
La cuestión metodológica aparece cuando Cubadebate intenta demostrar algo diferente: que los patrones encontrados en internet constituyen por sí mismos evidencia de una operación de injerencia.
Uno de los principales «hallazgos» del Observatorio es que el 52,2 % de las menciones geolocalizadas procede de Estados Unidos, frente al 5,4 % de Cuba.
Cubadebate concluye a partir de esa diferencia que «se trata de una operación de injerencia externa».
El salto lógico es difícil de sostener. El estudio analiza precisamente la política del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, las declaraciones del secretario de Estado estadounidense y un informe publicado por el Departamento de Estado. Que una parte considerable de esa conversación se produzca en Estados Unidos resulta esperable.
El origen geográfico permite saber dónde se desarrolla la conversación, pero no demuestra por sí mismo quién la coordina, si existe una operación organizada ni cuál es la intención de quienes participan en ella.
Para acreditar una operación coordinada harían falta evidencias adicionales: relaciones entre cuentas, sincronización anómala, automatización, instrucciones comunes, financiación, comportamiento inauténtico o algún otro mecanismo que permita pasar de la correlación a la atribución.
Nada de eso aparece demostrado en el informe.
El Observatorio destaca además que el 47,3 % de las publicaciones estudiadas son retuits y observa que cuentas oficiales como @StateDept y @SecRubio conviven entre los principales nodos con perfiles políticos, medios y usuarios conservadores.
A partir de ello afirma que existe «disciplina y convergencia de mensaje». La convergencia puede observarse. La coordinación, en cambio, necesita probarse.
Que simpatizantes de una determinada política reproduzcan mensajes del secretario de Estado, o que cuentas conservadoras amplifiquen contenidos coincidentes con sus posiciones ideológicas, no resulta excepcional en una red social. El mismo fenómeno ocurre con cualquier asunto político altamente polarizado.
Los retuits permiten medir amplificación. No permiten establecer automáticamente quién ordenó esa amplificación ni si alguien lo hizo.
Hay además una diferencia importante entre coordinación gubernamental y coordinación de la conversación digital. Que el Departamento de Estado y su secretario mantengan mensajes coherentes no constituye una anomalía: forma parte del funcionamiento normal de una institución que comunica una política exterior determinada.
Otra cosa sería demostrar que medios, periodistas y usuarios actúan como componentes coordinados de una operación diseñada desde Washington. Los datos publicados por Cubadebate no llegan hasta ahí.
Algo similar ocurre con la secuencia temporal.
Cubadebate observa que primero apareció el informe del Departamento de Estado; después llegaron sanciones, declaraciones de Rubio, amplificación en redes y finalmente informaciones de POLITICO y The New York Times sobre un aumento de las capacidades estadounidenses de inteligencia relacionadas con Cuba.
La cronología es relevante y muestra que Washington desarrolla una política coherente y acumulativa hacia el régimen cubano.
Pero que varios acontecimientos ocurran sucesivamente y compartan una dirección política no demuestra que todos formen parte de una misma operación comunicacional.
Mucho menos permite incluir automáticamente dentro de ella la cobertura de medios independientes. Que POLITICO, The New York Times o Axios publiquen filtraciones procedentes de funcionarios estadounidenses demuestra que periodistas han obtenido información de fuentes gubernamentales. No demuestra que esos medios participen en una estrategia dirigida por el Departamento de Estado.
El propio Observatorio reconoce, de hecho, que las informaciones sobre operaciones de inteligencia proceden de fuentes anónimas y «no equivalen a una admisión oficial».
La principal debilidad del informe aparece paradójicamente en su propia metodología.
Cubadebate explica al final del estudio que su investigación «describe patrones de discurso y amplificación» y que «no verifica por sí misma la veracidad» de las acusaciones analizadas.
Es una precaución metodológica correcta. Pero ese mismo principio debería aplicarse a la conclusión sobre la supuesta injerencia.
Los datos permiten afirmar que existe una conversación intensa; que Washington ha colocado a Cuba en su agenda de seguridad nacional; que determinadas formulaciones se repiten; que las cuentas oficiales tienen capacidad de amplificación; y que existe una comunidad política y mediática estadounidense que reproduce esos mensajes.
Lo que no permiten demostrar, sin evidencias adicionales, es que esa conversación constituya una «operación de injerencia externa».
La distinción importa porque medir una narrativa no equivale a demostrar quién la controla.
El Observatorio ha recopilado datos que ayudan a entender cómo está cambiando la conversación sobre Cuba. Incluso ofrece indicios interesantes de que el nuevo marco impulsado por Washington —Cuba entendida no solo como un problema político y de derechos humanos, sino también de seguridad, espionaje e influencia— está ganando espacio en el debate estadounidense.
Ese fenómeno merece ser estudiado.
Pero precisamente porque los datos son interesantes, no necesitan que se les haga decir más de lo que pueden demostrar. La presión de Washington es un hecho público. La existencia de una operación digital de injerencia, en cambio, es una acusación.
Y una acusación necesita pruebas, no solamente porcentajes, retuits y correlaciones.
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