Estadounidenses que viajaron a Cuba para festejar a Fidel Castro fueron retenidos a su regreso en el aeropuerto de Miami

Ciudadanos estadounidenses que viajaron a Cuba para participar en actos por el centenario de Fidel Castro, fueron retenidos y sometidos a revisiones secundarias por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Agencia Associated Press citando a funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato.

El operativo tuvo lugar el fin de semana del 16 y 17 de agosto, días después de que más de 1,500 delegados de 63 países asistieran al I Coloquio Internacional «Fidel: Legado y Futuro», celebrado en La Habana del 10 al 13 de agosto para conmemorar el centenario del dictador cubano.

A varios de los viajeros interceptados se les incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas para inspección, aunque el estatus de esos dispositivos no estaba claro al momento de la publicación.

Las autoridades estaban preparadas para someter a decenas de activistas a interrogatorios reforzados, pero muchos menos cumplieron los criterios establecidos para ese procedimiento.

Todos los detenidos fueron finalmente liberados y se les permitió ingresar al país, aunque las autoridades advirtieron que quienes hayan participado en transacciones con entidades del gobierno cubano -incluidos restaurantes, hoteles y tiendas- podrían enfrentar consecuencias legales si una investigación posterior determina que infringieron las sanciones vigentes.

El operativo en Miami no es el primero de este tipo en 2026: en marzo, al menos 16 activistas del Convoy Nuestra América fueron retenidos e interrogados durante aproximadamente tres horas en ese mismo aeropuerto al regresar de Cuba, con confiscación de teléfonos y equipos.

El pasado jueves, los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron una nueva ronda de sanciones contra nueve empresas estatales cubanas de los sectores de minería, metales y construcción, entre ellas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, el Grupo Empresarial Geominero Salinero y el Ministerio de la Construcción.

Las medidas también alcanzaron a tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su presidente Fernando González Llort, su primera vicepresidenta Noemí Ramona Rabaza Fernández y su directora para Norteamérica Leima Martínez Freire.

González Llort tiene un historial con la justicia estadounidense: fue arrestado en 1998 y condenado en 2001 por su papel en la Red Avispa, una red de inteligencia cubana infiltrada en grupos del exilio en Miami. Cumplió unos 15 años de prisión en suelo estadounidense antes de regresar a Cuba en 2014.

Esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio acusó al ICAP de patrocinar «una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar» a ciudadanos estadounidenses, y vinculó directamente el coloquio habanero con esa estrategia.

«Hace apenas unos días, el régimen intentó utilizar los 100 años del cabecilla comunista y déspota Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para establecer contactos con funcionarios del régimen», afirmó Rubio en un comunicado.

El secretario de Estado fue más lejos al señalar que «la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades -de las que ninguna goza su pueblo- engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras fechorías».

Rubio también advirtió que los bancos y empresas extranjeras que mantengan vínculos con las entidades sancionadas se exponen a ser designados a su vez.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las nuevas sanciones y lo acusó de obstaculizar el transporte de alimentos, medicinas y dispositivos médicos hacia Cuba, mayormente adquiridos por pequeñas y medianas empresas privadas cubanas.

Las sanciones del jueves se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y representan la cuarta ronda de medidas punitivas aplicadas desde entonces contra el régimen cubano en sectores militares, financieros, energéticos, mineros y de construcción.

Cualquier ciudadano estadounidense detenido y liberado en el aeropuerto aún podría enfrentar un proceso judicial si las investigaciones en curso determinan que realizó transacciones prohibidas durante su estancia en la Isla.