¿Quién pone los precios abusivos? Laritza Camacho cuestiona al gobierno y sus erráticas políticas económicas

La locutora y presentadora de televisión Laritza Camacho cuestionó este domingo que el gobierno cubano denuncie los llamados precios abusivos aplicados por otros actores económicos, pese a que estos negocios necesitan autorización oficial para operar.

En su perfil de Facebook, Camacho comparó la situación con una partida de Monopolio en la que los jugadores avanzan y adquieren propiedades sin garantizar las infraestructuras necesarias para sostenerlas.

A su juicio, el escenario termina enfrentando a los propios cubanos y deteriorando todavía más las condiciones económicas del país.

En su crítica, cuestionó que se compren centrales, bancos, hoteles y fábricas, mientras no se invierta suficientemente, según su valoración, en ferrocarriles, agua y electricidad.

También advirtió que la falta de infraestructura termina afectando la capacidad para trasladar lo producido y sostener las actividades económicas.

La locutora también dirigió sus cuestionamientos contra la política económica del gobierno y sus decisiones cambiantes. Señaló la aprobación de nuevos decretos que posteriormente podrían ser considerados errores y derogados, al tiempo que puso en duda la defensa oficial del socialismo.

Camacho sostuvo además que las políticas actuales enfrentan a cubanos que gestionan mipymes con otros cubanos que compran en esos negocios. A su juicio, ese escenario resulta perjudicial para los propios comerciantes y favorece a quienes tienen como objetivo mantenerse en el poder.

La crítica también alcanzó al presidente Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como "el hombre que más se equivoca" y "el defensor de la continuidad", en referencia a la permanencia de los problemas que, según expresó, caracterizan la situación del país.

La locutora extendió sus cuestionamientos a sectores como la economía, la salud, el deporte y la educación, y lamentó el deterioro de lo que describió como su "pedacito de isla caribeña".

En otro momento de su publicación, Camacho cuestionó que en establecimientos donde se aplican precios que considera abusivos predomine la música extranjera y señaló que esos negocios no venden productos cubanos elaborados en el país para los cubanos.

"Lo de Cuba ya no tiene precio y efectivamente es un abuso", afirmó antes de cerrar su publicación responsabilizando al gobierno de una parte central del costo que, según su valoración, está pagando la población.

"Este gobierno errático que mantenemos a flote con nuestra desunión, es el producto que más caro estamos pagando, compatriotas", sostuvo.

La opinión ciudadana en redes sociales reflejó una lectura similar. "Lo único que saben es acabar con el que está luchando y que gracias a ellos es que algunos pueden comer; si el Estado supliera las necesidades no existieran revendedores", escribió una persona en los comentarios.

Otra apuntó: "Animen al que provee, transformen y construyan un mercado mayorista real y funcional y se acabó el problema".

En junio, la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los topes de precios para pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas; en julio retiró también el del arroz.

Apenas semanas después, gobiernos provinciales reimplantaron controles de forma unilateral y desataron una ola de inspecciones, multas y cierres.

En Villa Clara, las autoridades sancionaron negocios por vender huevos a 4,200 pesos la unidad cuando el tope oficial es de 110 pesos, y aceite a 4,000 pesos el litro cuando el máximo fijado es de 2,500 pesos, según reportes sobre negocios señalados en esa provincia.

En Las Tunas, una semana de inspecciones dejó 22 establecimientos clausurados y ocho licencias retiradas, con multas que superaron 1,2 millones de pesos.

El trasfondo económico agrava el cuadro. La inflación interanual oficial alcanzó 20,70 % en julio, con alimentos y bebidas que subieron 26,36 % interanual.

Mientras, el salario medio oficial ronda los 7,074 pesos mensuales, equivalente a unos 12-15 dólares, frente a los aproximadamente 96,000 pesos que una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas.

El economista Pedro Monreal advirtió días atrás que las 176 medidas económicas aprobadas en junio quedaron anuladas en menos de dos meses por las intervenciones provinciales de control de precios.

Al respecto, Monreal resumió la situación con dureza: "Los mercados siempre terminan tirando una trompetilla a los precios burocráticos y recordándole al funcionario que no mandan ni la Gaceta Oficial ni sus tablas de Excel, sino la realidad".