Una nueva ofensiva de fiscalización contra el sector privado en Las Tunas dejó en apenas una semana 22 establecimientos clausurados, ocho licencias retiradas y multas por más de 1,2 millones de pesos, en medio de las crecientes presiones del régimen sobre cuentapropistas y mipymes.
El balance fue divulgado este miércoles por el medio oficialista Tiempo21, que informó que desde el 10 de agosto las autoridades realizaron 570 inspecciones a trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas no agropecuarias de la provincia.
Para el operativo fueron desplegados cuatro grupos de trabajo con representantes del Partido Comunista, el Gobierno, la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
En esas inspecciones fueron detectadas 230 violaciones, además de 35 ilegalidades. Las autoridades aplicaron 52 apercibimientos, efectuaron dos decomisos y atendieron 16 denuncias ciudadanas.
Entre las irregularidades señaladas por los inspectores aparecen la falta de facturas que acrediten la procedencia de las mercancías, el rechazo de pagos mediante canales electrónicos, presunta evasión fiscal, alteraciones de precios y el cierre deliberado de establecimientos para evitar las inspecciones.
Las autoridades también están revisando la diferencia entre los precios de compra y venta de cinco productos de alta demanda, bajo el argumento de identificar posibles prácticas especulativas e irregularidades tributarias.
Cierres y sanciones desde los primeros días
La presión sobre los negocios comenzó a mostrar resultados apenas iniciado el operativo.
Según un reporte de Tiempo21 del 14 de agosto, durante los dos primeros días habían sido inspeccionados 239 establecimientos, con violaciones detectadas en 104 de ellos y cuatro cierres.
En esa etapa, las autoridades señalaron además a cinco actores económicos —cuatro personas naturales y una jurídica— que acumulaban cerca de 60 millones de pesos en deudas tributarias atribuidas a evasión fiscal.
La nueva campaña llega apenas días después de otro amplio operativo realizado en la propia provincia.
El 8 de agosto, las autoridades informaron de más de 4,000 inspecciones en la ciudad de Las Tunas, que terminaron con más de 2,000 multas, 478 ilegalidades supuestamente erradicadas y 24 personas identificadas por los llamados «precios abusivos».
«Gracias a ellos es que algunos pueden comer»
La nueva oleada de inspecciones ha generado críticas entre residentes que cuestionan que la respuesta del Estado ante los altos precios sea cerrar y sancionar negocios privados en lugar de garantizar una oferta estable de alimentos y otros productos básicos.
En las redes sociales de Tiempo21, varios usuarios advirtieron que sacar establecimientos del mercado puede terminar reduciendo todavía más una oferta ya limitada.
«Lo único que saben es acabar con el que está luchando y que gracias a ellos es que algunos pueden comer; si el Estado supliera las necesidades no existieran revendedores», comentó una persona.
Otro usuario cuestionó directamente la estrategia gubernamental y reclamó condiciones para que los comerciantes puedan abastecerse legalmente.
«Desanimen al que provee, transformen y construyan un mercado mayorista real y funcional y se acabó el problema», escribió.
Las críticas reflejan una contradicción que se ha hecho recurrente en Cuba: el Estado exige al sector privado bajar precios y demostrar la procedencia de sus mercancías mientras persisten la escasez, la inflación y la ausencia de un mercado mayorista capaz de abastecer regularmente a esos negocios.
La ofensiva se extiende por Cuba
Las Tunas no es un caso aislado. Los operativos contra actores económicos privados se están desarrollando simultáneamente en varias provincias.
En Centro Habana, una jornada de fiscalización realizada el 13 de agosto alcanzó a 232 negocios y terminó con 15 cierres definitivos y 11 ventas forzosas.
En Sancti Spíritus, las autoridades reportaron más de 200 multas y al menos cinco clausuras, mientras que en Santiago de Cuba se aplicaron sanciones a partir de 16,000 pesos a trabajadores por cuenta propia.
El llamado ejercicio nacional de fiscalización continuará durante el resto de agosto y la primera quincena de septiembre, según la información divulgada por medios estatales.
Mientras el régimen presenta los operativos como una batalla contra las ilegalidades, la evasión fiscal y los precios elevados, para numerosos cubanos el temor es que la sucesión de multas, decomisos y cierres termine golpeando precisamente a una de las pocas fuentes de alimentos y productos que todavía encuentran en medio del desabastecimiento estatal.
Preguntas frecuentes sobre la ofensiva contra negocios privados en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos negocios privados fueron clausurados en Las Tunas durante la reciente ofensiva?
Durante la reciente ofensiva en Las Tunas, 22 establecimientos privados fueron clausurados y ocho licencias fueron retiradas. Las autoridades llevaron a cabo 570 inspecciones, identificando 230 violaciones y aplicando multas por más de 1.2 millones de pesos. Esta ofensiva forma parte de una estrategia nacional para aumentar el control sobre los negocios privados en Cuba.
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¿Cuáles son las principales infracciones detectadas en las inspecciones a negocios privados?
Las principales infracciones detectadas incluyen falta de facturas que acrediten la procedencia de las mercancías, rechazo de pagos electrónicos, presunta evasión fiscal, alteraciones de precios y cierres deliberados para evitar inspecciones. También se revisaron diferencias de precios de compra y venta de productos de alta demanda para identificar posibles prácticas especulativas.
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¿Por qué el gobierno cubano está aumentando la presión sobre los negocios privados?
El gobierno cubano está aumentando la presión sobre los negocios privados como parte de una campaña para controlar precios, reforzar el control fiscal y exigir el uso de pagos electrónicos. Esta medida llega en medio de una crisis económica marcada por la escasez, la inflación y la ausencia de un mercado mayorista que abastezca a estos negocios, lo que ha generado críticas entre los residentes y emprendedores.
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¿Cuáles son las críticas de los ciudadanos cubanos a estas inspecciones gubernamentales?
Los ciudadanos cubanos critican estas inspecciones gubernamentales argumentando que reducen aún más la oferta de productos y servicios, que ya es limitada. Señalan que el Estado debería garantizar una oferta estable en lugar de cerrar negocios privados. Además, destacan la contradicción de sancionar a los vendedores privados por precios que el propio gobierno facilitó al eliminar controles de precios.
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¿Qué impacto tienen estas medidas en la economía cubana?
Estas medidas pueden tener un impacto negativo en la economía cubana, ya que afectan a una de las pocas fuentes de productos y servicios que aún existen en medio del desabastecimiento estatal. La sucesión de multas, decomisos y cierres podría limitar aún más la disponibilidad de alimentos y otros productos básicos para la población, exacerbando la crisis económica en el país.
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