El Kremlin ha desatado una nueva campaña de sabotajes contra instalaciones de defensa europeas que abastecen a Ucrania, operando bajo una estrategia de negación plausible diseñada para evitar cruzar el umbral que activaría el Artículo 5 de la OTAN, según fuentes de inteligencia occidental citadas por The Telegraph.
La táctica consiste en reclutar miembros de bandas criminales locales para ejecutar los ataques, mientras los oficiales del GRU —la agencia de inteligencia militar rusa— permanecen a salvo en territorio ruso. Los reclutas reciben instrucciones a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y cobran en criptomonedas, sin llegar a saber en muchos casos que trabajan para Moscú.
Normunds Mežviets, jefe del servicio de seguridad del Estado de Letonia, lo explicó con claridad en una entrevista con The Telegraph: «En nuestra experiencia, no vemos a oficiales del GRU viajando físicamente a nuestro país. No, se quedan en Rusia, donde están seguros. No asumen ningún riesgo para su propia seguridad operacional y física».
Solo en agosto se registraron tres incidentes graves. El 15 de agosto, un incendio deliberado destruyó un edificio de Milrem Robotics en Tallin, Estonia —empresa que suministra vehículos terrestres no tripulados a Ucrania y es uno de solo dos proveedores extranjeros de ese tipo de armamento a Kiev—. Letonia detuvo a tres de sus propios ciudadanos en relación con el ataque.
Cinco días antes, el 10 de agosto, una gran explosión arrasó instalaciones de EMCO, uno de los mayores fabricantes privados de munición de Bulgaria, que produce proyectiles de 155 mm para el ejército ucraniano. El incendio fue iniciado por un camión en llamas aparcado junto a un almacén, y las autoridades búlgaras declararon estado parcial de desastre en un radio de 500 metros.
El 13 de agosto le tocó el turno a la planta de KNDS Ammo Italy en Colleferro, en las afueras de Roma, donde una explosión sacudió la unidad de procesamiento de pólvora. Tanto Italia como Bulgaria minimizaron públicamente cualquier implicación rusa, una reacción que, según analistas, refleja exactamente la división que Moscú busca explotar dentro de la Alianza.
El patrón viene de antes. En marzo, un incendio casi destruyó la planta checa de LPP Holding en Pardubice, fabricante de drones y óptica térmica para Ucrania, con cuatro sospechosos detenidos.
Lituania, por su parte, procesó a seis personas —entre ellas ciudadanos cubanos acusados de sabotaje vinculado a Rusia— por intentar incendiar una fábrica que producía equipamiento de análisis de espectro de radio para Kiev, en una operación que la fiscalía atribuyó directamente al GRU.
Un funcionario de la OTAN advirtió que «en los últimos años, Rusia ha acelerado sus campañas de desestabilización contra los aliados mediante ciberataques, intentos de asesinato y actos de sabotaje».
La estrategia, según la inteligencia occidental, está calculada para quedar justo por debajo del umbral que activaría la cláusula de defensa mutua colectiva, mientras Moscú mide hasta dónde puede presionar sin desencadenar una respuesta de la Alianza.
Esta escalada se produce en un contexto de creciente tensión: a finales de julio, un misil ruso Kh-101 impactó en territorio polaco, en lo que fue descrito como la violación más grave del espacio de la OTAN desde el inicio de la invasión.
Días después, inteligencia estadounidense advirtió que Putin podría autorizar operaciones híbridas y medidas negables en territorio aliado para calibrar la respuesta occidental.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido que Putin prepara a Rusia para usar la fuerza contra la Alianza «en cinco años», y que cada ataque que queda impune le permite a Moscú afinar su lectura de los límites de la Alianza.
Lo que comenzó como una amenaza concentrada en el flanco oriental, concluye The Telegraph, «se está desplazando hacia el oeste y convirtiéndose en la nueva normalidad en el enfrentamiento entre la Alianza y Moscú».
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