El abogado Alain Espinosa, de la organización de derechos humanos Cubalex, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que desmonta la narrativa oficial del régimen cubano: la militarización progresiva de la vida civil en la isla no responde a ninguna amenaza exterior, sino que está dirigida contra el propio pueblo.
Espinosa compareció ante la CIDH el 4 de agosto, en el 196.º Período de Sesiones, bajo el tema «Cuba: Impactos de la militarización», y explicó posteriormente en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba el método que usó para sustentar esa conclusión.
«Nosotros tratamos de establecer una cronología de los hechos, sobre todo para ubicar a los comisionados en este caso sobre la correlación que tenía esta militarización con los posibles agentes externos que ellos siempre señalan en sus narrativas», declaró el abogado.
La cronología abarca 215 acciones verificables, documentadas entre febrero y el 24 de julio de 2026, y su hallazgo central es contundente: incluso en los meses en que las decisiones de la administración estadounidense no tenían incidencia directa sobre Cuba, la militarización y la represión seguían creciendo.
«Hemos visto a través de la cronología que hicimos por meses, cómo incluso en aquellos meses donde el relato o las acciones de la Administración norteamericana no tenían un impacto directo o no estaban directamente vinculadas al tema Cuba, esta militarización y la represión continuaban aumentando», afirmó Espinosa.
El régimen justifica el despliegue militar apelando a los «planes y medidas para el paso al Estado de Guerra» aprobados a inicios de año, presentándolos como respuesta a una supuesta amenaza de invasión estadounidense. Cubalex refuta ese argumento con datos.
«Básicamente lo que ellos le están vendiendo al mundo es que esta militarización se corresponde con toda una ofensiva supuestamente bélica o con una posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos a Cuba y que ellos tienen el derecho de defenderse», señaló el abogado, para luego concluir: «Demostramos que la militarización tiene una relación directa con las protestas, con el sentir del pueblo, con la forma en que el pueblo se manifiesta y no con una posible intervención».
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, había adelantado esa misma tesis en julio ante CiberCuba, al afirmar que la militarización está dirigida contra la propia población, no contra un enemigo externo.
El informe presentado ante la CIDH también detalla los mecanismos concretos de represión. SeHace referencia a que el Estado no apunta principalmente a líderes opositores conocidos, sino hacia personas anónimas que participan en protestas para intimidar al resto de la sociedad. «Es lo que nosotros llamamos efecto ejemplarizante, que es básicamente utilizar a determinadas personas que participan en una protesta como conejillo de indias», explicó Espinosa.
Otro mecanismo denunciado es la red de informantes civiles vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras estructuras afines al gobierno, que Espinosa describió como «el chivatón del barrio», dedicados a identificar ante la Seguridad del Estado a quienes encabezan las manifestaciones.
El informe también denuncia el uso de drones para vigilar protestas, una inversión que Espinosa contrastó con el incumplimiento del régimen en materia de derechos básicos.
«El gobierno cubano está demostrando que tiene una voluntad política de restringir derechos humanos [...] y sin embargo no utiliza esta financiación para hacer lo que le corresponde [...] garantizar los derechos de la ciudadanía, luz eléctrica, agua potable, alimentación correcta, atención médica adecuada».
El contexto cuantitativo respalda la gravedad de la denuncia. Cubalex registró 1,894 eventos violatorios de derechos humanos en el primer semestre de 2026, un alza del 48% frente al semestre anterior, con un promedio de más de 10 hechos diarios. En junio se alcanzó un récord de 253 manifestaciones y 319 eventos represivos, mientras que el informe de julio —denominado internamente «julio rojo»— documentó 37 homicidios y 168 hechos de violencia, el mayor nivel registrado desde el inicio del monitoreo.
Cubalex califica la situación como una «excepcionalidad de facto»: el Estado aplica medidas propias de un estado de excepción sin haberlo declarado formalmente, lo que la organización considera incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.