Un nuevo expediente sobre las brigadas médicas cubanas documenta testimonios, contratos, normas y datos económicos que, según sus autores, muestran patrones de trabajo forzoso, vigilancia, restricciones de movimiento, retención salarial, amenazas y castigos contra profesionales enviados al exterior.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron este martes Cuban Medical Brigades, una plataforma que reúne información histórica y actual sobre las misiones cubanas en 209 países y territorios y permite consultar acuerdos, contratos, pagos, regulaciones, testimonios y denuncias de posibles vulneraciones.
La conclusión central de las organizaciones es que los mecanismos jurídicos, económicos y disciplinarios impuestos a los profesionales configuran un sistema de trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud.
Para sustentarlo, señalan contratos opacos o inexistentes, confiscación de ingresos, vigilancia, restricciones sobre la vida privada, sanciones y separación familiar.
La plataforma contiene 209 Informes País y, con corte a junio de 2026, identifica 53 misiones activas, con un personal activo estimado de 25,724 profesionales.
También reúne registros de 9,646 personas clasificadas como «desertores».
Sus autores aclaran que la cifra de personal activo surge de sumar estimaciones nacionales disponibles y no constituye un censo oficial único.
La investigación se apoya además en 1,402 testimonios recopilados desde 2018: 1,185 protegidos y 217 públicos, correspondientes a experiencias en 60 países.
Todos los porcentajes estadísticos difundidos en el nuevo expediente se calcularon exclusivamente sobre los 1,185 testimonios protegidos.
Coacción y contratos opacos
Entre esos 1,185 testimonios, el 89,79 % afirmó haber sido forzado a participar en la misión o haber aceptado debido a circunstancias coercitivas.
Ante una pregunta específica sobre voluntariedad, el 77,72 % respondió que su participación no había sido voluntaria.
El 32,41 % declaró no haber recibido contrato alguno y otro 36,20 % aseguró que firmó un contrato pero nunca recibió una copia.
Además, el 69,62 % afirmó que desconocía su destino definitivo o que este cambió después de llegar, mientras el 75,36 % dijo haber tenido que asistir a un curso de preparación político-ideológica.
Vigilancia y control de la vida privada
La vigilancia aparece como otro de los elementos centrales. El 40 % reportó que su pasaporte fue retirado o retenido al llegar al país de destino y el 77,64 % aseguró haber sido vigilado por funcionarios cubanos o personas vinculadas con ellos.
El 81,18 % señaló restricciones para desplazarse dentro del país, el 75,27 % dijo que no podía pasar la noche fuera del alojamiento asignado sin autorización y el 68,69 % reportó la existencia de toque de queda.
El 85,32 % aseguró que debía asistir a reuniones políticas.
También se documentaron mecanismos de vigilancia entre compañeros. El 67,76 % afirmó haber sido alentado o instruido para vigilar a otros profesionales, el 77,97 % debía informar sospechas de que un compañero pretendía abandonar la misión y el 64,64 % dijo haber tenido que participar en actos de repudio contra quienes lo hacían.
La investigación vincula esas prácticas con la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, un reglamento disciplinario que obliga a los cooperantes a informar sobre sus relaciones de pareja, regresar a Cuba en la fecha y por el medio indicado por la entidad contratante y somete a autorización determinadas actividades públicas y declaraciones en medios o redes sociales.
Jornadas extensas y salarios reducidos
Los testimonios analizados reflejan una media de 5,75 días laborales por semana y 9,91 horas por jornada. Al sumar guardias y servicios extraordinarios, Prisoners Defenders calcula una carga total media de 71,89 horas semanales.
El 60,84 % aseguró haber sido obligado a aumentar artificialmente estadísticas de atención o actividad, una práctica reportada en 42 de los 60 países representados en los testimonios.
Otro 65,32 % afirmó haber realizado tareas de agenda política entre la población del país receptor y el 63,97 % dijo haber tenido que aportar parte de su salario a organizaciones oficiales cubanas.
El ingreso líquido medio declarado por los profesionales durante las misiones fue de 462,29 dólares mensuales.
El análisis económico de los 1,185 testimonios calcula que, como promedio, el trabajador recibió alrededor del 15 % de la cantidad comprometida por el país receptor, mientras el Estado cubano y sus intermediarios retuvieron o exigieron devolver mediante otros mecanismos cerca del 85 %. Los autores advierten que esos porcentajes varían según el país, el contrato y el periodo.
En Calabria, Italia, por ejemplo, la estructura salarial documentada para un acuerdo de 2022 establecía 4,700 euros mensuales por profesional: 3,500 para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1,200 pagados directamente al trabajador, equivalentes al 74,5 % y 25,5 %, respectivamente.
Amenazas, violencia y acoso
Las preguntas sobre amenazas y violencia incluyeron tanto hechos sufridos directamente por los declarantes como situaciones que dijeron haber presenciado en otros compañeros.
Bajo ese criterio, el 75,78 % reportó amenazas, el 21,86 % violencia física atribuida a funcionarios o producida con su aquiescencia y el 43,12 % acoso sexual.
Abandonar la misión y quedar separado de Cuba
El informe dedica otro apartado a la conocida como «Ley de los ocho años», aunque precisa que esa expresión no corresponde al nombre oficial de una norma única.
Según la investigación, el mecanismo combina disposiciones penales, restricciones migratorias y prácticas administrativas aplicadas a quienes abandonan una misión o se niegan a regresar.
El artículo 176 del Código Penal prevé penas de entre tres y ocho años de cárcel para determinados funcionarios públicos que abandonen una misión o se nieguen a regresar, mientras para empleados públicos contempla sanciones de entre dos y cinco años.
La investigación señala además que, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Migración el 1 de noviembre de 2026, continúa vigente la Ley 1312.
El 91,14 % de los testimonios protegidos afirmó haber sido advertido de que abandonar la misión implicaría no poder regresar a Cuba durante ocho años.
El 49,79 % dijo no poder abandonar por temor a represalias contra sí mismo o contra su familia.
El 40,51 % aseguró haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores, y 53 personas declararon que se les impidió entrar en Cuba para verlos.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había expresado preocupación en 2022 por separaciones familiares de hasta ocho años.
De las clínicas privadas a zonas de conflicto
La actualización identifica siete tendencias internacionales. Una de ellas es la expansión de las misiones hacia clínicas privadas y proveedores comerciales, con casos documentados en países como Mongolia, Liberia, Argelia y Vietnam, además de un proyecto anunciado en Botsuana y denuncias sobre el uso de personal cubano en clínicas privadas de Angola.
También recoge casos en Ghana y Malí donde la llegada de profesionales cubanos coincidió con huelgas de médicos locales, así como episodios de impagos o retrasos en Lesoto, Argelia, Angola, Ghana, República del Congo, Paraguay e Islas Salomón.
La investigación documenta además tareas políticas obligatorias, control ideológico y promoción del discurso gubernamental, junto con la utilización de las misiones para promover servicios, turismo sanitario, medicamentos y nuevos negocios.
Las diferencias salariales cambian considerablemente según el destino. El expediente señala, entre otros ejemplos, porcentajes cercanos al 6 % de lo pagado por el trabajo en determinados casos de México, entre el 8 % y el 16 % en Bahamas y alrededor del 10 % en Catar.
Otra tendencia es la exposición de profesionales a contextos de alto riesgo, con documentación relacionada con el conflicto de Nagorno Karabaj, secuestros en Haití, el secuestro de dos médicos en Kenia y su traslado a Somalia, así como incidentes en Namibia, México y San Vicente y las Granadinas.
Un expediente examinado por organismos internacionales
Prisoners Defenders subraya que los distintos pronunciamientos internacionales no tienen la misma naturaleza jurídica y que sería incorrecto describirlos a todos como «sentencias» o «condenas de Naciones Unidas».
El expediente cita comunicaciones de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas sobre las condiciones de las misiones médicas cubanas, cuestionamientos del Comité de los Derechos del Niño por la separación familiar, pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, un informe de la CIDH y REDESCA sobre las misiones médicas y resoluciones del Parlamento Europeo.
La CIDH señaló en 2026 que determinadas situaciones, evaluadas individualmente, podrían configurar trabajo forzoso y, en algunos casos, trata. El organismo documentó además prácticas relacionadas con contratos, retención de documentos, salarios, vigilancia y restricciones a la libertad de movimiento.
La plataforma enumera cinco resoluciones del Parlamento Europeo entre 2021 y 2026. Entre esos antecedentes, la Eurocámara condenó en 2021 violaciones de derechos humanos y laborales contra el personal sanitario cubano enviado al exterior, mientras que en 2025 aprobó una enmienda que calificó las brigadas de «esclavitud moderna» y «trabajo forzado».
Según el nuevo informe, cuatro de las cinco resoluciones citadas condenaron de forma directa o inequívoca vulneraciones laborales o trabajo forzoso en las brigadas, mientras la resolución de 2023 incorporó referencias a denuncias de trata mediante normas coercitivas.
Los autores aseguran que cada Informe País se elabora mediante la revisión de fuentes oficiales cubanas y extranjeras, acuerdos, presupuestos, contratos, normativa, documentación de organismos internacionales, investigaciones académicas y testimonios.
También afirman que conservan las discrepancias entre fuentes en lugar de escoger una cifra cuando existen datos contradictorios.
El gobierno cubano rechaza las acusaciones de esclavitud moderna y trata de personas. Miguel Díaz-Canel ha negado que exista explotación y sostiene que los profesionales participan voluntariamente, mientras las autoridades presentan las misiones como un programa solidario y «el rostro más noble de la Revolución».
Prisoners Defenders cuestiona esa versión y sostiene que la estructura económica y disciplinaria documentada contradice esa interpretación.
Además, ambas organizaciones que conforman el expediente reclaman eliminar las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares vinculadas al abandono de una misión, publicar íntegramente los contratos y acuerdos, garantizar la contratación libre y el pago directo, permitir que los profesionales conserven sus pasaportes y regresen a Cuba sin represalias, además de crear mecanismos independientes de denuncia y auditorías en los países receptores.
Estas demandas coinciden en varios puntos con las recomendaciones formuladas por la CIDH sobre voluntariedad, pago directo, libertad de movimiento e inspección independiente.
Las brigadas médicas cubanas bajo creciente presión internacional
La controversia alrededor de las misiones se ha intensificado durante el último año. En agosto de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visado contra funcionarios cubanos y de terceros países relacionados con la contratación de profesionales sanitarios de la isla.
Washington calificó entonces el programa como un esquema de trabajo forzoso y advirtió a gobiernos extranjeros sobre su participación.
La presión continuó en febrero de 2026, cuando Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las misiones médicas como fuente de ingresos del gobierno cubano.
Para ese momento, Bahamas había suspendido la contratación de médicos cubanos, Guyana había puesto fin al sistema y Guatemala había anunciado un cierre progresivo de su acuerdo durante 2026.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países americanos retirarse del Programa de Misiones Médicas Cubanas.
Su informe examinó prácticas relacionadas con retención de salarios y documentos, vigilancia, restricciones y represalias, y pidió garantizar voluntariedad, pago directo, libertad de movimiento y mecanismos independientes de inspección.
La Habana respondió defendiendo públicamente el programa.
En mayo, durante el aniversario 63 de la cooperación médica internacional, la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón, definió las misiones como «el rostro más noble de la Revolución».
Funcionarios cubanos insistieron en su carácter solidario y voluntario y rechazaron las acusaciones internacionales.
El enfrentamiento escaló nuevamente en julio. El gobierno de Donald Trump sancionó al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, a Gretza Sánchez Padrón, a la UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.
Washington acusó a esas estructuras de participar en un programa que considera trabajo forzoso y trata de personas.
Ese mismo día, Rubio amplió la presión contra el gobierno cubano con sanciones dirigidas a nueve entidades y dos altos funcionarios, que alcanzaron, además de las misiones médicas, estructuras vinculadas a GAESA y al sector energético.
Pocos días después, la médica cubana Raícesa Mora denunció públicamente el funcionamiento de las misiones y aseguró que los profesionales reciben una fracción de lo pagado por los países receptores, son vigilados y pueden sufrir restricciones sobre sus pasaportes y su regreso a Cuba si abandonan el programa.
Su testimonio se sumó a las denuncias que ahora recoge de forma sistematizada el nuevo expediente internacional.
Preguntas frecuentes sobre las brigadas médicas cubanas y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Qué revelan los informes sobre las condiciones laborales de las brigadas médicas cubanas?
Los informes documentan trabajo forzoso, vigilancia, abusos y retención salarial en las brigadas médicas cubanas. Los testimonios recabados indican patrones de coacción, contratos opacos, restricciones de movimiento y separación familiar, configurando un sistema que algunos expertos califican como esclavitud moderna.
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¿Cómo afecta el programa de misiones médicas cubanas a los profesionales que desertan?
Los médicos que desertan enfrentan prohibiciones de regresar a Cuba por hasta ocho años, separación forzada de sus familias y represalias económicas y legales. Estas sanciones disuaden a los profesionales de abandonar las misiones, a pesar de las condiciones adversas documentadas.
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¿Qué papel juegan las misiones médicas en la economía cubana?
Las misiones médicas son una de las principales fuentes de ingresos para el régimen cubano, generando miles de millones de dólares anuales. El Estado retiene entre el 60% y el 97.5% del salario pagado por los países receptores, mientras que los profesionales reciben solo una pequeña fracción.
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¿Qué impacto tienen las misiones médicas cubanas en las familias de los profesionales?
Las misiones médicas generan tensiones y fracturas en las relaciones familiares, afectaciones emocionales en hijos y parejas, y un impacto negativo en la salud mental de los médicos debido a la separación prolongada y las condiciones de trabajo coercitivas. Estos efectos son documentados por diversas investigaciones y testimonios.
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¿Qué medidas recomiendan los organismos internacionales respecto a las brigadas médicas cubanas?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han recomendado a los países retirarse del Programa de Misiones Médicas Cubanas debido a las violaciones de derechos humanos documentadas, incluyendo el trabajo forzoso y la trata de personas. Además, se pide garantizar la voluntariedad, el pago directo y la libertad de movimiento para los profesionales médicos.
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