Santiago de Cuba entre las provincias con mayor incidencia en robos de aceite de transformadores

Santiago de Cuba figura entre las cinco provincias del país con mayor incidencia en el robo de aceite dieléctrico de transformadores, una práctica que ha dejado comunidades sin electricidad durante largos períodos y que las autoridades cubanas están procesando como delito de sabotaje.

La información fue divulgada este lunes por la Fiscalía General de la República y reproducida por un perfil institucional del Gobierno en Santiago de Cuba.

Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque y Artemisa completan el grupo de territorios con mayor incidencia, pero en Santiago ya se han registrado procesos judiciales vinculados a este tipo de hechos.

Este mismo mes, por ejemplo, se informó que un hombre fue condenado a 12 años de cárcel por sustraer 120 litros de aceite dieléctrico en Contramaestre.

El robo dejó sin servicio eléctrico durante 48 horas a más de 2,000 personas de Bungo La Venta y zonas cercanas.

A pesar de la gravedad del asunto, la divulgación de los nuevos datos generó reacciones diversas entre residentes de Santiago de Cuba.

Algunos reclamaron sanciones todavía más severas para quienes dañen la infraestructura eléctrica, con comentarios que pedían desde penas de 20 o 30 años hasta cadena perpetua.

Otros usuarios, sin embargo, centraron sus críticas en la vigilancia y en la respuesta de las propias autoridades.

Una persona aseguró que cuando los vecinos denuncian robos de aceite o de elementos del alumbrado público a la Policía o a la Empresa Eléctrica, en ocasiones no reciben respuesta.

«Por gusto tú llamas y no te hacen ni caso», lamentó.

Otro residente reclamó más recorridos nocturnos de la Policía y pidió que el combustible asignado sea empleado en reforzar la vigilancia de las instalaciones.

También aparecieron testimonios sobre las consecuencias de la crisis eléctrica en la ciudad. Un usuario describió la situación de edificios altos de la zona de Garzón, donde aseguró que los apagones dejan a los residentes sin agua, elevadores y teléfonos fijos, mientras algunas familias han recurrido a cocinar con leña.

Según ese comentario, la falta de elevadores resulta especialmente grave para enfermos y personas que viven en pisos superiores.

El usuario aseguró que las quejas dirigidas al Partido Comunista y al Gobierno no han solucionado el problema.

Otra persona afirmó: «En mi barrio el apagón es de 24 y 26 horas».

También hubo quienes, aun respaldando las condenas contra los responsables de los robos, cuestionaron la situación energética general.

Una usuaria escribió que los culpables deberían recibir cadena perpetua, pero agregó: «De todas formas siempre estamos apagados y ¿a quién condenamos por esta apocalipsis?».

Las reacciones reflejan así dos preocupaciones paralelas: por un lado, el rechazo al robo y destrucción de una infraestructura eléctrica ya severamente deteriorada; por otro, la inacción del régimen y el malestar de una población que continúa enfrentando extensos apagones, problemas con el agua y otras afectaciones.

Más de 300 denuncias por robo de aceite de transformadores en Cuba

Según las cifras divulgadas por la Fiscalía, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron en Cuba más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De ellas, más de 300 denuncias corresponden específicamente a la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores.

Las investigaciones incluyen además el corte y robo de cables, alambres y tornillos de las redes eléctricas, la sustracción de angulares de torres de alta tensión y afectaciones a parques solares fotovoltaicos.

La Fiscalía advirtió que las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la pérdida inmediata del servicio eléctrico.

Los daños han afectado durante períodos prolongados a miles de familias y pueden provocar interrupciones en el bombeo de agua, las comunicaciones, la producción agropecuaria y otros servicios esenciales.

En algunos casos, agregó el organismo, los transformadores quedan tan dañados que resulta imposible recuperarlos.

Las autoridades han determinado además que parte del aceite sustraído termina comercializándose en el mercado informal para utilizarlo como combustible.

La Fiscalía reconoció otro riesgo asociado a estos robos: algunos de sus autores han muerto mientras intentaban sustraer componentes de instalaciones cuyas líneas permanecían energizadas.

La institución advirtió además sobre las severas consecuencias penales para quienes sean procesados por este tipo de hechos.

Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular considera sabotaje la sustracción, daño o alteración de componentes destinados al sistema electroenergético y otras infraestructuras críticas.

Los artículos 125 y 126 del Código Penal contemplan para ese delito sanciones que pueden ir de siete a 30 años de prisión y, en los supuestos más graves, privación perpetua de libertad o pena de muerte.

En la práctica, la Fiscalía señaló que el 87% de los imputados presentados por estos hechos recibió prisión provisional.

Además, todas las personas juzgadas durante 2026 por ilícitos relacionados con el SEN fueron sancionadas por sabotaje, con condenas mayoritariamente de entre nueve y 20 años de privación de libertad.

La Fiscalía aseguró que continuará incrementando las medidas preventivas, la vigilancia y el procesamiento penal de estos delitos y reiteró que «no habrá impunidad» para quienes afecten el Sistema Eléctrico Nacional.