La Fiscalía General de la República de Cuba emitió este lunes una declaración pública en la que advierte que quienes roben aceite dieléctrico de transformadores u otros componentes del sistema eléctrico serán juzgados por el delito de sabotaje, una figura penal que contempla desde siete años de cárcel hasta la pena de muerte, según el Código Penal vigente.
El comunicado, difundido a través de la página de Facebook «Minint Hoy» y reproducido por el diario oficialista Granma, revela que entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El ilícito más frecuente es la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, que acumula más de 300 denuncias en todas las provincias del país.
Las provincias con mayor incidencia son Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
El aceite, esencial para refrigerar y aislar los transformadores, se revende en el mercado informal como sustituto de combustible para tractores y maquinaria agrícola, en un contexto de escasez extrema de carburantes que el propio régimen reconoce sin fecha de solución.
El elemento jurídico más grave del comunicado es la calificación legal aplicada. Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular instruyó mediante el Dictamen 475/2025 a los tribunales del país para que traten estos robos no como hurto, sino como sabotaje.
Los artículos 125 y 126 del Código Penal cubano fijan para ese delito penas de entre siete y 30 años de privación de libertad, reclusión perpetua o muerte en los casos más graves.
La Fiscalía señala que ha impuesto prisión provisional al 87% de los imputados presentados, y que todas las personas juzgadas en lo que va de 2026 por hechos vinculados al SEN han sido condenadas por sabotaje, «con penas mayoritariamente entre 9 y 20 años de privación de libertad».
Los casos concretos ilustran la severidad de las condenas. En agosto, un cubano fue sentenciado a 12 años de prisión por robar 120 litros de aceite dieléctrico. En mayo, un juicio en Artemisa por la sustracción de apenas 70 litros resultó en una condena propuesta de igual duración. En julio, otro autor de sabotaje eléctrico recibió también 12 años.
Además de la cárcel, el régimen advierte que vehículos y maquinaria agrícola utilizados en los robos pueden ser decomisados o confiscados.
El comunicado también reconoce que algunos autores de estos robos han muerto electrocutados durante los intentos de sustracción en líneas energizadas, un detalle que la Fiscalía presenta como advertencia implícita.
El trasfondo de esta escalada represiva es la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas. El déficit de generación superó los 2,400 MW en agosto, con apagones de más de 20 horas diarias en varias provincias.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en julio que la recuperación del sistema es «un camino largo» y que el país carece de combustible suficiente para estabilizarlo.
En Holguín, las autoridades alertaron sobre una «epidemia» de robos de aceite de transformadores; un solo robo en esa provincia dejó a 20,000 personas sin electricidad. En Ciego de Ávila, investigaciones previas documentaron daños en 139 transformadores y la sustracción de más de 18,000 litros del fluido.
La Fiscalía cerró su declaración con una advertencia directa: «No habrá impunidad para quienes, en estas complejas circunstancias, afecten el bienestar de nuestro pueblo».
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