Cuba Study Group, organización no partidista con sede en Washington D.C. integrada principalmente por líderes cubanoamericanos, publicó una declaración de política en la que urge tanto a la administración Trump como al gobierno cubano a desmantelar las barreras que impiden que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan en la isla.
El documento, dado a conocer a finales de agosto, califica la emergencia humanitaria cubana como «una etapa alarmante», marcada por apagones crónicos, escasez de combustible, de alimentos y de medicinas. La crítica situación agobia a las familias y paraliza la labor de iglesias, organizaciones humanitarias y empresas privadas.
«La asistencia humanitaria nunca debe ser usada como moneda de cambio», advierte el grupo en su declaración. «Instamos a ambos gobiernos a actuar de inmediato para que las sanciones y los obstáculos burocráticos dejen de impedir el socorro urgente que necesita el pueblo cubano».
Entre las medidas que el grupo solicita a Washington, destaca la creación de una excepción humanitaria que permita a importadores privados vender combustible ligero a hospitales y centros médicos estatales cubanos para la generación de electricidad.
El argumento central es que el sistema de salud cubano es estatal, por lo que excluir a sus instituciones de las autorizaciones vigentes impide en la práctica que la ayuda llegue a los centros donde la mayoría de los cubanos recibe atención médica.
«La energía es esencial para prácticamente toda actividad humanitaria en la isla. Los hospitales necesitan electricidad; el agua debe bombearse; los medicamentos y los alimentos requieren refrigeración», señala el documento.
El grupo también pide eximir de sanciones y medidas económicas secundarias las donaciones de combustible provenientes de terceros países, siempre con salvaguardas contra la desviación.
Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, propuso un mecanismo concreto para evitar abusos. «Si la preocupación es que el gobierno cubano tome los cargamentos de combustible y, en lugar de distribuirlos a quienes los necesitan, los revenda para obtener divisas, Estados Unidos podría permitir los envíos y luego imponer sanciones secundarias a los compradores de cualquier combustible revendido».
En materia médica, el grupo solicita reemplazar los requisitos de licencia específica del Departamento de Comercio para donaciones de medicamentos y equipos por una licencia general amplia que cubra también pagos, logística, instalación y mantenimiento.
Asimismo, reclama al Departamento del Tesoro que emita orientación clara y protecciones de «puerto seguro» para que los bancos estadounidenses puedan operar con empresarios cubanos autorizados, iglesias y grupos de ayuda, con el objetivo de establecer «un canal transfronterizo formal y funcional» para el comercio autorizado.
Hacia La Habana, el grupo exige que el régimen permita a iglesias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas recibir y administrar fondos humanitarios en dólares sin conversión forzosa a pesos, y que autorice la importación y distribución de combustible humanitario sin obligar a canalizarlo a través de CUPET, la empresa estatal petrolera sancionada por Washington en junio.
El documento reconoce que el gobierno cubano carga con «gran responsabilidad» por los fracasos estructurales que dejaron al país tan vulnerable, pero también señala que Estados Unidos tiene responsabilidad por lo que describe como un «bloqueo de facto de combustible» que agrava el sufrimiento de los cubanos sin haber producido cambios políticos.
El grupo califica el paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria comprometido por la administración Trump —distribuido a través de la Iglesia Católica y ONG de confianza, con el primer cargamento salido de Miami el 21 de julio— como «lamentablemente insuficiente en relación con la escala de las necesidades de la isla».
La declaración cobra especial relevancia tras las señales del secretario de Estado Marco Rubio de que tanto la escalada militar como un gran acuerdo negociado con Cuba están descartados por el momento, lo que convierte a la política humanitaria en uno de los pocos instrumentos activos disponibles para ambos gobiernos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis humanitaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la posición del Cuba Study Group sobre la ayuda humanitaria a Cuba?
El Cuba Study Group insta a ambos gobiernos, de Estados Unidos y Cuba, a eliminar las restricciones que impiden que la ayuda humanitaria llegue a la isla. La organización enfatiza que la asistencia humanitaria no debe ser utilizada como moneda de cambio y solicita medidas específicas como la creación de una excepción humanitaria para permitir la venta de combustible a hospitales cubanos.
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¿Qué medidas propone el Cuba Study Group para mejorar la situación en los hospitales cubanos?
El grupo solicita permitir la venta de combustible ligero a hospitales y centros médicos estatales cubanos para garantizar el suministro eléctrico necesario para la atención médica. Además, proponen eximir de sanciones las donaciones de combustible provenientes de terceros países y reemplazar los requisitos de licencia específica para donaciones de medicamentos por una licencia general amplia.
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¿Cómo afecta la situación energética a las operaciones humanitarias en Cuba?
La escasez de combustible está limitando severamente las operaciones humanitarias en la isla, afectando el transporte, la cadena de suministro de alimentos y el acceso a agua potable. La ONU ha advertido sobre el deterioro de la situación humanitaria, especialmente en el sistema sanitario, donde los hospitales enfrentan cortes de electricidad y falta de medicamentos esenciales.
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¿Qué acciones ha tomado la ONU para abordar la crisis de combustible en Cuba?
La ONU está gestionando con Estados Unidos para permitir el acceso a combustible con fines humanitarios en Cuba, a fin de asegurar que las operaciones humanitarias puedan continuar sin obstáculos. Estas gestiones buscan establecer mecanismos de control que garanticen que el combustible se utilice exclusivamente para apoyar a poblaciones vulnerables y mantener servicios esenciales.
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¿Cómo ha influido la política de Estados Unidos en la crisis energética de Cuba?
La política de presión máxima de Estados Unidos ha contribuido al agravamiento de la crisis energética en Cuba, al imponer sanciones que limitan el suministro de petróleo y combustible al gobierno cubano. A pesar de las sanciones, Estados Unidos ha autorizado ventas de combustible al sector privado cubano, pero la escasez sigue afectando gravemente a la población y las operaciones humanitarias.
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